- Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO CyL), ha hecho públicos esta mañana los motivos que le han llevado, en solitario, a convocar una huelga en este sector en todo el país para el próximo día 8 de octubre. Por un lado, la ya efectiva privatización de los registros civiles en España, y por otro, la reforma de la estructura judicial española, que en realidad no es otra cosa que reducir a la mitad este servicio.
Esto va suponer, “si nadie lo impide”, remarca Javier David Sanz de la Cal, responsable regional del Sector de Justicia de la FSC-CCOO CyL, “una notable pérdida de empleo público y de calidad en la prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía”. De los 2.500 empleos con que cuenta la Administración de Justicia en Castilla y León, 500 corresponden al ámbito de los registros civiles (unos 80 en Valladold), por lo que tras la privatización de los mismos corren serio peligro. En total, peligran algo más de 3.500 empleos en todo el Estad español.
“El Ministerio no nos garantiza la continuidad de todos estos puestos de trabajo. Quizá en el ámbito no transferido a las comunidades autónomas puede que sí, pero en el transferido es muy difícil que sí se haga”, nos dijeron ayer martes día 15 de julio en el transcurso de la reunión de la Mesa de Negociación de Justicia celebrada en Madrid
A partir del próximo 15 de julio de 2015 serán los registradores mercantiles y de la propiedad los encargados de todas las tramitaciones administrativas que en la actualidad se dispensan a la ciudadanía desde los registros civiles. Los dos problemas básicos que se derivan de esta permuta es que ya no serán gratuitas y tampoco se podrán ejecutar en los propios lugares de residencia de los ciudadanos y ciudadanas. “Y todo por lo que pone en un pequeño párrafo, que pasa prácticamente inadvertido, en la disposición adicional vigésima de un Real Decreto Ley publicado el pasado día 5 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por mucho que el Gobierno diga que se trata de empleados públicos, por haber tenido que pasar una oposición, en realidad los registradores mercantiles y de la propiedad no lo son”, indica nuestro compañero.
Para CCOO se trata del segundo mayor ataque a la impartición de una justicia pública tras la Ley de Tasas. Su puesta en marcha ha supuesto la caída de un 30% de los asuntos en los juzgados españoles.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una norma para amparar más recortes
Javier David Sanz de la Cal ha dejado bien patente en el transcurso de la rueda de prensa que la LOPJ supone una reducción de la estructura judicial de este país a la mitad. “Se va a llevar por delante los juzgados de paz, numerosas oficinas judiciales repartidas por toda la geografía, partidos judiciales y, por supuesto, miles de puestos de trabajo”.
Ante este panorama tan poco alentador para el empleo y para un servicio público tan importante como es el de justicia, nuestro sindicato ha decidido plantar batalla. “Además de la convocatoria de huelga en el sector para el 8 de octubre, están previstas numerosas movilizaciones antes y después de esta cita si el Gobierno persiste en su actitud. Vamos a hablar con la Defensora del Pueblo y con los diferentes grupos parlamentarios para poner en marcha un procedimiento de inconstitucionalidad de estas normas. Además, contamos con el apoyo de los municipios, que se verán notablemente perjudicados, y las diferentes asociaciones de consumidores”, sostiene De la Cal.
Y si todo lo anterior no son argumentos más que suficientes para proceder a una movilización sectorial de este calado, los procedimientos no les van a la zaga. “Han aprovechado la época estival, cuando la ciudadanía y los medios de comunicación ¿bajan un poco la guardia¿, para llevar a cabo dichas actuaciones. Está claro que los gobernantes del PP no quieren que nos enteremos de sus manejos. Sin olvidar que los nuevos rectores de los registros civiles podrán optar a una gran cantidad de información que antes estaba controlada solo por el personal público, por lo que también se puede entrar en conflicto con la Ley de Protección de Datos. En definitiva, aunque por ahora estamos solos, sindicalmente hablando, en esta lucha estamos convencidos de que tenemos a mucha gente por detrás que nos va a ayudar a dar marcha atrás a los desmanes gubernamentales en justicia”, subraya Javier David Sanz de la Cal.
