- El Ministerio de Justicia constituye la denominada comisión de seguimiento de coordinación de la crisis sanitaria junto a las comunidades autónomas, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los colegios profesionales
NUEVAMENTE EL MINISTRO DE JUSTICIA
DEJA FUERA, DE LAS DECISIONES QUE NOS AFECTAN EN LA CRISIS SANITARIA
EN NUESTRO ÁMBITO, AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El ministro de Justicia excluye de dicha comisión a las miles de personas trabajadoras de la Administración de Justicia, mientras manifiesta hipócritamente que "se pretende articular consensuadamente las medidas necesarias para lo referente a la actividad profesional desarrollada en la Administración de Justicia"
¿Con quién pretende consensuarlas el ministro, si vuelve a dejar al margen al colectivo más importante y numeroso, el personal funcionario y el personal laboral, y toma decisiones sin ni siquiera comunicarlas a sus representantes en la reunión que ha tenido lugar hoy mismo?
Hoy, tras la reunión que el secretario general del ministerio ha mantenido con los sindicatos representativos a primera hora de la mañana, se ha reunido el ministro de Justicia con las CCAA con competencias transferidas, con participación del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, y han acordado lo siguiente:
- La nueva Comisión ha acordado poner a disposición de las autoridades sanitarias –es decir, del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias autonómicas- los servicios de los 765 médicos forenses que no estén prestando servicios esenciales en la Administración de Justicia.
- En el ejercicio de su función, estos profesionales desempeñarán funciones sanitarias de diagnóstico, atención primaria, monitorización o cualesquiera para las que estén capacitados dentro del campo de la medicina.
- La Comisión también pone a disposición de la situación de alerta sanitaria a los 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que pueden dar apoyo en la detección del Covid-19.
- El departamento que dirige Juan Carlos Campo y las consejerías de Justicia de las comunidades competentes en esta materia, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía, elaborarán una norma común sobre prevención de riesgos y medidas de seguridad para funcionarios/as judiciales en todo el territorio del Estado, aceptando así la propuesta que desde hace días le venimos exigiendo desde CCOO y que esperamos que esta vez sea realmente consensuada con la representación sindical.
En la reunión de la mañana del secretario general con los sindicatos representativos, aquél no ha informado del acuerdo que iba a trasladar el ministro de Justicia, unas horas después, a las CCAA transferidas, al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado, por el que se adoptan medidas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos especiales, 765 Médicos Forenses, 180 Facultativos, 84 Técnicos Especialistas y 83 Ayudantes de Laboratorio. Lo que demuestra la opacidad, manipulación y ausencia de voluntad de negociación del ministro de Justicia con las miles de personas trabajadoras de la Administración de Justicia. CCOO defiende la solidaridad y colaborar al máximo en las medidas necesarias para afrontar esta grave crisis, pero no es de recibo que el ministro la haya tomado unilateralmente y ocultado a la representación del personal afectado con la única intención de apuntarse un tanto ante la opinión pública y ocultar así el descontrol de esta crisis que ha caracterizado su gestión.
Porque el ministro de Justicia ha impedido que en la comisión de seguimiento participen los sindicatos representativos, como le había exigido CCOO y el resto de organizaciones sindicales, cuestión absolutamente imprescindible pues los más de 55.000 personas trabajadoras de la Administración de Justicia son la pieza fundamental para la prestación de los servicios esenciales.
Las y los trabajadoras de la Administración de Justicia exigimos de nuevo al ministro de Justicia:
- Tener voz en la comisión de seguimiento creada hoy, porque somos esenciales en el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.
- Aceptar de una vez lo que hemos reclamado insistentemente: que se garanticen los equipos de protección y la desinfección de los órganos judiciales, especialmente aquellos en los que se ha demostrado que han existido casos de coronavirus, y no se nos ha hecho caso en la mayoría de ellos.
- Discutir con seriedad y rigor las reclamaciones que venimos demandando y demostrando: que se pueden atender los servicios esenciales y los derechos fundamentales de la ciudadanía, mediante la modalidad de disponibilidad, excepto el servicio de guardia que será presencial.
- Sr. ministro: Déjese de hipocresías, y de falsas alabanzas en los medios de comunicación a los trabajadores/as, y asegure en cambio la participación del personal de la Administración de Justicia en dicha comisión, para que podamos hacer propuestas en igualdad de condiciones que el resto de los intervinientes de la Administración de Justicia.
NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
REUNIÓN DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA DE CANARIAS CON LOS SINDICATOS DE SU ÁMBITO E INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
En cambio, parece ser que el ministro va a permitir cierta flexibilidad en el establecimiento de los servicios mínimos y este extremo se desprende que hoy también ha tenido lugar una reunión en Canarias tras la reunión del ministerio con las CCAA y los acuerdos a los que han llegado son totalmente diferentes. Estos son:
- Se ha convenido, que desde ya, el horario laboral de permanencia en las dependencias judiciales/fiscales será de 09:00 a 14:00 horas (salvo los juzgados en servicio de guardia).
- Se buscará la mayor flexibilidad en el personal de servicios mínimos, respetando en todo caso los servicios esenciales, dictándose nueva instrucción este fin de semana, que buscará el rebajar el trabajo presencial en los juzgados y la mayor disponibilidad en caso de ser necesario, sin perjuicio de seguir avanzando en esa línea que requiere medidas de mayor tiempo y además que dependen también de la decisión del CGPJ, como por ejemplo, el articular mecanismos para que los juzgados de Paz no estén abiertos.
- Mañana sábado se reunirán para establecer un protocolo de prevención de riesgos y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia, que nos lo harán llegar para su conocimiento y aplicación.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha comunicado a las organizaciones sindicales del sector de justicia que la dotación de algunos órganos judiciales se podrá reducir para la prestación de los servicios esenciales y que la instrucción de riesgos laborales se va a consensuar con los sindicatos a nivel nacional.Estamos a la espera del desarrollo de los acontecimientos en los días inmediatos de lo que seguiremos informando. Imprimir artículo
