La respuesta del personal que presta servicios en la Administración de Justicia demuestra el rechazo a los proyectos de privatización del ministro Gallardón.
Tras la reforma integral de los Registros Civiles que supone la privatización del Registro Civil se une ahora la privatización de actos de comunicación y ejecución pues a partir de la aprobación de la LEC podrán realizar los procuradores (profesionales del ámbito privado) al convertirlos en la categoría de agentes de la autoridad, lo que demuestra el intento de Gallardón de desmantelar la Administración de Justicia como servicio público universal y gratuito.
Estos proyectos de privatización de la Administración de Justicia, supondrán la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo en toda España, y pondrán en marcha los planes de de ordenación de recursos humanos en los términos introducidos en la reforma de LOPJ publicada el pasado 28 de diciembre, reforma que ha sido llevado a cabo con un total desprecio al derecho fundamental de libertad sindical, incumpliendo la legalidad vigente plasmada en el Estatuto Básico del Empleado Público, pues ha sido aprobada sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia.
Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá restringido, una vez más, su derecho de acceso a la Justicia para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Ante este brutal ataque a los derechos laborales del personal que presta servicios en la Administración de Justicia CCOO, junto con el resto de los sindicatos integrantes de la plataforma unitaria, anima a todo el personal funcionario y laboral a secundar mayoritariamente las movilizaciones que se convoquen, sin descartar la huelga, para exigir la inmediata retirada de los proyectos del ministro Gallardón que suponen la privatización de la Administración de Justicia. Además animamos a toda la ciudadanía a que participe en las convocatorias pues todos estos proyectos suponen la usurpación de un derecho fundamental como es la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
DEFENDAMOS EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PORQUE SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS. Imprimir artículo
