Ante las informaciones confusas que están llegando a los centros de trabajo sobre que la vacatio legis que estudia el Ministerio de Justicia implicaría su renuncia a privatizar los registros civiles, es preciso aclarar lo siguiente:
1.- La ampliación y prórroga de la entrada en vigor de la ley 20/2011 de los Registros Civiles es imprescindible incluso para el Ministerio, porque queda tan solo 1 mes y 17 días para el 22 de julio (fecha de la entrada en vigor de dicha ley) y el Gobierno tiene obligación legal de prorrogar su entrada en vigor porque de lo contrario tendría que ponerla en marcha sin haber adaptado y puesto los medios materiales y personales necesarios.
Al contrario, según la información de que dispone CCOO, el Ministerio de Justicia sigue empeñado en entregárselos a los registradores (como venimos informando, ahora a los registradores mercantiles), y quitar su competencia al personal de la Administración de Justicia.
3.- Por tanto, la vacatio legis sin definir nítidamente que los Registros Civiles sigan servidos por personal de la Administración de Justicia no resuelve el problema de fondo, la intención del Gobierno de privatizar los Registros Civiles, si bien es verdad que alarga dos años más la situación actual, pero el problema de la privatización persiste. Y en ese tiempo deberemos mantener la presión para ganar esta batalla tan larga pero fundamental para los derechos del personal de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.
CCOO considera que es imprescindible mantener la presión hasta que la decisión final del Ministerio de Justicia sea mantener los registros Civiles servidos por personal de la Administración de Justicia, no solo prorrogar la entrada en vigor de la ley 20/2011
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