- CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público
Ante las informaciones publicadas ayer en el diario El País, en las que se anuncia una nueva batería de propuestas de ajuste hacia las empleadas y empleados públicos, CCOO informa que, de ser ciertas estas medidas, el sindicato responderá con la máxima contundencia
De materializarse estas iniciativas, que van en la línea de recortes de derechos y de desmantelamiento de los servicios públicos, esto supondría un paso más del Gobierno del Partido Popular en la destrucción del Estado de bienestar, además de repercutir un mayor coste de la crisis sobre las empleadas y empleados públicos, que ya han sufrido recortes en los últimos cuatro años.
El personal al servicio de las administraciones y empresas públicas ha sufrido importantes recortes en su salario, además de la supresión de una paga extra, la reducción o supresión de las ayudas de acción social, el aumento de la jornada, la supresión de días de vacaciones y asuntos propios, así como el recorte en los días de bajas médicas.
Por otro lado, el Área Pública de CCOO considera especialmente lesivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos que se profundice en la pérdida de empleo, tal y como se anuncia en las medidas contempladas por el PP.
Los medios de comunicación sacan a la luz las intenciones del gobierno del PP - que sólo oculta por intereses electorales - y de las comunidades autónomas - y ponen de manifiesto que el Ministro Montoro (uno de los expertos, junto con Gallardón, en poner en práctica maniobras de distracción) discute nuevos recortes con las comunidades autónomas
Que nadie se engañe, y que nadie nos engañe. El gobierno tiene como objetivo reducir el déficit público, únicamente, a costa de desmantelar los derechos sociales, los servicios públicos (entre ellos la Administración de Justicia con la privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los partidos judiciales, los juzgados de paz, las audiencias provinciales, que destruirá miles de puestos de trabajo, que impondrá la movilidad forzosa, que reducirá las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria así como las retribuciones complementarias) y de seguir recortando derechos de los empleados públicos.
En cambio, descaradamente, admite que los contribuyentes perdamos más de 11.500 millones de euros al vender al BBVA, por sólo 1.187 millones, un banco, el Catalunya Banc, por cuyo rescate hemos tenido que pagar 12.622 millones de euros.
Reproducimos parte del artículo publicado en el diario El País que literalmente dice que las medidas más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal
“Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales están en el apartado de recortes en gastos de personal.
Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores.
Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto.
Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían.
Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—.
Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas.
No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.
Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie.
De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.
Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente.
En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.
¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!
PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS LABORALES Y RETRIBUTIVOS!!
¡¡NO A LA MOVILIDAD FORZOSA!!
¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN!!
EN DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO
EMPLEA TU FUERZA, VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS
¡¡ SÍ SE PUEDE!!
¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!
8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
