Oct15
Fuente: expansion.com
- Cruce de acusaciones por los Presupuestos Generales del Estado
- Salgado: "No hay recorte en las pensiones de los funcionarios, sino racionalización del gasto"
Los populares acusan al Gobierno de no haber incrementado lo suficiente las partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para acometer la anunciada modernización del sistema judicial, ya que la mayoría de los gastos sólo servirán, a su juicio, para compensar la huelga de funcionarios que tuvo lugar a principios de año. El Ministerio replica que la inversión presupuestada ha crecido respecto a otros años para acometer las reformas.El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Arturo García Tizón, ha reprochado esta mañana durante la presentación ante la Cámara Baja de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2009 que esta partida no responderá a la necesidad de modernizar la Justicia.
Los populares han criticado que el incremento presupuestario con respecto a 2008 no tiene relación con nuevas inversiones, sino que es la consecuencia de la huelga de funcionarios mal gestionada por Mariano Fernández Bermejo, ministro del ramo.
"Lo que se paga con esto es la huelga de funcionarios después de una gestión no muy exitosa del ministro", ha señalado García Tizón, que también ha criticado el "cierto malabarismo" en el que se han basado las cuentas para 2009, haciendo alusión a aquella huelga. "Es cierto que el presupuesto sube "pero por una gestión que el Ministerio no llevó bien y ahora hay que pagarlo".
El 'popular' ha señala que la inversión en personal supone "más de un 80%" de los PGE, y ha recordado que pese a las declaraciones de distintos miembros del Ejecutivo en las que manifestaban la importancia de la Justicia, "estos presupuestos no traen consigo una modernización de la Administración en un momento difícil por la situación de los juzgados".
García Tizón ha sido contundente al afirmar que "a los socialistas no les importa la Justicia" y que los presupuestos para 2009 son una repetición de los correspondientes a años anteriores. "Yo me llegue a plantear si no me había confundido con las hojas del año anterior", ha dicho con ironía.
"La idea era llegar al 2% y estamos en el 0,5% del gasto público, es, decir, el menor peso específico en el área de servicios públicos del Estado. ¿Qué justificación hay para una representación tan baja?", preguntó.
La réplica del Gobierno
El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, replicó que "seguimos creciendo en un momento de crisis", y niega que la totalidad del incremento destinado a personal sea consecuencia de la huelga. "El personal aumenta en los gastos en 115,5 millones de euros y la huelga supone poco más de 20 millones".
Los presupuestos de este Departamento para 2009 ascienden a 1.619 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento real de 9,87% respecto al año anterior, resultado de la comparación entre los 1.473,71 millones de euros que integraban el presupuesto inicial para 2008 -es decir, la previsión inicial de ese año descontando la cantidad destinada al traspaso de competencias de Justicia a Aragón- con el presupuesto inicial de 2009.
Este matiz hizo que los datos presentados el lunes por el ministro, Fernández Bermejo, y hoy por Pérez, fueran distintos a los recogidos en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, entregó la semana pasada a la Cámara baja en el que se recogía un incremento del 6,1% con respecto a 2008.
"Esto no es una trampa, ni es un maquillaje", aseguró Pérez al hacer referencia a la diferencia de datos después de la transferencia de competencias a Aragón, región a la que se han destinado, según dijo, "casi 50 millones de euros". "El presupuesto es suficiente para mantener el modelo de modernización impulsado desde hace ya algunos años", sentenció.
El portavoz socialista, Julio Villarrubia, matizó asimimo al PP señalado que el porcentaje del gasto público destinado a Justicia no es el 0,5%, sino que es más del 1%. Esa cifra no ha ascendido al 2% en estos años debido a que se "han producido muchas transferencias de competencias a las diversas comunidades autónomas".
El diputado del PSOE ha defendido la alta inversión en personal y niega vinculación alguna con la huelga de funcionarios. "Son incrementos que nada tiene que ver con la huelga, ya que son retribuciones regulares e inversiones en personal", añadió Vilarrubia, y admite que crecer un 9,87% respecto a lo aportado en 2008 es una partida "positiva para un momento delicado".
"La crisis económica agravará el colapso de la Justicia", vaticinó por su parte la también dirigente del PP Dolors Montserrat antes de que compareciera por primera vez ante una comisión de Justicia del Congreso el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Julio Martínez, quien explicó que "muchos de los problemas se vienen arrastrado históricamente".
¿Apocalipsis o ligero retraso?
"La situación no es apocalíptica, aunque acepto la posibilidad de mejoras", ha añadido Martínez, quien aboga por llevar a cabo "algunas modificaciones internas en el Ministerio como orientar las tareas de desarrollo o instalación de programas similar a la que usan otros ministerios" y ha avanzado que la "digitalización" de la "información registral" concluirá a finales del año que viene. No obstante, "la pieza fundamental no está en las máquinas, sino en la cabeza, la mente y la formación de las personas".
Las pensiones de los funcionarios
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha señalado hoy en el Congreso que la modificación en las pensiones de los funcionarios contemplada por los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es una medida que aproxima a los funcionarios de clases pasivas a los trabajadores del régimen general y permitirá "racionalizar el gasto y eliminar el fraude".
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, asegura que la modificación de las pensiones de los funcionarios del Estado fijada en los PGE les equipara con los de la Seguridad Social.
De esta forma se "evita discriminaciones y fraudes y se contribuye a la racionalización del gasto", ha señalado. "Los recortes y los decretazos se los dejamos a ustedes, nosotros ampliamos los derechos sociales", le ha espetado esta mañana Salgado al diputado del PP Eugenio Nasarre.
"La medida a la que tan torticeramente se refiere usted va dirigida a armonizar el régimen de incompatibilidades entre pensiones pasivas y el resto y ha sido consensuada con los agentes sociales.
Salgado ha negado que la modificación de las pensiones de los funcionarios del Estado atente contra el Pacto de Toledo, el acuerdo de todos los partidos y agentes sociales para reformar el sistema de pensiones.
La ministra ha insistido en que la medida no busca perjudicar a los trabajadores públicos, sino "armonizar el régimen de incompatibilidades de la pensión de jubilación de funcionarios con el existente en la Seguridad Social".
Nasarre ha conminado a la ministra a retirar las disposiciones adicionales que avalan "este flagrante recorte de derechos" y la ha amenazado con acudir al Constitucional si no dan marcha atrás.
"La medida es brutal e injusta porque pretende recortar el 25% de la cuantía de las pensiones por incapacidad a los funcionarios con menos de 20 años de servicios al Estado y amplía desmesuradamente el régimen de incompatibilidades de los pensionistas funcionarios", ha sentenciado.
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