17.11.2011.- CCOO denuncia el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2012, aprobado por el Gobierno regional, en el que se eliminan los créditos destinados a reforzar las necesidades de personal en los juzgados de esta comunidad y el drástico recorte en las partidas de infraestructuras (25%) y dotación de medios materiales (15%) que provocará un mayor deterioro del servicio público.
El Gobierno Regional ha aprobado un Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2012 en el que, a pesar de las importantes deficiencias en las infraestructuras de la Administración de Justicia (tanto en relación con los edificios judiciales como con la implantación de las tecnologías) y de la falta, o retraso, en la provisión de los medios materiales más elementales, se reduce de forma sustancial el programa dedicado a la modernización de las infraestructuras (un 25%) y el de provisión de material de oficina, informático, renovación de mobiliario, equipos de impresión o reproducción (un 15%).
Además, a pesar de la alta tasa de litigios en la Comunidad de Madrid (223,2 asuntos por cada mil habitantes en 2010), el Gobierno regional elimina por completo los créditos, por valor total de 6.036.016 €, destinados a reforzar las necesidades de personal en la Administración de Justicia madrileña. Asimismo revoca el Acuerdo de 12 de enero de 2007 de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los partidos judiciales de la periferia, cuya finalidad era garantizar la atención a las eventuales víctimas de este tipo de delitos, más allá de la jornada laboral ordinaria y hasta ala completa tramitación y resolución de las solicitudes de medidas de protección.
Con estos presupuestos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid (que no dudó en despilfarrar 100 millones de euros con megaproyecto del Campus de la Justicia) confirma, no sólo su desprecio por las personas trabajadoras de la Administración de Justicia a quienes el incumplimiento reiterado del los acuerdos, aprobados por el propio consejero de Gobierno, ha supuesto una recorte salarial del 14,4%. También su absoluta falta de interés en mejorar este servicio público para la ciudadanía madrileña como ha puesto de manifiesto con su anunciada voluntad de devolver las competencias al Estado.