La Mesa General de la Función Pública se ha cerrado sin acuerdo sobre los recortes a los empleados de la administración catalana, que afectan a 203.000 personas. Tras siete reuniones, las dos partes, Generalitat y sindicatos, se acusan de postura inmovilista y de no tener voluntad de negociar. Los sindicatos, CC OO, UGT e IAC, aseguran que la administración ha hecho teatro y que el recorte estaba decidido desde el primer día. “Ha sido una farsa, una trampa. Han celebrado las siete sesiones de la mesa para tener las actas y que sea todo oficial y que así no les podamos impugnar las decisiones en los tribunales”, ha asegurado Ricardo Rodilla, de IAC. A su turno, fuentes del departamento de Gobernación responden: “Las negociaciones se han roto cuando han entregado un documento en el que afirman que las medidas son negativas y responsabilizan al Gobierno de cualquier decisión que se tome”. El cierre de la Mesa sin acuerdo se produce 48 horas después de que 10.000 funcionarios abarrotaran la plaza de Sant Jaume en protesta contra los recortes y solo 24 horas después de que, pese al clamor, el Gobierno anunciara que retrasará el pago de la doble de Navidad y que no la cobrarán entera.
Total, “estamos como en la tercera reunión, nos habríamos podido ahorrar todo el resto”, afirmaba ayer la responsable de Educación de CC OO, Montse Ros. En esa reunión, la Generalitat reculó en el importe total del recorte: de 860 millones inicialmente previstos a 625. La rebaja consistió en no eliminar los complementos por méritos y antigüedad de los maestros, que suponen casi 300 millones de euros al año. Posteriormente se comprometió a no despedir interinos y en su lugar reducir un tercio la jornada laboral a los que trabajan en tareas administrativas y técnicas.
Visiblemente enojados, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones: serán concentraciones de protesta el próximo martes en la plaza de Sant Jaume y en el Parlament el miércoles, cuando arranque el pleno donde se presentarán los presupuestos, que está previsto que el consejero de Economía presente el martes en la reunión semanal del Gobierno. "Hagan lo que hagan es inaceptable", ha manifestado la coordinadora del Área Pública de CC OO, Josefina Pujol, que ha criticado la falta de cifras para siquiera cuantificar el recorte de cada medida. Su homólogo en UGT, Xavier Casas, ha asegurado que las medidas que aplicará la administración supondrán "más paro, más pobreza y unos servicios públicos peores".
Para ahorrar los 625 millones de euros previstos, las principales medidas que tomará la Generalitat son la imposición de la reducción de un tercio de jornada y sueldo a 8.000 interinos (los de administración y servicios técnicos; en ningún caso servicios asistenciales) como moneda de cambio para evitar despidos; la rebaja de las pagas dobles (en la proporción que corresponde a las administraciones autonómicas, un ahorro estimado de 306 millones); la no convocatoria de nuevas plazas públicas; la congelación de las aportaciones al plan de pensiones y al fondo de acción social; la desaparición del tiquet comedor la tardes que se trabaja, la suspensión de las pagas de productividad o asistencia; la reducción de los días de asuntos propios de 9 a 6; o la eliminación de los permisos por antigüedad.
Algunas de las medidas son temporales (como la reducción de las pagas dobles, complementos, o la suspensión del plan de pensiones y el FAS), pero la mayoría son cambios estructurales que marcarán un antes y un después en las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos catalanes. Por ejemplo, las trabajadoras públicas eran las únicas que tenían derecho a percibir el 100% del salario durante el primer año de vida de sus hijos aunque se redujeran la jornada. Un derecho que se elimina. Otro de los huesos que toca esta reforma son el derecho a percibir el 100% del sueldo en casos de largas bajas médicas (lo que se llaman mejoras por incapacidad temporal).
Pese al compromiso verbal de no despedir a nadie, los sindicatos sostienen desde el primer día que sí está en los planes del Gobierno prescindir de interinos. Para ello, aseguran, se convocarán concursos de traslado y se amortizarán las plazas que cambien de lugar geográfico. Además, consideran que la reducción de derechos salariales y sindicales es una invitación a marcharse de la administración pública, donde las condiciones han sido históricamente mejores que en el sector privado. CC OO consideró después del primer anuncio que las medidas propuestas por la Generalitat son una "agresión sin precedentes" que "pueden hacer retroceder 30 años atrás" las actuales condiciones laborales y sociales de la plantilla de la administración catalana.
Publicado el 16/12/2011 en www.elpais.com
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