El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, tras el anuncio del ministro de Justicia de asignar a los registradores mercantiles la llevanza del Registro Civil, quiere manifestar su absoluta disconformidad con la decisión adoptada.
Los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición a la asunción del Registro Civil en la Asamblea General celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
No obstante lo anterior, y ante la pretensión del Ministerio, el Colegio ha presentado distintas propuestas que, a diferencia de la decisión adoptada, respondían, a juicio de este Colegio, a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. Además el anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.
Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia.
El Colegio lamenta que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza. Asimismo expresa su preocupación y malestar por esta forma de proceder por parte del Ministerio -que puede provocar un cisma en el cuerpo de registradores- después de la colaboración que en todo momento ha prestado este colectivo financiando y gestionando, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos.
La Junta de Gobierno de este Colegio, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión, -de la cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación- estudiará y, en su caso, adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, sin detrimento del interés general.
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