Texto del anteproyecto de Ley: podéis descarlo en este enlace.
El Gobierno entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión de los registros civiles, Cuerpo al que, no casualmente, pertenecen el Director y Subdirector de los Registros y del Notariado, así como el propio Rajoy, Presidente del Gobierno.
El Gobierno entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión de los registros civiles, Cuerpo al que, no casualmente, pertenecen el Director y Subdirector de los Registros y del Notariado, así como el propio Rajoy, Presidente del Gobierno.
La inscripción y la certificación del nacimiento, defunción, matrimonio
y divorcio, nacionalidad, tutela, los actos de última voluntad… deberán ser
pagados por los ciudadanos.
La privatización de los registros civiles se hace después de que con
cargo a los impuestos de los ciudadanos, el ministerio de Justicia haya gastado
más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los
registros civiles.
El anteproyecto de la Ley de la reforma integral de los Registros civiles, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros, contiene modificaciones radicales para la tramitación de todos los actos, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas.
Si la movilización no lo impide,
a partir de la entrada en vigor de esta ley, los ciudadanos deberemos pagar por
todas las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas,
porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (Jueces,
Secretarios y Funcionarios Judiciales), mientras lo que pretenden Gallardón y
Rajoy es entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y
mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.
Lo auténticamente escandaloso es
que el propio Director General y Subdirector General de los Registros y del
Notariado que han participado activamente en la dirección de elaboración del
texto de la reforma de la ley de registros civiles, Joaquín José
Rodríguez Hernández y Fco. Javier Vallejo Amo, respectivamente, pertenecen al
Cuerpo de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles. Tampoco es un secreto que el propio
Presidente del Gobierno pertenece a dicho cuerpo en servicios especiales y con
reserva de plaza.
No se le oculta a nadie que la
aprobación de esta reforma de los registros puede estar plagada de
"conflicto de intereses o de captura del regulador", porque entregar
desde el Ministerio de Justicia a los registradores, que son funcionarios
públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado sino de los
aranceles que pagan los usuarios de los servicios que prestan, la gestión de
los registros civiles, plantea como mínimo la duda más que razonable de si el
proceso no está viciado desde su comienzo.
El anteproyecto de reforma
integral de los registros civiles contiene, entre otras, las disposiciones
siguientes:
· Los encargados de los registros serán los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a los que se asigna la llevanza de todos los registros jurídicos. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los registros.
Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados por la Comunidad Autónoma.
· Los encargados de los registros serán los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a los que se asigna la llevanza de todos los registros jurídicos. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los registros.
Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados por la Comunidad Autónoma.
. Los
Registradores de la
Propiedad y Mercantiles cobrarán mediante los
correspondientes Aranceles, a cargo del ciudadano, sus honorarios y los costes
derivados de la prestación del servicio público, que dejará de ser gratuito.
· Reduce el número de registros civiles a una por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Elimina el Registro Civil Central.
· Atribución a los notarios de la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el matrimonio civil, competencia del Juez o Alcalde hasta el momento, deja también de ser gratuito.
· Reduce el número de registros civiles a una por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Elimina el Registro Civil Central.
· Atribución a los notarios de la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el matrimonio civil, competencia del Juez o Alcalde hasta el momento, deja también de ser gratuito.
. Se
introduce una clara discriminación contra el matrimonio civil respecto al
religioso.
· Mientras los ciudadanos deberán pagar por las inscripciones y certificaciones, las AAPP estarán exentas de coste.
· Mientras los ciudadanos deberán pagar por las inscripciones y certificaciones, las AAPP estarán exentas de coste.
. El
personal funcionario que preste servicios en los registros civiles únicos o en
Juzgados con competencias en materia de registro civil perderán su plaza y
serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos
judiciales. No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las
retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante
procedimientos de movilidad geográfica forzosa.
La privatización de los registros civiles se hace después de que con cargo a los impuestos de los ciudadanos, el ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, y ahora se entregue a los intereses privados no sólo la gestión y cobro a los ciudadanos por actos obligatorios, sino se les regalen a los registradores esas decenas de millones de euros que hemos pagado con el sacrificio de todos y con nuestros impuestos.
La desvergüenza del Ministro de Justicia y del Gobierno, tras la aprobación de la infame Ley de Tasas, alcanza cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de privatizar la Administración de Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos verán imposible en el futuro inmediato su acceso a la Justicia debido a la ley de Tasas, y ahora, también, no podrán ni siquiera poder solicitar los certificados obligatorios imprescindibles como los de nacimiento, defunción, matrimonio…, al tener que pagar por ellos doblemente, con los impuestos y con los aranceles.
Ante esta privatización de los registros civiles es necesario recordar que los registradores de la propiedad ya han demostrado su falta de preocupación por los intereses de los ciudadanos cuando organizaciones de consumidores denunciaron el cobro excesivo de los registradores por la cancelaciones hipotecarias, con cantidades indebidamente cobradas que ascendían, según estas mismas denuncias, a más de 400 millones de euros.
La privatización de los registros civiles se hace después de que con cargo a los impuestos de los ciudadanos, el ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, y ahora se entregue a los intereses privados no sólo la gestión y cobro a los ciudadanos por actos obligatorios, sino se les regalen a los registradores esas decenas de millones de euros que hemos pagado con el sacrificio de todos y con nuestros impuestos.
La desvergüenza del Ministro de Justicia y del Gobierno, tras la aprobación de la infame Ley de Tasas, alcanza cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de privatizar la Administración de Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos verán imposible en el futuro inmediato su acceso a la Justicia debido a la ley de Tasas, y ahora, también, no podrán ni siquiera poder solicitar los certificados obligatorios imprescindibles como los de nacimiento, defunción, matrimonio…, al tener que pagar por ellos doblemente, con los impuestos y con los aranceles.
Ante esta privatización de los registros civiles es necesario recordar que los registradores de la propiedad ya han demostrado su falta de preocupación por los intereses de los ciudadanos cuando organizaciones de consumidores denunciaron el cobro excesivo de los registradores por la cancelaciones hipotecarias, con cantidades indebidamente cobradas que ascendían, según estas mismas denuncias, a más de 400 millones de euros.
Los registros civiles realizan
alrededor de 1.300.000 trámites anuales. Si el arancel por cada trámite fuera,
según todas las informaciones, de entre 10 y 40 euros, no es difícil obtener el
resultado de la recaudación obtenida en la privatización que pretende el
Gobierno. Incluso, aunque fuera verdad que algunos de estos trámites siguieran
siendo gratuitos, la recaudación sería millonaria.
¡¡¡DENUNCIAMOS QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL GOBIERNO PRETENDEN
ACABAR CON LA JUSTICIA
COMO SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO PARA LOS CIUDADANOS!!!
¡¡¡DESPUÉS DE LA LEY DE
TASAS, AHORA PRETENDEN PRIVATIZAR LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡MOVILICÉMONOS PARA IMPEDIRLO!!!
RECORDAMOS QUE LA PLATAFORMA
"JUSTICIA PARA TODOS" HA CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO 12 DE DICIEMBRE,
DE 12 A
13 H, CONCENTRACIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
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