Publicado en www.lavozdegalicia.es
La Xunta no creó el registro que exigió la Agencia Protección de Datos
La alarmante inseguridad informática en los juzgados lucenses obligó a los responsables de algunos de ellos a adoptar severas medidas para proteger documentación totalmente reservada. No tienen garantías de que la misma pueda ser arrebatada por piratas o desaparezca inexplicablemente como ya sucedió en un par de ocasiones.
Los tres juzgados de instrucción que funcionan en la capital tienen actualmente abiertos procesos de gran trascendencia que implican a multitud de personas y sobre todo a instituciones y a muchos de sus responsables. Los casos de mayor trascendencia social están en el número 1 y también en el 3. En ambos se prepara la instrucción de operaciones como la Carioca y Campeón. Los documentos de éstas y otras investigaciones que van a parar al sistema informático de que dispone la Xunta para el trabajo diario de los juzgados no están seguros. Tanto es así que algunos jueces han optado, en ocasiones, por mantener fuera del sistema informes o declaraciones consideradas como muy calientes o trascendentales para el proceso.
La decisión adoptada por los jueces se debe a los casos de piratería, o incidencias informáticas, como la Xunta denomina lo ocurrido, después de lo acontecido en los últimos meses. El último capítulo en esta materia es la desaparición de un archivo completo de la Carioca de la fiscalía.
Un registro que no funciona
Según explicaron diversas fuentes, cuando un funcionario de un juzgado se mueve por el sistema informático deja rastro. Pero no ocurre lo mismo si alguien lo hace desde fuera. La documentación reservada está al alcance de personas ajenas por completo al juzgado.
Esta circunstancia ya provocó, a raíz de los primeros sabotajes o incidencias en el Juzgado de Instrucción 1 y la posterior denuncia formulada por la magistrada Pilar de Lara, que la Agencia Española de Protección de Datos requiriese a la Xunta, a finales de abril de este año, para crear un mecanismo que permita registrar todos los accesos a los procedimientos judiciales, incluido el modo de consulta. También exigía que estableciese un sistema para que los usuarios a autorizados a acceder a los ficheros automatizados no pudieran extraer información de los mismos. Estos y otros controles deberían estar bajo el control directo del responsable de seguridad competente. En los juzgados de Lugo no hay constancia de que estas medidas fueran aplicadas.
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Texto: Xosé Carreira
Imagen: Moralejo
