CCOO DENUNCIA que el ministro de Justicia miente cuando afirma que la privatización de los registros civiles se realiza “para frenar lo actuales problemas existentes”, sin asumir su exclusiva responsabilidad a la que les ha abocado intencionadamente
Con
argumentos que buscan confundir y engañar a la opinión pública, el ministro de
Justicia ha desvelado en el Senado que finalmente serán los Registradores
Mercantiles quienes se harán cargo de la gestión de los Registros Civiles, tal y como CCOO ha venido denunciando desde hace meses que se
estaba gestando, privatizando con ello un servicio público esencial, por
más que las inscripciones y las certificaciones puedan seguir siendo gratuitas
(de momento y si fuera verdad). Simultáneamente al anuncio del Ministro la
página web del Ministerio de Justicia ha publicado una nota de prensa tratando
de justificar por qué el Registro Civil va a ser asumido por los Registradores
Mercantiles.
Con este anuncio el Ministro de Justicia
acaba con el paripé de alegar que la decisión de la atribución de la gestión
del Registro Civil no estaba tomada, pues desde el principio ha querido sacarlo
de las Administraciones públicas y entregarlo a manos y gestión privadas,
como finalmente va a hacer.
Una vez más, el personal de la Administración de
Justicia nos sentimos estafados con este Ministro, quien intenta engalanar con
su verborrea lo que es la privatización de un servicio público esencial, que
será sufragado por todos los ciudadanos en beneficio de funcionarios que harán propios los beneficios
derivados de la gestión de un servicio público.
Los argumentos del Ministerio de Justicia son falaces y caen por su
propio peso, y sólo buscan justificarse ante las previsibles críticas que van a
recibir por privatizar un servicio público esencial.
Los
Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, sí, porque acceden
a la carrera por oposición, pero ejercen su función pública en régimen de
gestión privada, cobrando directamente a los ciudadanos que tienen que
acudir a ellos para cualquier servicio relacionado con sus empresas, lo que les
garantiza unos ingresos a costa de todos los ciudadanos superiores en mucho
que el mejor pagado de los funcionarios públicos de España. Mientras la
gran mayoría de funcionarios cobramos con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado y nuestras retribuciones son objeto de recortes y congelación
salarial, los Registradores Mercantiles hacen propios los cuantiosos beneficios
que obtienen por inscribir actos en el Registro Mercantil, por el que tienen
que pasar obligatoriamente todas las empresas para cualquier acto con mínima
relevancia jurídica, enriqueciéndose a costa de todos los ciudadanos. Si son
funcionarios públicos, que cobren nómina con recortes como todos, y que los
beneficios de su actividad pública vayan a las arcas del estado y no a sus
bolsillos.
Además, el Ministro de Justicia “omite” que el
personal que trabaja en las oficinas de los registros mercantiles no son
funcionarios públicos, sino personas contratadas (y despedidas)
directamente, sin concurso público alguno, por el Registrador de turno, por
lo que no les son de aplicación las obligaciones y deberes que les son de
aplicación a todos los funcionarios públicos. Estas personas contratadas, y
por tanto con riesgo de perder su empleo si no obedecen fielmente las órdenes
de los registradores, son quienes principalmente van a manejar los datos
personales de millones de personas. Y no es lo mismo manejar datos impersonales
de empresas y sociedades que los datos personales de todos los ciudadanos.
La
plataforma electrónica que dice el
Ministerio que desarrollarán los Registradores Mercantiles, supuestamente de
titularidad pública y no constará un euro a los ciudadanos por ser enteramente
sufragada por dichos Registradores, no es sino un desarrollo de las actuales
aplicaciones informáticas de Registro Civil ya pagadas con los impuestos de
todos los ciudadanos. Además la creación de plataformas para la
realización de trámites electrónicos es obligación de toda administración: no
hay más que ver el Catastro, la Seguridad Social o Hacienda.
La
interoperabilidad entre Administraciones
que permitirá supuestamente el nuevo sistema informático, de forma que el 85% de las certificaciones que se expiden
actualmente en el Registro Civil sean innecesarias y se evite que el ciudadano
tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites, ya es
posible y sólo precisa de una mínima modificación del programa Inforeg que
el Ministerio de Justicia no ha querido acometer para que desde
cualquier Registro Civil se puedan expedir certificaciones de inscripciones
practicadas en otros registros o desde cualquier administración acceder a la
base de datos del Registro Civil. Si el Ministerio de Justicia no lo ha querido
hacer ha sido sólo para justificar con ello el traspaso del Registro Civil a
los Registradores Mercantiles con las supuestas ventajas que todos obtendremos.
El
Ministerio de Justicia sabe perfectamente que no tiene nada que ver la
llevanza de registros de personas jurídicas (y no de todas, sólo de las que tienen objeto mercantil) con la de los
registros de las personas físicas, de la misma forma que no es lo
mismo el Código Mercantil que el Civil y la legislación foral, la publicidad de
una empresa que la de una filiación adoptiva o una incapacidad, o la inscripción
de un cambio de administrador con el nacimiento de un niño.
Tampoco cabe justificar
la atribución del Registro Civil a los registradores mercantiles en que se
busca frenar los problemas que plantean los registros civiles (largas
colas, citas previas para tramitar expedientes dentro de varios años, etc),
porque ello es culpa directa del Ministerio de Justicia y de algunas de las
Comunidades con competencias en materia de Administración de Justicia, que no
han puesto ni ponen a disposición de los Registros Civiles los medios
personales y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las
oficinas del Registro Civil pese al elevado incremento de la población
extranjera en España desde el año 2000. El Ministerio de Justicia actúa como si
no tuviese culpa alguna en los problemas actuales de los Registros Civiles, tal
y como ya hizo cuando encomendó a los
Registradores de la
Propiedad la gestión de las tareas que en los expedientes de
nacionalidad correspondían al Ministerio de Justicia y que daban lugar a años
de espera en su resolución. Por cierto, siguen existiendo miles de
expedientes de nacionalidad presentados hace más de dos años sin resolver, lo
que demuestra que la encomienda de una gestión pública a los Registradores
(en este caso de la Propiedad )
no son una solución para afrontar las carencias de medios de las
Administraciones públicas para prestar los servicios públicos a que está
obligada.
El
Ministerio de Justicia insiste en la gratuidad tanto de las inscripciones como
de las certificaciones que se realicen, pero nada dice de los expedientes de
Registro Civil y de aquellas otras actuaciones complementarias para la creación
de actos del Registro civil (reconocimientos, declaraciones sobre nombre y
apellidos, vecindad civil o nacionalidad,
etc), por los que habrá que pagar. De hecho, el Ministerio de Justicia
ya ha dicho que se va a cobrar una tasa para la tramitación de los expedientes
de nacionalidad, y que los notarios tramitarán éstos así como los expedientes
de matrimonio civil, los que suponen el mayor número de expedientes de los
Registros Civiles. Además, ¿quién asegura que en 6 meses, 1 año ó 2, en una Ley
de Presupuestos u otra no se establezcan tasas por inscripción o certificado?
De lo que no cabe duda alguna es que actuaciones que hoy son gratuitas
mañana habrá que pagarlas, y que los Registradores Mercantiles verán
financiada su actividad relativa a los Registros Civiles (locales,
personal, equipamiento informático, etc) directa o indirectamente por todos
los ciudadanos, sin que les cueste un euro la gestión del Registro Civil,
en beneficio de los bolsillos de los Registradores Mercantiles que harán suyas
las posibles ganancias, como ya hacen respecto del Registro Mercantil.
También
confunde el Ministerio cuando afirma que con su reforma se garantizará que haya
una oficina en cada capital de provincia. Ahora desparecerán todas las
oficinas registrales de las localidades que no sean capitales de provincia, sin
que sea solución acudir al notario de la localidad (donde lo haya, y al que
habrá que pagar) o en las oficinas del Juzgado de Paz, que Gallardón suprime
en su proyecto de la LOPJ.
Por último, desaparecerán miles de puestos de
trabajo a corto plazo. Los interinos, como ocupan plazas vacantes, serán
despedidos, más pronto que tarde. Los titulares serán reordenados
forzosamente, y paulatinamente se irán
suprimiendo todas las plazas de la Administración de Justicia hoy dedicadas total o
parcialmente a tareas de Registro Civil. SI ESTO NO ES
UNA ESTAFA…
