Castilla y León: Necesidades de la Justicia


16 de abril de 2009


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Concepción rechaza «el goteo» de nuevas unidades judiciales y exige la creación de 39 antes de 2010

 

Publicado en www.abc.es

 

concepcion El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, pidió ayer al Ministerio de Justicia un plan «ambicioso y responsable» para la creación de las 39 unidades judiciales nuevas que requiere la Comunidad. En la presentación de la memoria del TSJCYL de 2008, Concepción consideró que la creación de entre cuatro y seis nuevas unidades que viene autorizando el Ministerio en los últimos años es un «goteo» que no termina de resolver las carencias.

Concepción explicó que la evaluación de necesidades se ha hecho para este año y ha advertido de que si se espera al año que viene podrían ser más. En cuanto al periodo en que debería ejecutarse el plan, el presidente del TSJCyL consideró que «se podría afrontar en dos ejercicios».

El planteamiento de Concepción, que ha sido aprobado por los 29 integrantes de la Sala de Gobierno de TSJCyL, se ha incluido en la memoria de 2008 que se acaba de remitir al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.

La memoria incluye un catálogo de necesidades que abarcan la creación de una plaza de magistrado para cada una de las salas de lo Contencioso del Tribunal, una en Burgos y otra en Valladolid. Reclama también la creación de tres unidades judiciales en Avila, seis en Burgos, siete en León y Valladolid, dos en Palencia, cuatro en Salamanca, dos en Segovia, otros dos en Zamora y uno en Soria.

También se incluye la creación de dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de León o una sección desplazada en Ponferrada; y la conversión de dos juzgados de primera instancia en juzgados de lo mercantil en León y Salamanca.

Concepción explicó que el plan se podría ejecutar en dos años porque, aunque prefirió no indicar ninguna prioridad «para evitar herir susceptibilidades», hay algunas unidades judiciales que son «más apremiantes». Entre ellas, destacó la necesidad de un cuarto juzgado de lo Social en Burgos y contar con cuatro juzgados de lo Mercantil para cubrir las principales ciudades de la Comunidad.

Más actividad

Concepción reconoció que la crisis económica también está influyendo en la actividad judicial, con un incremento de la actividad en la jurisdicción mercantil, pero, sobre todo, en la civil y la laboral. De las 60.000 ejecuciones hipotecarias que se resolvieron en España en 2008, cerca de 2.000 son embargos judiciales resueltos en Castilla y León. Además, durante el pasado año se resolvieron en los juzgados laborales de la comunidad 4.500 procedimientos de despido.

Precisamente, los efectos de la crisis están detrás de parte del incremento de la actividad judicial que se percibió el pasado año en Castilla y León. El presidente destacó el esfuerzo de los jueces y magistrados de la Comunidad, que ha permitido aumentar el número de sentencias y de asuntos resueltos en 2008.

Puso como ejemplo el avance en la sala de lo Contencioso del TSJCyL de Valladolid, que históricamente acumula retrasos importantes por el elevado volumen de asuntos que resuelve. Cuando comenzó el año había 8.165 asuntos pendientes y al final del año se redujo la lista de asuntos pendientes a 7.638.

Concepción destacó que, pese a la huelga de los funcionarios de la administración de Justicia durante febrero y marzo y el malestar y el «clamor» en la judicatura a partir de octubre a favor de la independencia de los jueces y la modernización de la administración de Justicia, los 287 jueces de Castilla y León dictaron en 2008 más de 70.000 sentencias y resolvieron 400.000 asuntos, 15.000 más que el año anterior.

Para Concepción, uno de los hechos más destacables de 2008 fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, destacó el interés del nuevo equipo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la modernización con un primer paquete de medidas que estará listo el 1 de mayo y otras medidas a medio y largo plazo para los cinco años del actual mandato del máximo órgano de gobierno de los jueces.

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