Publicado en www.cadenaser.com
El registro civil quedará privatizado y pasará a manos de los registradores mercantiles. Además se desarrollará una plataforma electrónica para procesar los datos
El efecto más importante de la Reforma Judicial es que desaparecerán los 20 partidos judiciales en la Comunidad de Madrid. No habrá juzgados por tanto en los municipios y los vecinos se tendrán que desplazar a la capital para hacer cualquier gestión relacionada con la administración de justicia.
El registro civil queda así privatizado, como ya lo anunció el Consejo de Ministros a primeros de julio, y en manos de los registradores mercantiles que asumirán la gestión de los Registros Civiles, en sustitución de los jueces, y se encargarán dedesarrollar una plataforma electrónica para procesar los datos que serán de titularidad pública.
La legislación española obliga a inscribir todos los actos relacionados con nuestra vida en el registro civil. Para acceder a guarderías públicas, colegios públicos, optar a pensiones de viudedad o subsidios por incapacidad, por ejemplo, es necesario mostrar el estado civil.
Además este real decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización, establece que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.
Según Justicia, el plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo.
Esta reforma afectará a millones de ciudadanos madrileños aunque según Alberto Ruiz Gallardón, mejorará la administración de justicia. Algo con lo que Felicidad López, de Comisiones Obreras no está de acuerdo ya que dice "que impedirá la utilización de la administración de justicia por parte de los ciudadanos".
Felicidad lo expone con un ejemplo: "cualquier vecino de Leganés que tenga que sacar una partida de nacimiento para inscribir a su hijo en una guardería tendrá que trasladarse al Registro Mercantil de Madrid y pagar por la certificación". Esto propiciará "que los ciudadanos que mayor poder adquisitivo tengan garantizado que la justicia irá rápida".
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ya advirtió hace unas semanas que la reforma de Gallardón "disuade" al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los obstáculos que tiene que sortear. "Va a tender a no pedirlo, porque tiene que irse muy lejos, reiterarlo 80 veces. Son trabas que persiguen la disuasión del ciudadano.
Podéis oír la entrevista realizada a nuestra compañera Felicidad López del Sector de Justicia de CCOO en Madrid en la página web de la Cadena Ser.
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