Inauditas declaraciones de un consejero del CGPJ contra la abogacía


10 de marzo de 2011


El CGPJ acusa a la abogacía de “torpedear” el proyecto de agilización procesal

El vocal Gómez Benítez cree que a los letrados no les interesa que se cambie el actual sistema porque el cobro de minutas se basa en el número de recursos planteados.

Publicado en www.expansion.com

José Manuel Gómez Benitez
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha criticado a la abogacía institucional por “torpedear” el proyecto de ley de agilización procesal. En su opinión, el informe de los servicios jurídicos de la institución que preside Carlos Carnicer censurando la reforma, trata “de poner palos en la rueda” al sistema diseñado por Justicia para agilizar los procesos, limitando el uso abusivo de instancias judiciales.

Gómez Benítez -que hasta acceder al CGPJ era abogado en ejercicio- cree que los “letrados hacen un uso abusivo de los recursos, planteándolos incluso a sabiendas de que, en muchos casos, están perdidos”. El vocal del órgano de gobierno de los jueces señaló que “el sistema es el que permite el abuso” y matizó que “hay abogados que abusan y otros que no”. A su juicio, este uso innecesario de instancias judiciales por parte de los letrados viene condicionado “por que el cobro de las minutas está basado, en buena parte, en el número de recursos”.

Frente a la opinión del CGPJ y de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que, en una cumbre celebrada hoy en Madrid han defendido la bondad de la reforma, la abogacía institucional se ha manifestado “en contra de la eliminación de recursos porque estima que perjudica a los ciudadanos, limita su derecho de defensa y reduce la tutela judicial efectiva”.

Desde el CGAE han respondido a la crítica de Gómez Benítez advirtiendo que “en ningún caso la abogacía emite sus informes fundamentándolos en criterios corporativos o económicos, sino en Derecho”. Pese a ello, afirman que, “si alguien considera que un abogado abusa de los recursos sin razón alguna, ahí está la condena en costas y la apreciación de la mala fe procesal del artículo 11 de la LOPJ”. Por último, insisten en que “la descalificación del informe de la abogacía por ese motivo es un pobre argumento jurídico. El simple hecho de que en apelación se revisen y se corrijan en todo o en parte, entre el 15 y el 30% de las sentencias, habla por sí solo en defensa de los derechos de los ciudadanos que es lo que nos debería importar a todos”, concluyen.

Gómez Benítez ha insinuado que la posición del Consejo General de la Abogacía respecto al proyecto no es mayoritaria. “No he oído que ninguno de los grandes Colegios de Abogados hayan alzado la voz en contra del sistema que se propugna”, aseveró.

Reunión con Zapatero y Rajoy

Por otra parte, Gómez Benítez ha anunciado, en rueda de Prensa, que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá la próxima semana al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien le transmitirá la importancia de que el Parlamento tramite con carácter urgente los proyectos de Ley de Medidas de Agilización Procesal y de Uso de las nuevas tecnologías, así como el anteproyecto para la creación de los tribunales de instancia.

Posteriormente, Dívar, al que acompañará la comisión asesora para el impulso de estas reformas legales, mantendrá un encuentro con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, al que seguirán varias entrevistas con los portavoces del resto de grupos parlamentarios.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha advertido que, con esta iniciativa, “no pretendemos presionar al poder Legislativo” pero queremos llamar su atención porque “ha llegado la hora de que la Justicia sea una prioridad política”. De hecho, los presidentes de tribunales como el órgano de gobierno de los jueces han instado a las fuerzas políticas a considerar prioritarios y de urgente tramitación los proyectos de ley que modernizaran la justicia”.

Respecto a las críticas planteadas desde distintos ámbitos al proyecto de agilización procesal, Gómez Benítez ha recalcado que el CGPJ “entiende que la limitación del acceso al Supremo debe ir en beneficio del interés casacional”. En su opinión, “existe una estrategia jurídica que permitirá atender mejor a los ciudadanos y evitar abusos”. En la misma línea, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha subrayado que la eliminación del recurso de apelación en los juicios verbales inferiores a 6.000 euros no pretende disuadir a los ciudadanos en el acceso a la Justicia.

El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, en representación de todos los presidentes de tribunales, ha precisado que el futuro proyecto para crear los tribunales de instancia “tiene que respetar la inamovilidad e independencia judicial”. Asimismo, Juanes ha señalado que en la tramitación parlamentaria se deberían incluir otras reformas que abarquen el procedimiento penal y aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contribuyan a alcanzar una justicia más cercana al ciudadano.

El Gobierno no ha tenido en consideración prácticamente ninguna de las mejoras que el CGPJ planteó en su informe al anteproyecto de agilización procesal. Pese a ello, el órgano de gobierno de los jueces insiste en que la reforma será positiva y niega tajantemente que haga “una justicia para ricos”.

En otro orden de cosas, Gabriela Bravo se ha referido a los nombramientos de altos cargos judiciales que tiene pendiente de decidir el CGPJ, y ha defendido que los vocales "están invirtiendo muchísimas horas y esfuerzo" en resolver esta situación, recordando que se necesita una mayoría cualificada.

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