El Icaib muestra su disconformidad con parte del texto por cuanto, asegura, "limita de forma grave las posibilidades de recurrir las decisiones judiciales por parte de los ciudadanos e impone el pago de tasas a cualquiera que quiera hacer uso del ejercicio del poder jurisdiccional en el orden civil".
Publicado en www.elderecho.com
La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha rechazado el proyecto de ley de medidas de agilización procesal por considerar que su aplicación podría suponer "recortes graves e intolerables de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Los miembros del órgano de gobierno colegial denuncian que la puesta en marcha de algunas de las medidas propuestas en el proyecto "podrían restringir de forma considerable las actuales posibilidades de recurrir las decisiones judiciales que hasta ahora estaban a disposición de los ciudadanos y, por tanto, disminuir las opciones de solicitar la revisión de las sentencias", tal y como han puesto de manifiesto en un comunicado.
Así, recuerdan que en materia de recursos, el proyecto legislativo plantea, "de forma incomprensible" que las sentencias en juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) devengan firmes y, por tanto, inapelables, o que se eleve de 150.000 euros a 800.000 las cuantías mínimas para recurrir en casación ante el Supremo en el orden civil, así como las necesarias para presentar recursos de apelación y casación en el orden contencioso-administrativo.
Finalmente, la Junta de Gobierno califica de "absolutamente improcedentes e impropias de un representante del poder judicial", las declaraciones realizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, que acusó a la abogacía española de "torpedear" los
cambios legislativos por "intereses corporativos" y a los abogados de hacer un "uso abusivo de los recursos".
Frente a tales manifestaciones, los miembros de la Junta aseguran que el único interés que mueve a la abogacía en su oposición a algunas de las medidas propuestas es" la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los principios básicos sobre los que se estructura el Estado de Derecho".
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