- El 54% de las personas que integran las carreras judicial y fiscal son mujeres; solo 2 de las 17 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia son mujeres; solo el 27% de los puestos correspondientes a las altas instancias judiciales son mujeres.
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| La foto de la vergüenza: Imagen de la apertura del año judicial 2019-2020 |
Por falta de interés e incumplimiento de la legalidad de las administraciones competentes (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas) solo dos de los 13 ámbitos de negociación colectiva del personal de la Administración de Justicia (Euskadi y País Valencià) tienen Planes de Igualdad. Solo dos de estos ámbitos han realizado una evaluación del impacto de género en las retribuciones del personal; en el País Valencià el 71% del personal son mujeres que solo perciben el 66% de la masa salarial; en el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía las mujeres, en conjunto, cobran de media un 4,8% menos que los hombres. Hay evidencias de que esta situación de discriminación se repite en el resto de territorios del Estado.
En conclusión, el personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios de la Administración de Justicia es un colectivo con alto grado de feminización que, como toda la sociedad española en su conjunto, está afectado por la lacra de la discriminación por razón de sexo.
En la judicatura, fiscalía y medicina forense el “techo de cristal” que impide a las mujeres acceder a los puestos de mayor responsabilidad (que son también los mejor retribuidos) está motivado porque estos cargos se otorgan por el mecanismo de libre designación en lugar de aplicarse un criterio objetivo de valoración de méritos en el que, sin duda, las mujeres igualarían, al menos, a los hombres.
Entre el resto del personal no judicial las mujeres que trabajan en los juzgados están afectadas por la denominada “discriminación indirecta” que refleja en este ámbito la realidad discriminatoria de la sociedad en general. De esta forma, las mujeres que sufren con mayor virulencia las dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar (al asumir más responsabilidades en el cuidado de hijos y familiares de edad avanzada o con enfermedades o directamente por embarazo o parto) se ven obligadas a solicitar permisos no retribuidos para esos cuidados y se ven impedidas a optar a los puestos mejor retribuidos donde se realizan servicios de guardia fuera de la jornada laboral ordinaria.
El 8M es también el día de las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, discriminadas como el resto por el simple hecho de ser mujeres. Exigir, como hacemos desde el Sector de Justicia de la FSC-CCOO, la negociación de Planes de Igualdad que evalúen esta situación e implementen las medidas correctoras necesarias no es ningún capricho y los gobiernos central y autonómicos no pueden seguir mirando para otro lado, incumpliendo sus obligaciones legales o, lo que es lo mismo, permitiendo, cuando no propiciando, esta situación gravemente injusta.
El movimiento, la corriente, la ideología feminista es algo más que una bandera, que un símbolo, que un cántico o un aleluya, es una forma de sentir, es un modo de vida.
