Publicada en www.infolibre.es
FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ
“Quien hace un cesto, hace ciento.” Se entiende que aquel que es deshonesto en un aspecto de la vida profesional será deshonesto en la totalidad de la misma, solo es cuestión de oportunidad o precio. Es este el mecanismo que nos hace huir de aquellos expertos, fontaneros o abogados que se desempeñaron con flagrante falta de diligencia o parcialidad o negligencia o deshonestidad en alguna ocasión y, por lo tanto, cuando necesitamos de sus servicios, preferimos a cualquier otro, incluso aquel del que no tenemos referencias antes que volver a tener trato con el que nos viene señalado por aquella actuación viciada que nos consta.
Quien aceptó soborno de un empresario español, ¿lo volverá a admitir de otro empresario? Y si el empresario es extranjero, ¿lo rechazará? Es posible que desde un importantísimo cargo de representación pública se pueda actuar contra el interés general para beneficiarse actuando arbitrariamente.
Quien así se desempeña, ¿volverá a actuar idénticamente si se le presenta otra oportunidad? Estas y otras consideraciones nos asaltan al repasar la trayectoria de eminentes políticos españoles y europeos que, habiendo alcanzado la cima de relevantes cargos en la Administración pública y tras años de ejercicio sin tacha aparente, se revelan repentinamente un día con hechos, decisiones, actitudes más que perjudiciales o inquietantes para el interés público.
Un presidente de gobierno alemán, tras negociar su gabinete un contrato de suministro de combustible con una empresa extranjera dependiente del gobierno de su país, llegado el día del cese en sus funciones, y tras un breve período de “descompresión”, pasa a ocupar un cómodo y excelentemente retribuido puesto en el organigrama de dicha empresa que, gracias a las gestiones de aquel, se encuentra en posición de presionar eficazmente a los sucesivos gobiernos alemanes a la hora de tomar decisiones que afecten a los intereses de esta compañía o al gobierno extranjero del que depende.
Un ministro de Sanidad o consejero del mismo ramo de una comunidad autónoma española influye decisivamente en la concesión de servicios esenciales que ofrecen pingües perspectivas de beneficio a favor de un consorcio empresarial perjudicando el interés general: peor servicio, sobrecostes... Finalizado su mandato o cesado o dimitido el exconsejero o exministro pasa a detentar puesto de asesor “a mesa puesta” en la empresa beneficiada por la Administración que dirigiósatisfaciendo con largueza las pretensiones comerciales que dicho grupo empresarial codiciaba.
Estos son hechos recientes en la historia de la Administración europea, española y de sus comunidades autónomas. Se suceden con relativa frecuencia y reiteración como para considerarlas si no habituales tampoco excepcionales.
La duda que inquieta al ciudadano que reflexiona sobre hechos de esta naturaleza se extiende al ámbito exterior. Es decir, si en España un representante público cualificado se aviene a beneficiar, con las decisiones que le competen, a un particular en detrimento del interés general, ¿hemos de suponerle escrúpulos especiales cuando este particular beneficiado es ciudadano de un país extranjero? ¿Hará ascos a la retribución en metálico o en especie si ese particular es una empresa avalada por el gobierno de un importante país extranjero?
Me explico. En los tiempos previos a la independencia de la entonces provincia española conocida como Guinea Española, la metrópoli, es decir España, debió realizar o encargar la ejecución de todo tipo de sondeos para localizar recursos naturales que pudieran ser explotados como yacimientos de mineral o más concretamente gas o petróleo. Dichas catas, al parecer, dieron un resultado negativo.
Sorprendentemente menos de dos décadas después de la firma de los acuerdos por los que se reconocía la independencia de la ya excolonia o exprovincia española, aparecen bajo patrocinio de empresas estadounidenses y francesas importantes recursos petrolíferos que “no existían” para la Administración española. Este curioso hecho, llamativo al menos, jamás ha merecido una explicación que aclarase la aparición-desaparición de bolsas petrolíferas como si fueran la isla de San Borondón.
Las mentes más analíticas apuntan a una probable actuación desleal cuando menos de las compañías encargadas de los sondeos, que ocultarían los resultados de los análisis a la Administración española en beneficio de otros actores que aparecieron con posterioridad a la independencia. Hay quien piensa que si las empresas encargadas de la búsqueda hicieron correctamente su trabajo sería “alguien desde dentro” y altamente cualificado el que traficaría con dicha información en beneficio de países o empresas extranjeras que le habrían hecho “una oferta que no pudo rechazar” perjudicando los intereses públicos nacionales de España y engordando su peculio particular. Esperaremos a que el asunto sea tratado en el programa de investigación de hechos inexplicables que presenta Iker Jiménez, Cuarto Milenio.
Enlazando con sucesos de similar naturaleza nos encontramos hoy con un Gobierno español cuajado de “registradores de la propiedad” y presidido por el registrador de la propiedad de Santa Pola, ya bajo sospecha de aceptar sobres en negro, que llevándose por delante el interés general de los usuarios, es decir de los españoles, toma las decisiones oportunas para beneficiar, privatizando el Registro Civil, al gremio registral al que pertenecen él y un puñado de altos funcionarios de su Gabinete, con el que está emparentado algún ministro decisivo en lo tocante al Registro Civil, sin que se oiga el vuelo de una mosca, salvo quizá el mosqueo en la prensa de algún celoso notario.
Esperaremos pacientes a que el oportuno capítulo de Cuarto Milenio nos ofrezca las claves de tan inexplicable por inadmisible suceso. Entretanto seguiremos ejerciendo el derecho a voto con el acierto manifestado hasta hoy en la elección del Gobierno de España, de la Comunidad de Valencia, de Cataluña, de Madrid… y demás ejemplos sacados del manual Cómo entregar impecablemente un país a las tramas corruptas y salir perdiendo sin salir escaldado.
Quien aceptó soborno de un empresario español, ¿lo volverá a admitir de otro empresario? Y si el empresario es extranjero, ¿lo rechazará? Es posible que desde un importantísimo cargo de representación pública se pueda actuar contra el interés general para beneficiarse actuando arbitrariamente.
Quien así se desempeña, ¿volverá a actuar idénticamente si se le presenta otra oportunidad? Estas y otras consideraciones nos asaltan al repasar la trayectoria de eminentes políticos españoles y europeos que, habiendo alcanzado la cima de relevantes cargos en la Administración pública y tras años de ejercicio sin tacha aparente, se revelan repentinamente un día con hechos, decisiones, actitudes más que perjudiciales o inquietantes para el interés público.
Un presidente de gobierno alemán, tras negociar su gabinete un contrato de suministro de combustible con una empresa extranjera dependiente del gobierno de su país, llegado el día del cese en sus funciones, y tras un breve período de “descompresión”, pasa a ocupar un cómodo y excelentemente retribuido puesto en el organigrama de dicha empresa que, gracias a las gestiones de aquel, se encuentra en posición de presionar eficazmente a los sucesivos gobiernos alemanes a la hora de tomar decisiones que afecten a los intereses de esta compañía o al gobierno extranjero del que depende.
Un ministro de Sanidad o consejero del mismo ramo de una comunidad autónoma española influye decisivamente en la concesión de servicios esenciales que ofrecen pingües perspectivas de beneficio a favor de un consorcio empresarial perjudicando el interés general: peor servicio, sobrecostes... Finalizado su mandato o cesado o dimitido el exconsejero o exministro pasa a detentar puesto de asesor “a mesa puesta” en la empresa beneficiada por la Administración que dirigiósatisfaciendo con largueza las pretensiones comerciales que dicho grupo empresarial codiciaba.
Estos son hechos recientes en la historia de la Administración europea, española y de sus comunidades autónomas. Se suceden con relativa frecuencia y reiteración como para considerarlas si no habituales tampoco excepcionales.
La duda que inquieta al ciudadano que reflexiona sobre hechos de esta naturaleza se extiende al ámbito exterior. Es decir, si en España un representante público cualificado se aviene a beneficiar, con las decisiones que le competen, a un particular en detrimento del interés general, ¿hemos de suponerle escrúpulos especiales cuando este particular beneficiado es ciudadano de un país extranjero? ¿Hará ascos a la retribución en metálico o en especie si ese particular es una empresa avalada por el gobierno de un importante país extranjero?
Me explico. En los tiempos previos a la independencia de la entonces provincia española conocida como Guinea Española, la metrópoli, es decir España, debió realizar o encargar la ejecución de todo tipo de sondeos para localizar recursos naturales que pudieran ser explotados como yacimientos de mineral o más concretamente gas o petróleo. Dichas catas, al parecer, dieron un resultado negativo.
Sorprendentemente menos de dos décadas después de la firma de los acuerdos por los que se reconocía la independencia de la ya excolonia o exprovincia española, aparecen bajo patrocinio de empresas estadounidenses y francesas importantes recursos petrolíferos que “no existían” para la Administración española. Este curioso hecho, llamativo al menos, jamás ha merecido una explicación que aclarase la aparición-desaparición de bolsas petrolíferas como si fueran la isla de San Borondón.
Las mentes más analíticas apuntan a una probable actuación desleal cuando menos de las compañías encargadas de los sondeos, que ocultarían los resultados de los análisis a la Administración española en beneficio de otros actores que aparecieron con posterioridad a la independencia. Hay quien piensa que si las empresas encargadas de la búsqueda hicieron correctamente su trabajo sería “alguien desde dentro” y altamente cualificado el que traficaría con dicha información en beneficio de países o empresas extranjeras que le habrían hecho “una oferta que no pudo rechazar” perjudicando los intereses públicos nacionales de España y engordando su peculio particular. Esperaremos a que el asunto sea tratado en el programa de investigación de hechos inexplicables que presenta Iker Jiménez, Cuarto Milenio.
Enlazando con sucesos de similar naturaleza nos encontramos hoy con un Gobierno español cuajado de “registradores de la propiedad” y presidido por el registrador de la propiedad de Santa Pola, ya bajo sospecha de aceptar sobres en negro, que llevándose por delante el interés general de los usuarios, es decir de los españoles, toma las decisiones oportunas para beneficiar, privatizando el Registro Civil, al gremio registral al que pertenecen él y un puñado de altos funcionarios de su Gabinete, con el que está emparentado algún ministro decisivo en lo tocante al Registro Civil, sin que se oiga el vuelo de una mosca, salvo quizá el mosqueo en la prensa de algún celoso notario.
Esperaremos pacientes a que el oportuno capítulo de Cuarto Milenio nos ofrezca las claves de tan inexplicable por inadmisible suceso. Entretanto seguiremos ejerciendo el derecho a voto con el acierto manifestado hasta hoy en la elección del Gobierno de España, de la Comunidad de Valencia, de Cataluña, de Madrid… y demás ejemplos sacados del manual Cómo entregar impecablemente un país a las tramas corruptas y salir perdiendo sin salir escaldado.
Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre
