Publicado en www.europapress.es
La junta directiva del Colegio de Abogados de Santiago ha avisado este sábado de que el proyecto de ley de medidas de agilización procesal "recorta los derechos de los ciudadanos". Su aplicación, según los letrados compostelanos, "pondrá en riesgo" el acceso a la tutela judicial efectiva.
El proyecto legislativo del Gobierno central, aprobado el pasado día 4 en Consejo de Ministros, propone que las sentencias en juicios verbales en los que el asunto de litigio no supere los 6.000 euros sean firmes, es decir, no se podrá recurrir ante la Audiencia Provincial con el objetivo de no saturar la segunda instancia, según el Ejecutivo.
"No se puede reducir la saturación de una Audiencia Provincial a costa de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos; los abogados tenemos, además, la obligación legal de interponer los recursos que sean necesarios y estén previstos en las leyes en defensa de los intereses de cualquier persona", ha defendido Evaristo Nogueira, decano de los letrados compostelanos y adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Según Nogueira, "entre un 20 y un 30 por ciento de las sentencias se revocan y la nueva ley puede disuadir a buena parte de los ciudadanos, sobre todo a aquellos con recursos económicos limitados, de acudir a la Justicia para la defensa de sus derechos". Para el decano de los abogados de Santiago, "el acceso a los recursos de apelación es un derecho y una garantía para solucionar los posibles errores de la Justicia de primera instancia".
La junta directiva del Colegio de Abogados de Santiago defiende la adopción de medidas que sirvan para reducir los plazos en cualquier tipo de proceso jurídico, pero "en ningún caso" las apoyará si con ellas se produce "una merma" en los derechos fundamentales de una persona.
PALABRAS "IMPROCEDENTES E IMPROPIAS"
Al igual que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, Nogueira lamenta por "improcedentes e impropias" las declaraciones realizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, que acusó a la abogacía española de "torpedear" los cambios legislativos por "intereses corporativos y económicos".
"No se ajusta en absoluto a la realidad; el único interés que mueve a la abogacía es la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los principios básicos sobre los que se estructura el Estado de Derecho ya que, de no hacerlo, incurriríamos en responsabilidades civiles y disciplinarias", ha concluido Evaristo Nogueira.
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