Publicado en www.elpais.com
Cándido Conde-Pumpido denuncia que se ponga en un segundo plano la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Fiscalía General del Estado critica en su Memoria de 2010 la dedicación de “tiempo y afán político” del Ministerio de Justicia, que encabeza Francisco Caamaño, a “cuestiones cualitativamente menores”, como las oficinas judiciales, antes que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que augura sus escasas posibilidades de salir adelante.
En el apartado de Propuestas Legislativas, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido escribe que el compromiso del Ministerio Fiscal con la modernización de la Justicia se traduce, más allá de la incorporación de medios tecnológicos, en un “replanteamiento a fondo del propio modelo procesal”.
“Por fin se anuncia por el Ministerio de Justicia la conclusión de los trabajos de redacción del primer texto articulado completo de una propuesta de nueva Ley procesal penal, pero se hace en un momento, a escasos meses de la conclusión de la Legislatura, que permite augurar escasas posibilidades, dada la complejidad del cambio, a su tramitación parlamentaria completa”, señala el fiscal general. Y añade: “La dedicación del tiempo y el afán político a otras cuestiones instrumentales y, por tanto, cualitativamente menores, ha determinado de manera difícilmente comprensible la preterición de este proyecto de inequívoca dimensión constitucional a un instante en el que su consumación puede ser inviable, al menos dentro de este ciclo legislativo”.
Con todo, para la Fiscalía es un “hito valioso” que por primera vez en la historia de la democracia se conozca un texto acabado que puede ser objeto de un debate “serio y riguroso”. Sin embargo, el fiscal vuelve a cargar contra Caamaño al significar que la demandas sociales de respuestas “no dependen de cómo se configuren los procedimientos materiales o las oficinas que los lleven a cabo, sino de qué sirven y a qué objetivos se dedican esos medios”. La mención a las oficinas lleva implícita la censura del proyecto estrella de Caamaño, la NOJ o Nueva Oficina Judicial, en la que lleva volcado desde su acceso a la cartera ministerial.
Conde-Pumpido subraya que la reciente reforma del Código Penal atestigua “la insostenibilidad” del sistema procesal actual y pone como ejemplo que en la introducción del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador penal no ha “asumido el reto” de reformar la Ley de Enjuiciamiento para ajustarla a esa innovación. Para el fiscal, es “obvio” que no se trata “de una omisión o un olvido”, sino de una decisión impuesta por la “insalvable lejanía” entre “nuestra realidad y nuestras necesidades legislativas”.
El fiscal cree que “el único camino practicable a estas alturas” es el del consenso social que permita la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal “propia de nuestros días”.
Otras propuestas
Otra de las reformas legislativas que las diversas fiscalías llevan pidiendo en los últimos años es que se pueda aplicar de manera optativa la pena de alejamiento del artículo 48 del Código Penal. Según los fiscales, el problema se produce en supuestos de violencia doméstica básicamente de ascendientes a descendientes y viceversa, en los que ni el agresor ni la víctima que, en muchos casos, han reconducido la situación, tienen necesidad de vivir separados ni medios materiales que se lo permitan. Para los fiscales, es un tribunal el que, valorando las circunstancias del caso, debería determinar la necesidad o no del alejamiento.
Algún fiscal propone endurecer los delitos de pornografía infantil, extendiendo la agravación de pena de los que “utilicen menores de 13 años” en la elaboración de material pornográfico a los que lo distribuyan y reproduzcan imágenes de esos niños.
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Imagen: Chema Moya/EFE
