Publicado en www.abogados.es
16/03/2011 El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) manifiesta su rechazo a determinados aspectos del Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, especialmente los que suprimen el derecho a recurrir determinadas resoluciones judiciales en función de la su cuantía económica, ya que considera que puede llegar a anular un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de defensa.
El Proyecto de Ley de Agilización Procesal plantea, entre otros aspectos, que las sentencias en juicios verbales de reclamación judicial de una cuantía de hasta 6.000 euros pasen a ser firmes, es decir, que no se puedan recurrir. También propone que se aumente de 150.000 a 800.000 euros la cuantía mínima para recurrir en casación ante el Supremo en el orden civil, así como para presentar recursos de apelación y casación en el contencioso administrativo. El objetivo del gobierno, con estas medidas, es agilizar la justicia, pero los abogados consideran que esta no es la vía más adecuada para conseguirlo.
Justicia colapsada, pero no limitada
“La Justicia está colapsada y es interés de todos la adopción de medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, pero de todas las medidas posibles, el Ministerio de Justicia ha optado por aprobar un proyecto de ley de medidas de agilización procesal que incide directamente en la simplificación y supresión de trámites que considera innecesarios y en impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales", afirma el Consejo de la Abogacía Catalana, el organismo representativo de los 14 Colegios de Abogados Catalanes, para quien "el derecho de defensa de los intereses de los ciudadanos se concreta en el proceso judicial en la utilización de todos los medios necesarios y, especialmente, a la revisión de la decisión adoptada por el órgano judicial" . En este sentido, la abogacía catalana considera que "suprimir el derecho a recurso contra determinadas resoluciones judiciales en función de su cuantía restringe, reduce y puede llegar a anular el derecho a la defensa y, por tanto, limita derechos fundamentales de los ciudadanos".
Para los abogados catalanes, si lo que se quiere es evitar el colapso de los órganos superiores, "habrá que dotarlos de nuevos medios, humanos y tecnológicos, para agilizar su carga de trabajo, pero no consideramos adecuado optar por la descarga por vía de la restricción al acceso, ya que afecta directamente los derechos de los ciudadanos".
Los jueces también se equivocan
El Consejo de la Abogacía Catalana advierte que "los jueces no son máquinas, y en los pleitos deben considerar múltiples factores y circunstancias para poder alcanzar una decisión que la sociedad calificará de justa. Pero precisamente por este motivo pueden equivocarse, y toda persona afectada por una sentencia que ha decidido en contra de sus intereses tiene derecho a que sea revisada".
Además, los abogados catalanes consideran que el establecimiento de tasas para poder litigar o la extensión del sistema de imposición de costas de carácter objetivo a procedimientos en los que ahora sólo se establecen si se aprecia temeridad o mala fe procesal, tiene un carácter disuasorio que puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. Concretamente, "en los pleitos contra la Administración pública sería muy grave que el ciudadano que, en uso de su derecho, ha recurrido la decisión administrativa tuviera que pagar si la demanda es desestimada, lo que agrava aún más si se suprime el derecho a recurso y revisión de la decisión por una segunda instancia".
Declaraciones “inadmisibles” del vocal del CGPJ
Por otra parte, el CICAC califica de "inadmisibles" las declaraciones del vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, que dijo que "los abogados son contrarios a las reformas procesales porque no quieren perder el privilegio de recorrer, ya que normalmente lo hacen sabiendo que el recurso es insostenible", acusándoles de hacer "un uso corporativo de los recursos". Los abogados catalanes reiteran que el único interés que les mueve es "garantizar el Estado de Derecho y la defensa de los derechos de los ciudadanos".
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