Jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, abogados y consumidores se unen contra las tasas y el resto de reformas del ministro
Alberto Ruiz-Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible: unir en contra de sus reformas a las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, sindicatos y consumidores. En una rueda de prensa conjunta sin precedentes, portavoces de 18 colectivos jurídicos distintos descalificaron este martes sin matices la gestión del ministro y especialmente el cobro de tasas a los ciudadanos por pleitear y los ataques a la independencia de jueces y fiscales.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, leyó en el acto un manifiesto que exige una rectificación al ministro de su gestión y la apertura de un "diálogo constructivo" del Gobierno con todos los sectores afectados que desemboque en un Pacto de Estado.
Los reunidos no solicitaron expresamente la dimisión de Ruiz-Gallardón como ministro --aunque algunas de las asociaciones participantes lo han hecho a título individual--, pero las asociaciones de jueces y fiscales le consideran 'amortizado' como titular de Justicia y han pedido reunirse directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los representantes de los jueces tampoco quisieron avanzar este martes si convocarán una huelga indefinida, y pospusieron la decisión al próximo mes de enero, cuando prevén que el Ejecutivo apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que creen que será un ataque a la independencia de la justicia.
Sin embargo, creen que sus protestas, que se iniciaron con una concentración frente al Ministerio y siguen mañana miércoles con un paro de una hora, están calando, como demuestra el hecho de que el ministro Ruiz-Gallardón sea ya el segundo peor valorado del Gobierno, sólo superado por Wert (según la última encuesta de Metroscopia).
Todos los colectivos coincidieron en que las nuevas tasas chocan contra el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. En palabras del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con la nueva Ley se pasa de "la tutela judicial efectiva, a la tutela judicial en efectivo".
Las asociaciones y colectivos que apoyan esta protesta contra la gestión de Gallardón son el Consejo General de la Abogacía, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces "Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, así como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y el Sindicato de Secretarios Judiciales. También se han sumado la Confederación Sindical Independiente de Funcinarios (CSIF), CC.OO., UGT, USO, STAJ, el Consejo de Consumidores y Usuarios, Facua, y la Plataforma Justicia de Todos.
"El mayor ataque a la independencia judicial"
Entre las intervenciones más contundentes en la comparecencia ante la prensa destacó la del presidente del Foro Judicial Independiente y juez decano de Zaragoza, Angel Dolado, quien calificó las reformas en materia de Justicia llevadas a cabo por el Gobierno comno "el mayor ataque a la independencia de los jueces que se ha consumado en 30 años de democracia". Por la asociación "Francisco de Vitoria", José Luis González Armengol, que además es juez decano de Madrid, destacó que a la crisis económica se ha unido una crisis de competencia en el Ministerio "para resolver los problemas estructurales de la justicia y garantizar la división de poderes".
Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, criticó el "populismo y sensacionalismo" de las iniciativas improvisadas y decepcionantes de Ruiz-Gallardón, a quien invitó a visitar los juzgados para conocer la situación real de la justicia. Anunció, como un motivo de esperanza, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha aceptado reunirse con las asociaciones de jueces y fiscales el próximo jueves día 13.
Tanto la Unión Progresista de Fiscales como la de Secretarios Judiciales, incidieron en la amenaza de privatización de la justicia que supone el proyecto de nuevo Registro Civil que prepara Ruiz-Gallardón, al dejar en manos de notarios y registradores de la propiedad esa oficina, y previendo cobrar tasas por determinadas gestiones.
El más tibio en sus manifestaciones fue el representante de la APM, mayoritaria entre los jueces y de carácter conservador. Alvaro Martín, tercer portavoz distinto que les representa en un acto en el último mes y medio, dió a entender que ellos no creen un problema negociar con Ruiz-Gallardón, a quien la Comisión Interasociativa de la que forman parte considera un interlocutor 'amortizado'. La APM quiere, dijo Martín, solucionar los problemas, "sea con el presidente, con el ministro, con el secretario de Estado o con el director general".
En cuanto a los consumidores, la presidenta del colectivo, Paca Sauquillo, recordó que han pedido a la Defensora del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas por vulnerar el derecho a la igualdad y el de la tutela judicial efectiva.
Publicado el 11/12/2012 en www.publico.es
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