EL GOBIERNO APROBARÁ EN UN PRÓXIMO
CONSEJO DE MINISTROS (4 o 11 de julio) LA PRÓRROGA DELA LEY 20/2011 DE
LOS REGISTROS CIVILES, QUE INCLUIRÁ ADEMÁS LA ENTREGA DE
CCOO
VUELVE A EXIGIR POR ESCRITO AL MINISTRO DE JUSTICIA SU PRESENCIA EN LA MESA SECTORIAL , PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE EL
ANUNCIO DE PROCEDER A LA PRIVATIZACIÓN DE
CCOO
anuncia que presentará, además de todas las acciones sindicales necesarias,
incluida la convocatoria de la huelga en la Administración de
Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as, todas las acciones
jurídicas necesarias para impedir esta gravísima privatización de los registros
civiles.
CCOO ha vuelto a trasladar a los máximos
responsables del Ministerio de Justicia (desde el Secretario de Estado de
Justicia al Director General de Relaciones con la Administración de
Justicia y también al Subsecretario de Justicia) la imperiosa y urgente
necesidad de la convocatoria de la mesa sectorial con presencia del ministro de
Justicia.
CCOO no va a tolerar que el ministro de
Justicia dé la callada por respuesta ante una situación de extrema gravedad
para los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia y de la ciudadanía.
En relación con las actuaciones que desde CCOO
entendemos se van a producir en los próximos días, os informamos:
- Seguramente,
el consejo de ministros aprobará en
breve (lo más probable es que sea el 4 o el 11 de julio próximos) una norma (que podría tener el
rango de Real Decreto Ley), que
entraría en vigor de inmediato (sin perjuicio del posterior trámite
parlamentario para que se convierta en proyecto de ley) que contendría dos
premisas:
a) Una
prórroga de la entrada en vigor de la ley 20/2011 de los Registros Civiles,
probablemente hasta julio de 2016, sin descartar que la entrada en
funcionamiento de la plataforma electrónica sea en junio de 2015.
b) La
inclusión en esta norma de la entrega a los registradores mercantiles de la
gestión de los Registros Civiles.
CCOO anuncia que presentará, además de
todas las acciones sindicales necesarias, incluida la convocatoria de la huelga
en la Administración
de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as, todas las acciones
jurídicas necesarias para impedir esta gravísima privatización de los registros
civiles pues a juicio de CCOO, un Real Decreto Ley que exceda de la mera prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 sería
inconstitucional, pues no reuniría los requisitos de extraordinaria y urgente
necesidad establecidos en la Constitución Española y supondría privar a las
Cortes del necesario debate sobre la privatización de un servicio público
esencial frente a lo acordado por consenso mayoritario en la Ley 20/2011.
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