Los expedientes de otros 37.000 descendientes de gallegos en el exterior están aún en fase de estudio. El 95% de las solicitudes proceden de Latinoamérica, sobre todo de Cuba, Argentina y Venezuela
Publicado en www.laopinioncoruna.es
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| Consulado de España en La Habana |
Con la intención de hacer la maleta y asentarse en la tierra de sus abuelos o con el único propósito de recuperar sus raíces, casi 300.000 descendientes de españoles en el exterior -casi 90.000 de origen gallego- solicitaron en los dos últimos años la adquisición de la nacionalidad española. Desde enero de 2009, un total de 170.183 hijos y nietos de emigrantes ya se hicieron con el pasaporte español, unos 50.000 descendientes de gallegos. De mantenerse el ritmo actual de peticiones, la conocida como ley de nietos, que estará en vigor hasta diciembre de este año, facilitará el acceso a la nacionalidad a unos 130.000 descendientes de emigrantes gallegos
A pesar de las largas colas formadas durante los primeros días de la reforma de la nacionalidad a las puertas de consulados y embajadas, finalmente no hubo la avalancha temida. Desde que el Gobierno central aprobó la conocida como ley de nietos, un total de 293.500 descendientes de españoles en el exterior presentaron su solicitud para acogerse a la modificación de la nacionalidad que entró en vigor el 27 de diciembre de 2008, por un periodo de dos años pero que finalmente el Consejo de Ministros acordó prorrogar uno más. Pero por el momento, tan sólo han sido inscritos como nuevos españoles 170.183 descendientes de emigrantes. De ellos, un 30% de origen gallego -unos 50.000-, según cálculos de la asociación Hijos y Nietos de Españoles.
Las 123.317 peticiones restantes -unas 37.000 de hijos y nietos de emigrantes gallegos- están pendientes de resolver, bien porque se encuentran todavía en fase de estudio o bien por las dificultades para obtener la documentación, especialmente los certificados de nacimiento de padres y abuelos.
De mantenerse el ritmo de solicitudes presentadas durante los dos últimos años, las peticiones totales rondarán las 440.000, unas 130.000 de hijos y nietos de emigrantes gallegos. Es decir, unos 60.000 posibles beneficiarios menos que los 500.000 que había estimado tras la aprobación de la ley de memoria histórica la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La adquisición de la nacionalidad española conlleva el derecho de sufragio, con lo que esta reforma engrosará aún más las listas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que en el caso de Galicia estarían convocados para las próximas elecciones autonómicas casi 500.000 gallegos en el exterior -los 367.000 actuales y los 130.000 posibles beneficiarios de la ley de nietos-.
Desde que el Ejecutivo central aprobó la ley de memoria histórica se dieron un total de 522.871 citas para tramitar el pasaporte español. La práctica totalidad de los nuevos españoles (95,59%) residen en Latinoamérica, sobre todo en Cuba y Argentina. La mayoría de los beneficiarios, según el balance del Ministerio de Exteriores, está formado por los hijos de emigrantes (91,48%, lo que supone un total de 268.521 solicitudes). Del grupo de nietos de españoles que perdieron la nacionalidad o tuvieron que renunciar a ella durante la Guerra Civil o los años de la dictadura, se presentaron un total de 19.646 peticiones. Otros 5.333 expedientes tramitados corresponden a solicitudes de transformación en nacionalidad española de origen de aquellos casos en que la opción dio lugar a una nacionalidad no de origen.
Según cálculos del colectivo Hijos y Nietos de Españoles, el 20% de descendientes de españoles en el exterior se quedarán sin el pasaporte. Los grandes olvidados en esta reforma han sido los descendientes de mujeres que abandonaron el país antes de 1936, los nietos de quienes perdieron la ciudadanía española antes de que sus hijos nacieran y los hijos mayores de edad de quienes optaron a la nacionalidad. En total, unos 30.000 hijos y nietos de emigrantes gallegos que se quedarán fuera de esta reforma de la nacionalidad.
Ante esta situación de "discriminación", la diáspora demanda al Gobierno que arbitre los medios para incorporar al pequeño grupo de excluidos en esta reforma. El más numeroso lo forman los nietos de mujeres emigrantes que al casarse con ciudadanos extranjeros perdieron automáticamente la nacionalidad española y no pudieron transmitirla ni a sus hijos ni a sus nietos.
Para este grupo, el colectivo Hijos y Nietos de Españoles ha logrado el compromiso del ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, en una reciente visita a Buenos Aires, de intentar resolver el tema de los nietos por abuela a través de un artículo en la ley de registro civil que está a punto de ser enviada a las Cortes y se prevé su aprobación para octubre o noviembre.
Desde hace meses, los colectivos de españoles en el exterior se quejan de la falta de medios en embajadas y consulados para atender el volumen de solicitudes y también de las dificultades para obtener los certificados de nacimiento de sus padres o abuelos ya que datan de finales del siglo XIX o principios del XX. Para tratar de dar salida a los miles de expedientes de hijos y nietos de emigrantes pendientes de estos documentos, el Gobierno central aprobará una nueva ley de registro civil. Así lo confirmó el ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, en la visita que mantuvo esta semana con colectivos de la diáspora en Buenos Aires.
En este encuentro, Caamaño concretó que esta norma entrará en vigor en octubre o noviembre y que estudiará la posibilidad de incluir un artículo para extender la nacionalidad a los descendientes de mujeres emigrantes, que al casarse con ciudadanos extranjeros perdían automáticamente la ciudadanía española.
Otra de las propuestas que también está encima de la mesa del Gobierno central podría afectar a la representación de la emigración en el Congreso. En vísperas de que se celebren primeros comicios locales en los que la diáspora no podrá votar, el ministro de Justicia adelantó a la colonia española en el exterior que el Ejecutivo estudia la posibilidad de que los emigrantes tengan su propia representación en la Cámara baja. Tras apuntar que no fue una "decisión fácil" la restricción del voto emigrante, Caamaño apuntó que la creación de una circunscripción propia para la diáspora en el Congreso, a imagen del sistema que aplican países como Italia, requeriría una reforma de la Constitución.
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