Los sindicatos presentes en la plataforma sindical de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, CC.OO., UGT, CSIF y STAJ han acusado a la Consejería de Justicia de incumplir los acuerdos pactados para fijar las retribuciones de los funcionarios y el aumento de plantilla pactado en febrero de 2009.
Publicado en www.que.es
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Los sindicatos presentes en la plataforma sindical de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, CC.OO., UGT, CSIF y STAJ han acusado a la Consejería de Justicia de incumplir los acuerdos pactados para fijar las retribuciones de los funcionarios y el aumento de plantilla pactado en febrero de 2009.
Este acuerdo servía de actualización de otro firmado dos años por las consecuencias de la crisis económica, donde se posponían parte de las retribuciones para 2011, y por el cual los trabajadores pospusieron 780 euros anuales a cobrar en el presente año.
"Y ahora en el 2011 el Gobierno regional ha vuelto a mentir a la ciudadanía y a los trabajadores", ha sentenciado la representante de CC.OO., Felicidad López, que ha acusado al Gobierno regional de que en noviembre y diciembre les transmitieron su "voluntad absoluta" de "encontrar fórmulas" para poder pagar lo acordado a pesar de la congelación en las nóminas de funcionarios establecida desde el Gobierno central. Las retribuciones, dicen, no han sido actualizadas en el sentido marcado por los presupuestos del Estado, y calculan pérdidas brutas anuales de 2.850 euros desde 2004.
Tras constatar de que no se les paga lo acordado, los sindicatos consideran que estas promesas se realizaron para evitar protestas del sector antes de la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, que no reflejaban el pago adeudado con los funcionarios. Después de su aprobación, critican que el "discurso" haya cambiado, y que se justifique esta situación por la crisis económica.
MÁS ACUERDOS INCUMPLIDOS
"No solamente se incumple este acuerdo sectorial, sino todos los que firman. Esta Administración es muy propensa a firmar acuerdos. Es muy fácil sabiendo que no van a cumplir nada", ha abundado López, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Los sindicatos se refieren a los acuerdos del 21 de octubre de 2009, relativo a la sección de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid y el del 5 de febrero de 2010 sobre el incremento de plantilla en los juzgados de lo penal, en los servicios comunes y la creación de dos nuevos Juzgados de Paz.
Por lo tanto, los sindicatos consideran que "no es una cuestión puntual", y asumen que la Comunidad de Madrid carece de "voluntad política de cumplir lo pactado", según el responsable de Justicia de UGT, Alberto Cabezas.
Asimismo, los sindicatos han denunciado la situación de "absoluto deterioro" de la Administración de Justicia en la región, debido a la "dejadez" del Gobierno, y que es necesaria una "modernización" en un servicio que, a pesar de cargar con el 38 por ciento de los casos del país, tiene a los funcionarios "peor pagados".
"No les interesa gestionar una Justicia eficaz", ha subrayado José María Díaz, del sindicato CSIF. "Arrastramos una política estatal nefasta, y una autonómica aún peor", ha dicho, para remarcar que "alarmarían" los datos de bajas por estrés.
INFORMÁTICA DE LOS AÑOS 70 y 80
Los sistemas informáticos con los que operan pertenecen a las décadas de los años 70 y 80, y si esta situación se prolonga, se puede dar una "suspensión de juicios", según ha manifestado desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Alberto García. "La modernización no puede pasar sólo por propaganda, como está haciendo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño", ha acusado López.
García lamentaba que Granados les prometiera la semana pasada una reunión para afrontar la situación en los "próximos días", y por ahora no se ha producido. Las últimas declaraciones del consejero en torno a la necesidad de devolver las competencias en Justicia o de que la extensión de la justicia gratuita se encuentra como parte del problema no convence a la plataforma sindical.
López ha considerado que la devolución se trata de "un debate político y electoralista", y a pesar de que no ha querido extender esta cuestión, ha recordado que la transferencia se produjo con el Gobierno popular de José María Aznar. Cabezas ha reflexionado que no pidieron la opinión de los sindicatos en ese momento y tampoco lo esperan ahora.
Respecto a los costes de la justicia gratuita, García ha calificado el discurso como "estéril". "El problema no es ese. El problema es el olvido que ha existido en la Administración de Justicia, y eso es lo que se tiene que arreglar, y no gravándole al ciudadano", ha dicho.
"Es un insulto a la ciudadanía, sobre todo al ser el Gobierno regional el que pensó que se arreglarían los problemas con la construcción de una 'megaciudad' de la Justicia de ciencia-ficción y que solamente en diseñar maquetas se ha gastado 350 millones de euros", ha señalado López, que se ha mostrado preocupada por la "tendencia privatizadora muy grave" de los servicios públicos.
Esta tarde los sindicatos se concentrarán a las 17 horas en Gran Vía 18 para proseguir sus reivindicaciones, y anuncian seguir con las movilizaciones hasta obtener una reunión de la Consejería con la mesa sectorial.
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