Publicada la modificación de la Ley de Justicia Gratuita

En el BOE de 22 de junio se ha publicado la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

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Publicada la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil que contiene la supresión de la postulación para funcionarios públicos

En el BOE de hoy se han publicado dos reformas de la L.E. Criminal y una reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil. Esta última introduce la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa restableciendo la redacción del artículo 23 de esta Ley para que las y los funcionarios públicos puedan comparecer por sí mismos ante los tribunales en defensa de sus derechos estatutarios.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

• Esta reforma introduce, entre otras, la sustitución del vocablo imputado por investigado o encausado.
• Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, con excepción de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único que lo harán el 1 de noviembre de 2015.

Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

• Esta reforma introduce, entre otras, la regulación de un procedimiento monitorio penal.
• La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE.

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Esta modificación de la LEC establece una fecha concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia

• En materia de representación se incluyen nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica, así como para acreditarla en el ámbito exclusivo de la Administración de Justicia, mediante su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta que se creará al efecto y que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

• Se añaden al artículo 23 los apartados 4, 5 y 6, que atribuyen expresamente a los procuradores la realización de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales, con la siguiente redacción:

 "4.-Para la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales.

5. Para la realización de los actos de comunicación, ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias. En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado, y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuarán de forma personal e indelegable y su actuación será impugnable ante el secretario judicial conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión.

6. Para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores, los Colegios de Procuradores organizarán los servicios necesarios."

• En la Disposición Adicional Primera establece la obligatoriedad de los medios telemáticos a partir del 1 de enero de 2016.

• Disposición transitoria tercera. Nuevas funciones atribuidas a los procuradores. Los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y colaboración de los procesos que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de esta Ley continuarán realizándose por la oficina judicial salvo que la parte expresamente solicite que sean realizados por su procurador.

• Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que queda redactado del siguiente modo:

«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.»

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. 

Las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

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El consejo de ministros aprueba una distribución de presupuesto entre CCAA con competencias transferidas

Os adjuntamos de forma literal lo recogido en la web del Gobierno sobre el acuerdo del consejo de ministros de 22 de mayo de 2015 por el que aprueba una distribución de presupuesto entre CCAA con competencias transferidas

"DISTRIBUCIÓN DE SEIS MILLONES PARA LA REFORMA DE LA JUSTICIA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS TRANSFERIDAS

• Se destinarán a la mejora de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, al impulso de las tecnologías de la información y la comunicación y al mantenimiento de la organización judicial en estas comunidades

El Consejo de Ministros, ha aprobado un acuerdo por el que se formaliza la distribución de un crédito de seis millones de euros destinado a colaborar en la reforma de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.

Según se acordó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 8 de abril, las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, al impulso de sus herramientas e infraestructuras tecnológicas y a la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de su organización judicial que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.

La concesión de este crédito, incluido en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, viene determinada por un conjunto de circunstancias. En relación con la justicia gratuita, la aprobación el 22 de febrero del Real Decreto Ley de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que permitió elevar los umbrales de acceso al servicio, supuso un incremento de costes en los gastos de asistencia jurídica en estas Comunidades Autónomas. Por otra parte, el necesario impulso de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia en la Administración de Justicia y el mantenimiento y ampliación de órganos judiciales conllevan unos gastos que precisan financiación.

Distribución

La distribución del crédito por Comunidades Autónomas es la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Propuesta ponderada50% nº expedientes AJG + 50% población / litigiosidad / planta
ANDALUCÍA	1.466.899	24,4%
ARAGÓN	153.607	2,6%
ASTURIAS	147.808	2,5%
CANARIAS	347.594	5,8%
CANTABRIA	83.949	1,4%
CATALUÑA	1.186.744	19,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	859.879	14,3%
GALICIA	346.836	5,8%
LA RIOJA	39.867	0,7%
COMUNIDAD DE MADRID	1.024.769	17,1%
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	83.534	1,4%
PAÍS VASCO	258.513	4,3%
TOTAL	6.000.000	100%

Los criterios de reparto adoptados para la distribución del crédito han sido los siguientes:

• Números de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada Comunidad Autónoma (año 2013)
• Población de derecho (nº de personas empadronadas a 1 de enero de 2014); litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en 2013) y planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2015)
• Modulación (promedio de ambos valores en un 50 por 100)"

También, el Gobierno ha aprobado en dicha reunión el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que remite a las Cortes para su tramitación

Asimismo, os adjuntamos enlace a la web del Gobierno con el contenido completo del consejo de ministros de ayer.

Referencia literal del consejo de ministros del 22 de mayo de 2015

Adjuntamos enlace al BOE del sábado 23 de mayo en donde se publicó la Orden JUS/937/2015, de 22 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante entre las comunidades autónomas, con traspasos de medios materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, del crédito de 6.000.000 € incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, dentro del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, que fueron acordados por el Pleno de la Conferencia Sectorial.

Orden publica acuerdo consejo de ministros 22 de mayo crédito CC.AA. programa reformas Admin. Justicia

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Sobre la Mesa Sectorial de negociación con el Ministro de Justicia

Como continuación de nuestra entrada de ayer, sobre la mesa sectorial de negociación, os resumimos algunas cuestiones tratadas:

En la reunión, como cuestiones claramente positivas:

EL MINISTRO DE JUSTICIA REAFIRMA SU COMPROMISO DE NO LLEVAR ADELANTE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL ACTUALMENTE EXISTENTE, Y GARANTIZA TODOS LOS PARTIDOS  JUDICIALES, TODOS LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y TODOS LOS JUZGADOS DE PAZ Y SUS AGRUPACIONES

Y a diferencia de su antecesor, Gallardón, y del equipo de éste en la negociación producida en julio, Catalá se compromete, tal y como ha exigido CCOO, a que la negociación de todas las cuestiones que afectan a los derechos del personal de la Administración de Justicia, esté abierta hasta el último día en que las modificaciones legislativas se vayan a aprobar en las Cortes Generales

Como cuestiones claramente negativas:

1.- Nada contesta el ministro de Justicia a la demanda de CCOO de garantizar la reserva de los actos de comunicación y ejecución de forma exclusiva al personal de la Administración de Justicia, y de eliminar la entrega a los notarios y registradores de tareas judiciales como prevé la reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria. En definitiva, nada responde el ministro de que va a retirar las privatizaciones.

2.- El ministro mantiene el proyecto de Gallardón de privatizar el Registro Civil y ni siquiera asegura todos los puestos de trabajo de toda España, afectados por esa privatización.

3.- Respecto a la OFERTA DE EMPLEO 2015, Catalá no ha contestado a nuestra reclamación de que se convoquen en la OEP todas las plazas vacantes (más de 10.000 en toda España) y en todos los cuerpos sin excepción. Las contestaciones de la secretaria de Estado de que “esto debe ser un proceso lento y gradual” no nos ha convencido en absoluto, porque, ante nuestra demanda de que se comprometa al menos de que en dos o tres años se garantizara lo exigido por CCOO, solo hemos obtenido una respuesta vaga y sin compromiso alguno.

Ni siquiera Catalá ha contestado a nuestra demanda sobre las plazas que se convocarán en 2015 y si el Ministerio será capaz de vencer la resistencia de Hacienda y superar ese insuficiente, ridículo y exiguo 50% de la tasa de reposición.

4.- Sobre la RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS DESDE 2010.- La respuesta ha sido inaceptable. No habrá recuperación de estos derechos hasta que el Gobierno lo apruebe para todos los empleados y empleadas públicos, o sea, nunca. 

CCOO ha vuelto a exigir reuniones específicas, para establecer un calendario de devolución de todos los derechos hurtados (recuperación del salario de 2010, abono de 100% de la paga de 2012 –ese 24% que el Gobierno ha llevado al proyecto de LGPE es una tomadura de pelo-, el abono del 100% del salario en los casos de Incapacidad Temporal, la recuperación de todos los días de asuntos particulares, días de vacaciones por antigüedad…).  

Y varias más negativas: no suprimirá las tasas judiciales y costas, pues no adquiere compromiso alguno, salvo alguna modificación sin cuantificar. Sobre la NOJ, seguirán con la implantación en Palma, Murcia y Ponferrada, a pesar de los numerosos problemas existentes en muchas localidades y nuestra exigencia de que paralice la implantación y proceda a discutir los errores, no hay ningún compromiso de negociar los derechos del personal laboral......

CONCLUSIÓN PARA CCOO: HEMOS LOGRADO LA RETIRADA DEL PROYECTO DE GALLARDÓN DE REFORMA INTEGRAL DE LA LOPJ, PERO NOS QUEDA MUCHO TERRENO QUE PELEAR: CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, POR LA RESTITUCIÓN DE NUESTROS DERECHOS, POR UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN CONDICIONES.....

Un mejor talante del nuevo ministro de Justicia es importante, pero en absoluto es suficiente.

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Reunión de la Mesa Sectorial estatal: Catalá reafirma que echa abajo la reforma de Gallardón pero insiste en la privatización del Registro Civil y mantiene las tasas judiciales

• El ministro presentará un nuevo proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las próximas semanas, pero únicamente de los libros V y VI. Catalá compromete que negociará "hasta el último día antes de la aprobación en el parlamento", como le exigió CCOO
• El Ministro de Justicia reafirma su compromiso de no llevar adelante la modificación de la planta judicial actualmente existente y garantiza todos los partidos judiciales, todos los órganos judiciales y todos los juzgados de paz y sus agrupaciones
• El ministro propone la creación inmediata de cuatro grupos de trabajo, cuyos resultados se irán llevando a las mesas sectoriales que se convoquen

A diferencia de su antecesor, Gallardón, y del equipo de éste en la negociación producida en julio, Catalá se compromete, tal y como ha exigido CCOO, a que la negociación de todas las cuestiones que afectan a los derechos del personal de la Administración de Justicia esté abierta hasta el último día en que las modificaciones legislativas se vayan a aprobar en las Cortes Generales.

En ese sentido, Catalá vuelve a expresar su compromiso de que no implantará los Tribunales Provinciales de Instancia, mantendrá todos los partidos judiciales y todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y  no eliminará las Audiencias Provinciales.

Catalá anunció que en el nuevo proyecto de la LOPJ relativa a los libros V y VI intentará mantener algunos de los aspectos negociados con Gallardón y su equipo, cuestiones que, para CCOO, al estar recogidas en la vigente LOPJ y legislación actual, son un punto de partida para la negociación que ahora abre, y debe concluir, si el nuevo ministro cumple con su palabra, con sustanciales avances para los derechos del personal de la Administración de Justicia.

Porque considerar como aspectos que mejoran las condiciones de trabajo, por ejemplo, la antigüedad mínima de dos años para promocionar o la creación de un escalafón propio (aspectos recogidos en la actual legislación) o, otro ejemplo,  el reconocimiento a los gestores de funciones de asistencia a las víctimas, destinos a los que actualmente puede acceder el personal del Cuerpo de gestión, para CCOO son sólo avances, pero no importantes, sobre la regulación actual, y no pueden ser un punto final de una negociación, sino sólo un punto de partida. Por el contrario para CCOO  no es un avance, sino todo lo contrario, que el ministro hable por escrito del “reconocimiento de una lista de centros de trabajo vinculados al municipio” (expresando tácitamente el ministro que no todos los centros de destino lo serán en el municipio, lo que CCOO no va a permitir). Por tanto, para CCOO, Catalá debe abrir la negociación para lograr la mejora de muchos aspectos que a día de hoy no están garantizados.

Porque nada contesta el ministro de Justicia a la demanda de CCOO (que, al parecer, carece de importancia para otros sindicatos) de garantizar la reserva de la realización de los actos de comunicación y ejecución de forma exclusiva al personal de la Administración de Justicia, y de eliminar la entrega a los notarios y registradores de materias y procedimientos judiciales hasta ahora competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales, como prevé la reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria.

Estas son algunas de las cuestiones fundamentales que ha reclamado CCOO de nuevo al ministro de Justicia en la reunión (manteniendo las restantes que ya han sido planteadas en la reunión bilateral que mantuvimos con Catalá el pasado 23 de octubre y en sendas cartas, y de las que dimos amplia información en la nota que remitimos ese día).

REGISTRO CIVIL

CCOO le ha entregado a Catalá la extensa carta que hemos enviado al presidente del Gobierno en la que rebatimos los motivos que aduce el Gobierno para privatizar el Registro Civil y su entrega a los registradores mercantiles, que insistimos, según la UE, no son funcionarios públicos. CCOO ha manifestado que no vamos a aceptar jamás esa decisión, y le hemos anunciado que seguiremos luchando con todos nuestros medios para revertir esta decisión del Gobierno, además de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado  y ante la Oficina de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no descartamos otras acciones jurídicas, y además impulsaremos una iniciativa (ILP) en el Parlamento y todas las acciones sindicales que los trabajadores/as estén dispuestos a realizar.

CCOO ha advertido al ministro que no permitirá  la supresión de ningún puesto de trabajo de los Registros Civiles de cualquier ámbito, sea transferido o no transferido. Nos preocupa seriamente que el ministro solo se haya comprometido con el empleo del ámbito no transferido.

OFERTA DE EMPLEO 2015

Catalá no ha contestado a nuestra reclamación de que se convoquen en la OEP todas las plazas vacantes (más de 10.000 en toda España) y para todos los cuerpos sin excepción, venciendo la resistencia de Hacienda y superar ese insuficiente, ridículo y exiguo 50% de la tasa de reposición. Solo ha aceptado expresamente que el sistema de acceso sea el concurso oposición que CCOO viene reclamando, posición que ha sido apoyada por varios sindicatos (UGT y ELA)

Las contestaciones de la secretaria de Estado de que “esto debe ser un proceso lento y gradual” no nos ha convencido en absoluto, porque, ante nuestra demanda de que se comprometa al menos de que en dos o tres años se garantizara lo exigido por CCOO, solo hemos obtenido una respuesta vaga y sin compromiso alguno.

NUEVA OFICINA JUDICIAL (NOJ)

CCOO ha vuelto a exigir su paralización (a pesar de ser acusados de irresponsables por algún sindicato) en aquellas ciudades en la que ya está en marcha su próxima implantación (Ponferrada y Murcia) o donde se ha presentado un proyecto (Palma de Mallorca), hasta que discutamos sobre los errores que existen, sobre todo por el SCOP en alguna de las ciudades del ámbito Ministerio. El Ministerio, pese a ello, se ha negado a paralizar dicha implantación. Esa decisión sí que es irresponsable por la cantidad de problemas que siguen generándose

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS DESDE 2010

CCOO ha vuelto a exigir reuniones específicas para establecer un calendario de devolución de todos los derechos hurtados (recuperación del salario de 2010, abono de 100% de la paga de 2012 – ese 24% que el Gobierno ha llevado al proyecto de LGPE es una tomadura de pelo-, el abono del 100% del salario en los casos de Incapacidad Temporal, la recuperación de todos los días de asuntos particulares, días de vacaciones por antigüedad…)  La respuesta de la secretaria de Estado ha sido echar balones fuera con el débil argumento de que estas reclamaciones deben tener respuesta para todos los empleados públicos, o lo que es lo mismo, nunca

PERSONAL LABORAL

CCOO ha vuelto a exigir al ministro que exista el compromiso del Ministerio de que se van a negociar todas las propuestas que hemos hecho llegar para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral (productividad para todo el personal laboral, las demandas de reclasificación con la trasposición de las directivas europeas de obligado cumplimiento, la garantía de cobertura de todas las vacantes, entre otras)

TASAS JUDICIALES, COSTAS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

CCOO ha vuelto a exigir la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y la eliminación de la condena en costas en los procedimientos de reclamación de derechos laborales, así como que entre en vigor la eliminación de la postulación para el personal funcionario (esta cuestión se encuentra incluida en el proyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita en trámite) cuando deba acudir a defender sus derechos ante la jurisdicción contencioso -  administrativa. Catalá solo ha comprometido el estudio de la modificación de la ley de tasas y a estudiar la repercusión de las costas en el acceso a la tutela judicial efectiva

CATALÁ COMPROMETE LA CREACIÓN DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO LA SEMANA PRÓXIMA

Catalá ha propuesto la creación de cuatro grupos de trabajo a partir del 11 de noviembre: uno sobre la Reforma de los libros V y VI de la LOPJ, otro sobre el Empleo (ha aceptado la propuesta de CCOO de que este grupo incorpore la convocatoria de las plazas de la OEP, la regulación de las bolsas de personal interino, la norma de sustituciones, la regulación de las comisiones de servicio….), un tercero sobre el Registro Civil y el último sobre la NOJ

Respecto a esta creación de los grupos de trabajo, CCOO ha exigido que la negociación que se vaya produciendo en los grupos de trabajo se traslade a la mesa sectorial y que el ministro adquiera el compromiso de que la negociación no se cerrará hasta el último día en que los proyectos de ley se vayan a aprobar por las Cortes Generales. Catalá ha afirmado con rotundidad que acepta la posición de CCOO y la negociación estará abierta hasta el último día.

CCOO ha reiterado su rechazo a falsas negociaciones, como lo sucedido en el mes de julio, cuando el equipo de Gallardón cerró, en una única reunión de la mesa sectorial, la negociación de toda la reforma de la LOPJ que pretendía, tal y como consta en el acta de dicha mesa (tras varias reuniones del grupo de trabajo, donde solo hubo intercambio de posiciones sin respuesta por los negociadores del Ministerio)

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CCOO advierte al nuevo ministro que no aceptará la privatización del Registro civil y su entrega a los Registradores Mercantiles

CCOO advierte al nuevo ministro de Justicia que no aceptará de ningún modo el mantenimiento de la decisión de Gallardón y de Rajoy de entregar la gestión de  los Registros Civiles a los registradores mercantiles.

Para impedirlo, no bastan las palabras. A la denuncia presentada en solitario por CCOO ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el dimitido Gallardón por haber vulnerado presuntamente la legalidad en la decisión de otorgar la gestión de los Registros Civiles a los registradores mercantiles.

CCOO anuncia que va a impulsar además, entre otras actuaciones, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que logre el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público y gratuito y en el ámbito de la Administración de Justicia.

La ILP, recogida en el artículo 87.3 de nuestra Constitución y desarrollada en la LO 3/1984, consiste en que, mediante la recogida de más de 500.000 firmas, la ciudadanía exija al Gobierno la aprobación de una proposición de ley, en este caso, para impedir la privatización de los Registros Civiles.

El rechazo a la privatización del Registro Civil de prácticamente todas las organizaciones profesionales del ámbito de la justicia, distintas organizaciones sociales y ciudadanas, cientos de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos (mediante la aprobación en sus plenos de mociones propuestas por CCOO), así como de todos los partidos políticos excepto el PP, y el muy significativo varapalo que el Consejo de Estado da en su dictamen al proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico, otorga optimismo para detener esta monstruosidad. Tras la denuncia ante la Fiscalía General del Estado presentada por CCOO en solitario, debemos dar un paso más, implicar a todas las organizaciones que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y así parar este desastre. Hay antecedentes como la ILP por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, que logró una movilización social sin precedentes.

CCOO ha trasladado al nuevo ministro de Justicia como cuestiones fundamentales, junto a la oposición frontal a la privatización de los Registros Civiles, las siguientes reclamaciones:

• Retirada del proyecto de reforma de la LOPJ. CCOO ha defendido y seguirá defendiendo el mantenimiento todos los partidos judiciales y órganos judiciales actuales y de todos los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones, la garantía del mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de las retribuciones actuales, la prohibición expresa de imponer la movilidad forzosa fuera del municipio, que los actos de comunicación y ejecución seguirán siendo competencia exclusiva del personal funcionario de la Administración de Justicia.
  
• Devolución de todos los derechos robados desde 2010, con establecimiento de la fecha efectiva para su restitución: el ministro de Justicia debe reclamar al ministro de Hacienda y AAPP y al presidente del Gobierno la recuperación del salario recortado en 2010, la devolución del 100% de la paga extra de diciembre de 2012 (no aceptamos ese ridículo 24 % de devolución que anuncia Montoro en la LPGE 2015), el abono del 100% del salario en caso de baja por IT, la reposición de todos los días de asuntos particulares y los días adicionales por antigüedad (tanto de asuntos particulares como de vacaciones), y todos los demás derechos hurtados.
  
• Convocatoria en la OEP 2015 de todas las plazas vacantes de la Administración de Justicia de todos los cuerpos, cifradas en más de 10.000.
  
• Derogación de la Ley de Tasas

CCOO también le ha reclamado al nuevo ministro:

• Convocatoria urgente de la mesa sectorial de la Administración de Justicia para abordar la negociación de todas estas reclamaciones.
  
• Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.
  
• Modificación sustancial del proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria (aprobado en consejo de ministros el 1 de agosto de 2014), suprimiendo la entrega a los notarios y registradores de procedimientos y tareas que deben seguir siendo competencia exclusiva de la Administración de Justicia.
  
• Rectificación del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita (aprobado en consejo de ministros del 21 de febrero de 2014), garantizando la gratuidad en el acceso a la Administración de Justicia a toda la población sin recursos, y a todos los empleados/as públicos cuando acuden en nombre propio a realizar una reclamación en defensa de sus derechos.
  
• Debe suprimirse también las costas en todos los procedimientos, con objeto de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, también del personal de las Administraciones Públicas

El nuevo ministro de Justicia interviene el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Congreso de los Diputados para presentar sus propuestas para el año que resta de legislatura. CCOO ya le ha hecho llegar directamente estas demandas y reclamaciones, que son fundamentales para que comience a restaurarse la confianza entre los trabajadores y trabajadoras. Debe el Ministerio de Justicia ser capaz de dar un impulso para sacar de esta bochornosa situación a la Administración de Justicia, a la que se ha llegado en estos momentos por la tremenda incompetencia, egoísmo y falta de preocupación por los derechos de las personas de sus anteriores responsables, como el ex-ministro Gallardón. Pero ese impulso debe contar con las iniciativas necesarias como las que le hemos propuesto, cuya primera condición es que deben ser acordadas con el personal funcionario y laboral, nunca impuestas.

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CCOO se congratula por la dimisión de Gallardón, pero no basta: Rajoy debe retirar la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ

CCOO SE CONGRATULA POR LA DIMISIÓN DEL MINISTRO GALLARDÓN, EL PEOR MINISTRO DE JUSTICIA DE LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA

CCOO EXIGE AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE RETIRE, entre otros, EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES

La dimisión del ministro Gallardón era una exigencia de millones de personas y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de CCOO, por la política que ha venido realizando desde que tomó posesión como ministro de Justicia.

CCOO considera que la trayectoria del ministro Gallardón ha sido lamentable y siempre ha actuado contra los derechos democráticos de la ciudadanía. Su proyecto, y el de Rajoy, rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, de reforma de la Ley del aborto, ha sido el desencadenante, pero también ha pretendido desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó posesión. Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha condenado a decenas de miles de ciudadanos a la indefensión ante los Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la inmensa mayoría de la ciudadanía; ha mantenido un intento constante de ir privatizando servicios de la Administración de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

Pero una nueva escalada contra los derechos de la ciudadanía se iba a producir, cuando Gallardón y el Gobierno aprobó el 4 de julio la privatización de los Registros Civiles.

Esa privatización demostraba que poco les importaban que toda la sociedad estuviera en contra de esa decisión e incluso que todos los grupos parlamentarios la rechazaran. Desde el punto de vista de CCOO, la privatización de los Registros Civiles demostraba la presunta colisión de intereses del ministro Gallardón y de  Rajoy, porque ambos podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos intereses oscuros en esa decisión. Por eso, CCOO presentó, el pasado 8 de septiembre, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro Gallardón.

La aprobación del proyecto de reforma de la LOPJ que pretendía Gallardón llevar al Consejo de Ministros en próximas fechas, es un paso más en la conculcación de los derechos de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.

CCOO ha denunciado que la reforma de la LOPJ pretende la desaparición de decenas de partidos judiciales, de cientos de órganos judiciales y de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, la imposición de la movilidad geográfica y funcional, el no reconocimiento de las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia, la desaparición de cientos de puestos de trabajo, la privatización de los actos de comunicación y ejecución…..

Sea bienvenida la dimisión de Gallardón, pero CCOO va mucho más allá. No basta con la dimisión de Gallardón.

CCOO exige al presidente del Gobierno:

1.- Que retire la privatización de los Registros Civiles.

2.- Que deje sin efecto el proyecto de reforma de la LOPJ y no lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación.

3.- Que derogue la ley de Tasas Judiciales y que escuche el clamor ciudadano antes de aprobar la ley de Justicia Gratuita y Jurisdicción Voluntaria, que constituyen el inicio del proceso del desmantelamiento de la Administración de Justicia.  

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CCOO apoya y convoca la concentración convocada por asociaciones de abogados y otras asociaciones en contra del proyecto de reforma de la ley de justicia gratuita

Mañana jueves 17 de julio a las 13:00 horas varias asociaciones de abogados, entre ellos la Confederación Española de Abogados (CEAJ), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (APAEM), la asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA), junto con otras asociaciones de varios ámbitos,  convocan una concentración en contra del proyecto del Gobierno para reformar la ley de justicia gratuita que supondrá otro duro ataque a los derechos de la ciudadanía para el acceso a la justicia y un nuevo paso para el desmantelamiento de la Administración de Justicia.

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO apoya y convoca esta concentración y acudiremos a la misma.

POR UNA JUSTICIA PARA TODOS

DEFENDAMOS EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

¡¡SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS!!

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El Parlamento de Cataluña también se opone a las reformas de Gallardón

El pasado 28 de mayo se aprobó, en el Parlamento de Cataluña, una moción contra las reformas judiciales de Gallardón: Ley Orgánica del Poder Judicial y Demarcación, Registro Civil, Justicia Universal y Asistencia Jurídica Gratuita

Moción 115/X 

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En el 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia que se conmemora en estas semanas, trabajadores y ciudadanos no tenemos nada que celebrar y sí mucho por lo que luchar en la Justicia

Cuatro años de recortes en la Administración de Justicia y en los derechos de los trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización hacia otros sectores y colectivos (Registradores, Procuradores, Notarios…)

A lo largo de estas semanas se están conmemorando con diversos actos en todos los territorios los 25 años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. TSJ que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 y se pusieron en marcha definitivamente en 1989. Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte impulso a la Administración de Justicia dentro de la organización territorial autonómica, se sustentó en un fuerte consenso judicial y político a la hora de la aprobación de dichas leyes.

Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis” la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y que pone patas arriba toda la organización judicial de este país.

Recortes como:

• Recortes presupuestarios desde el año 2010.
• Recortes en el empleo público con la congelación de oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo público 
• Recortes en medios personales, en los derechos laborales y retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del 30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios judiciales y sus condiciones de seguridad y salud,.. 

Reformas ya aprobadas como:

• Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un importante descenso en los asuntos civiles y contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
• La Nueva Oficina Judicial: que después de su implantación en algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos denunciando desde hace años.
• Reforma del CGPJ: que recibiendo las críticas de todos los colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.

Reformas en trámite de aprobación como:

• Reforma de la Ley de Justicia Gratuita: que encarece los requisitos para acceder a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
• Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor poder a los vigilantes de seguridad privados
• Reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la mayor parte de ellas serán consideradas sanciones administrativas-, castiga la protesta pero no así los delitos de guante blanco,
• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan importantes como los actos de comunicación y de ejecución
• Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
• Reforma del Registro Civil que pone en manos del colectivo privado de Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles el registro civil, y que supone el vaciamiento de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
• Y por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será aprobada a finales de año según las intenciones declaradas del ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de los Tribunales de Instancia solo en las capitales de provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin respeto alguno a la localidad de destino, movilidad geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las retribuciones complementarias que actualmente se cobran por guardias, …

La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas que reducen o restringen nuestros derechos y libertades, como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento que está provocando una justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la pueda pagar y una privatización –ni tan siquiera encubierta- de servicios y asuntos judiciales en manos de colectivos privados como Registradores, Notarios, Procuradores. 

Realmente,... ¿QUÉ TENEMOS QUE CELEBRAR?

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La Plataforma "Justicia para Todos" se reune para continuar las movilizaciones

En la tarde de ayer ha tenido lugar reunión de la Plataforma Justicia para Todos con la participación de todos sus integrantes.

Por CCOO, ha asistido un representante de la Comisión Ejecutiva confederal y uno del sector estatal de la Administración de Justicia.

Entre las conclusiones de la reunión se ha acordado elaborar distintos documentos contra la privatización de los Registros Civiles, así como contra la reforma del Código Penal, el proyecto de Seguridad Ciudadana, el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la intervención de los procuradores en los actos de comunicación y ejecución, y además se elaborarán manifiestos sobre todas estas cuestiones en un breve plazo que permitan preparar el terreno para una convocatoria antes del verano de la Plataforma contra todos estos proyectos que demuestran que el Gobierno no solo ha cargado contra la tutela judicial efectiva, sino que además, es un ataque en toda regla a todos los derechos ciudadanos.

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Aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

• CCOO rechaza la exclusión de la inmensa mayoría de la población de la asistencia jurídica gratuita, a pesar de nuestras reclamaciones en defensa de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía
• No obstante, sólo la presión y la vigilancia de CCOO sobre el Ministerio de Justicia consigue que en el proyecto se incluyan algunas de las exigencias muy importantes para las empleadas y empleados públicos que CCOO lleva reclamando hace más de 15 meses

El proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de febrero (más de un año después de la aprobación del anteproyecto, el 11 de enero 2013)

CCOO lleva reclamando desde hace muchos meses a Gallardón, para su inclusión en la ley de asistencia jurídica gratuita, varias reivindicaciones que no fueron aceptadas en la Ley de Tasas, cuya aprobación supuso además un importante retroceso en derechos. Detallamos las que han sido incluidas y las que no:

• Sí ha sido incluida: se recupera el derecho reclamado por CCOO para que al personal funcionario no se le exija el requisito de tener que intervenir con abogado y procurador en los procedimientos contenciosos en defensa de sus derechos profesionales y laborales (Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa)

Ese derecho había sido eliminado unilateralmente por Gallardón en la disposición final segunda de la ley 10/2012 de Tasas Judiciales al modificar la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, contra lo que prometió en junio de 2012.

• Ha sido parcialmente incluida: CCOO exigió el reconocimiento para todas las empleadas y empleados públicos (personal funcionario y laboral), y para los sindicatos y la representación unitaria de los trabajadores, del derecho a la asistencia jurídica  gratuita, sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos, cuando ejerciten la defensa de sus derechos laborales, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, y en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del ámbito de las empresas privadas. El proyecto de ley reconoce ese derecho pero sólo parcialmente, pues se le niega al personal funcionario cuando acude en nombre propio a la jurisdicción contenciosa-administrativa, no aceptándose todo lo reclamado por CCOO. (artículo 2.3.5º y 2.4 ámbito personal de aplicación)

• No ha sido incluida: CCOO exigió el incremento sustancial del umbral de acceso para poder beneficiarse de la justicia gratuita, para garantizar que la inmensa mayoría de la población pueda acceder a la tutela judicial efectiva de forma real. La decisión final del Gobierno es nuevamente un recorte en los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

El proyecto de ley contempla en su disposición final decimotercera que la entrada en vigor será a los seis meses de su publicación en el BOE.

Adjuntamos lo publicado en la página del Ministerio de Justicia: el texto del proyecto de ley aprobado y la nota sobre los umbrales que ha establecido el gobierno, que en una primera lectura urgente son los mismos que los del anteproyecto aprobado por el consejo de ministros el pasado enero de 2013

Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Umbrales de acceso a la Asistencia Jurídica Gratuita por unidad familiar

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Actualidad sobre las intenciones del Gobierno en la reformas de la Justicia

Según el Ministerio de Justicia (información actualizada a 18 de octubre de 2013), os informamos:

El Ministerio de Justicia asegura que no ha tomado aún una decisión definitiva sobre los registros civiles. 

Eso quiere decir, que el ministro de Justicia sigue manteniendo su misma posición de que los registradores se encarguen de los registros civiles. 

CCOO le ha vuelto a manifestar a los máximos responsables del Ministerio de Justicia, por enésima vez, nuestro completo desacuerdo con esa posición del Ministerio de Justicia y seguiremos luchando hasta lograr que se apruebe por el Gobierno que  los registros civiles seguirán siendo servidos por personal funcionario de la Administración de Justicia y que el encargado del registro civil sea también funcionario de la Administración de Justicia.

Ante esta situación, CCOO vuelve a llamar a los trabajadores de la Administración de Justicia para que ahora, más que nunca incluso, debemos seguir luchando y no bajar la guardia en ningún momento y, por tanto, debemos mantener la movilización contra la privatización de los registros civiles y contra su entrega a los registradores.

Como información complementaria sobre esta cuestión, la pasada semana ha habido elecciones para la renovación de los cargos directivos del colegio de registradores. Ha sido elegido decano del colegio de los registradores de España, la persona que encabezaba la candidatura contraria al anterior decano y a las personas afines al ministro Gallardón. En la candidatura perdedora, se encontraba la nuera del ministro de Justicia, según informaciones publicadas en los medios de comunicación (Expansión, 11 de octubre). Adjuntamos enlace a esta información.

Ver Expansión: La candidatura contraria a Gallardón gana las elecciones del colegio de registradores

Ley de Justicia gratuita: actualmente en fase de informe en el Consejo de Estado; hacia el mes de noviembre volverá al Ministerio de Justicia con los informes preceptivos, por lo que previsiblemente será aprobada en diciembre como proyecto de ley para su remisión al Congreso.

Os recordamos que en esta ley debe incluirse nuestra reclamación de que la postulación de los funcionarios no sea obligatoria, y que las organizaciones sindicales y los órganos unitarios de representación de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar cuando defiendan derechos colectivos de los trabajadores

LOPJ y ley de Demarcación y Planta: En el plazo aproximado de un mes y medio podría ser aprobadas como anteproyecto de ley por el Gobierno.

Ley de Jurisdicción Voluntaria: en el plazo de 2 o 3 semanas será aprobado el anteproyecto de Ley por el consejo de ministros.

¡¡¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!!!

¡¡¡MOVILÍZATE Y LUCHA!!!

¡¡¡SIEMPRE SE PUEDE CUANDO SE QUIERE!!! (José Luis Sampedro)

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