Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:
1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de
Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a
la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha
a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio
programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del
Ministerio:
A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las
previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10
Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12,
Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto
36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.
B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ,
cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de
Justicia del Gobierno de los Jueces.
C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del
año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por
desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de
Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el
4%.
D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al
Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se
retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE
de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre
900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con
la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente
sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que
ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones
que, por falta de medios, sufrimos hace años.
E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a
la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de
tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan
acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde
la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha
producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año
pasado.
2.- El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las
reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y
reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad
en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se
ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal
politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el
incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la
elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.
3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer
sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las
guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General
del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que,
como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración
carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo
inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que,
por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en
casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.
4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su
concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del
Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y
especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto
coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos
espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros
gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de
su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales
del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a
sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos.
Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima
investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás,
aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la
posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado
cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso.. El objetivo
que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se
aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.
5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las
ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la
protección de los afectados.
6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que
se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo
contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.
7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de
la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de
improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera
recurrente fiscalías y juzgados.
8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando
negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas
que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones,
paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para
gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente
del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener
otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y
fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de
profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes
reivindicaciones:
1. Incremento de la inversión pública en Justicia para que los
jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales
suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las
elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder
prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus
derechos fundamentales.
2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del
Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a
garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada
reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de
Justicia.
3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial
efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la
designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la
planta judicial y fiscal.
4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a
fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el
deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la
discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir
explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.
No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en
interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento
del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo
para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los
distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a
que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y
justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder
político abandone toda tentativa de recortar las competencias del
Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia
empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la
Administración de Justicia de los medios personales y materiales
imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar
aún más los escasos medios con que contamos.
Madrid, 5 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
