La anticuada organización de los tribunales, el boato judicial y las rígidas estructuras explican el trato que se da a los ciudadanos
Publicado en www.elpais.com
No es sencillo encontrar a una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasión por un accidente de tráfico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gestión o a declarar en un juicio. El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no solo es burocrático y frío, sino, en ocasiones, hasta despectivo. La justicia es un servicio público más, pero sigue apareciendo como el más trasnochado y deshumanizado tras 30 años de democracia e innumerables promesas de modernización de los sucesivos Gobiernos, sean del PSOE o el PP, que no se traducen en ninguna mejora.
Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organización de los tribunales, sus rígidas estructuras y el boato judicial. A eso hay que sumar las insuficientes reformas del proceso judicial para hacerlo más ágil y rápido, la necesidad de incorporación las nuevas tecnologías a los juzgados más allá de ordenadores que sirven para poco más que para escribir y la atención adecuada al ciudadano siguen siendo asignaturas pendientes.
Seguramente lo más preocupante de esa justicia deshumanizada es que la situación se agrava con el tiempo y que el número de pleitos España no para de aumentar. La cifra de asuntos totales que tramita la justicia española ha pasado de seis a nueve millones en una década y en 25 años se ha cuadruplicado la media de casos que lleva cada juez. Es una realidad que afecta a todas las jurisdicciones y otros servicios que ofrece la justicia, como el registro civil o la celebración de matrimonios civiles, la mayoría de los cuales se celebran en los juzgados. En 1996 fueron 44.779 y representaban el 23% del total de uniones. En 2009, las bodas civiles superaron a las religiosas por primera vez (94.108 frente a 80.959).
La ciudadanía se queja cada vez más del trato que recibe. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en tres años casi se han triplicado las quejas relacionadas con lo que se denomina el derecho a una justicia atenta, un capítulo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia promulgada en 2002 y que reconoce 41 derechos. En 2008, último año del que se tienen datos, se contabilizaron 7.013 quejas, frente a las 4.436 del año anterior y las 2.579 del año 2006.
El derecho a la justicia atenta agrupa conceptos como el trato recibido (las quejas aumentaron un 16%), la puntualidad de las actuaciones judiciales (se quintuplicaron), el incumplimiento del deber de identificación de los funcionarios (se multiplicó por diez) la información sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atención al público.
El Poder Judicial constata en su memoria de 2008 su preocupación y recuerda que, por primera vez, los ciudadanos se quejan más por la falta de atención que por la endémica lentitud de la justicia. Más de 7.000 quejas por desatención no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada año a los tribunales, viene a decir el CGPJ, "pero esta apreciación no resta valor a la llamada de atención que subyace en estas quejas, en la que la ciudadanía parece querer expresar que, además de tomar conciencia de la tradicional carencia de medios, existen además otros obstáculos para que la justicia sea más atenta con ellos", dice en la memoria.
"El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenador y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso. La mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada y lo que hay que hacer es eliminarlos en lugar de digitalizarlos. Tampoco existe una estructura moderna ni ágil de gestión, todo sigue siendo jerárquico y autoritario y a la gente se la sigue tratando de manera agria y destemplada en la mayoría de los casos", explica Manuela Carmena, una magistrada que se jubiló hace unas semanas a los 66 años después de 30 años en la carrera judicial y 15 de abogada. Ahora dedica su tiempo a elaborar un blog para "reinventar la justicia", algo sobre lo que ya teorizó en 1998 en un libro.
Carmena no niega que la justicia ha cambiado desde que hay democracia y que han desaparecido corruptelas de otros tiempos, que se han dictado leyes más ágiles en el proceso civil oral y que ahora los juicios quedan grabados. "Pero la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan. Sobran un sinfín de liturgias procesales", dice. Y falta sentido común, pues no es razonable, por ejemplo, que un tribunal cite a 70 personas a declarar a la misma hora del mismo día (ocurrió hace años en la Audiencia de Barcelona). O que centenares de ciudadanos pasen toda la mañana esperando a declarar y no puedan hacerlo finalmente porque el juicio se había suspendido y no se les había avisado (sucede a diario en muchos juzgados españoles). Otra cosa es la incomprensible falta de medios, pues si cualquier persona se puede comunicar con otra de punta a punta del planeta, con o sin videocámara, no se entiende que un testigo (sea policía, perito o ciudadano), tenga que desplazarse expresamente al juzgado y esperar toda la mañana a que le llegue su turno para declarar y responder a una o dos preguntas.
"Los españoles continúan recibiendo trato de súbditos, no de ciudadanos, cuando acuden a los tribunales. Eso no tiene parangón con cualquier otro servicio público", explica el abogado madrileño José Luis Galán, que ejerce desde hace 35 años. Para él, la solución radica en la voluntad política, pero es muy escéptico. "La justicia no da votos y los partidos piensan que no es un problema del todo suyo, lo que no ocurre con los hospitales ni con las escuelas", añade. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero la organización de la justicia en todos sus ámbitos, la dotación de medios y la relación de personal para hacerla más ágil depende del Gobierno y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de los medios materiales.
"Los clientes nos empiezan a mirar mal a los abogados y yo creo que acabaré llevándoles un día a los juzgados para que vean como funcionan", explica Galán, aunque admite que "todos no son iguales" y que, no solo entre jurisdicciones (civil, penal, laboral, mercantil o administrativa) existen diferencias, sino que entre un juzgado y otro "puede haber un mundo en el trato a los ciudadanos, según sean el juez y el secretario".
La estadística de 2008 del Poder Judicial revela que las quejas de los ciudadanos por desatención se achacan mayoritariamente a los funcionarios judiciales (57%), después al juez (24%, cuatro puntos más que en 2007). "Es necesario replantearlo todo, pero empezando por el concepto del proceso, cosa que no ha hecho el Poder Judicial hasta ahora", explica Manuela Carmena. Ella fue vocal cinco años y asegura que ya expuso estas ideas sin ningún éxito. "Hay que cambiar la mentalidad y así se cambiará la relación de la justicia con los ciudadanos. No puede ser que casi siempre se le haga declarar a la gente de pie, o que si va a una oficina judicial casi nunca tenga silla para sentarse", dice.
Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la organización mayoritaria entre los jueces españoles, quita hierro a las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado. También defiende el trabajo de los funcionarios, que son los que más tratan con los ciudadanos, y, por ello, es razonable que soporten la mayor parte de las quejas. Con todo, admite que la justicia actúa con mecanismos muy enquistados y que sería necesario habilitar espacios en los juzgados para que víctimas y acusados estén separados antes del juicio -lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX- y que el juicio se celebrase sin demoras.
"La justicia en España funciona muy mal, como en Italia. Y en el resto de países de nuestro entorno, mal", sentencia el abogado José Luis Galán, "porque no ha habido intentos serios de arreglarlo, solo falsas declaraciones de intenciones".
Josep Junyent es un abogado catalán que vive a caballo entre Barcelona y la ciudad sueca de Umeå. En aquel país, el funcionamiento de la justicia es también un modelo a seguir. "En Suecia se intenta evitar el pleito siempre que se puede, los equipos de mediación están muy arraigados y muy reconocidos en la sociedad y todo es más simple que en España". Divorciarse de mutuo acuerdo, por ejemplo, es tan sencillo como rellenar un impreso y comunicarlo a la administración.
Allí los testigos disponen de un cómodo sillón cuando declaran, no han de acudir necesariamente a la sala de vistas y lo pueden hacer por teléfono -eso significa que los edificios están acondicionados para ello- y el proceso judicial está desposeído de toda liturgia. El juez y su ayudante, que es quien dirige el proceso, no visten toga, y se sientan junto a los miembros del jurado, pues casi todos los juicios penales se celebran por ese procedimiento. Y esos miembros del jurado se eligen de unas listas de hombres justos que designan los partidos políticos en cada municipio.
Una carta de derechos sin rango de ley
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que tiene carácter vinculante para jueces, fiscales y todos los profesionales relacionados con la justicia, reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido de forma respetuosa adaptada a sus circunstancias y a exigir que las actuaciones judiciales en las que intervenga "se celebren con la máxima puntualidad". En este sentido estipula que el juez o el secretario deberán informar al usuario de los motivos por los que se ha suspendido o retrasado esa actuación. Son contadas las ocasiones en que se actúa de esa manera en los tribunales españoles.
También se reconoce el derecho a que la comparecencia de un ciudadano ante un tribunal "resulte lo menos gravosa posible" de manera que solo se le podrá llamar "cuando sea estrictamente indispensable" y que las zonas de espera deberán reunir condiciones para asegurar una correcta atención. Otro de los derechos que se incumple a diario es el de proteger a los testigos o conocer la identidad de la autoridad o la persona que le atiende. También se reconoce el derecho a ser atendido personalmente por el juez o secretario respecto de cualquier incidencia y a utilizar y ser atendido la lengua oficial que escoja en su relación con la administración de justicia.
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