CCOO DENUNCIARÁ ANTE EL PLENO DE CIVEA LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS, PARA LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES
En primer lugar, vamos a denunciar en el Pleno de CIVEA la Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia, sobre el acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicólogos, publicado en el BOE 22 de febrero. Una práctica, que se está consolidando, de privatizar los informes de los Equipos Técnicos de la Administración de Justicia especialmente los correspondientes a los Psicólogos.
Ante el grave déficit de personal que tiene la Administración de Justicia, la respuesta del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Oferta de Empleo Pública de 2016, es convocar la ridícula cantidad de seis plazas para el turno libre, ninguna de los equipos Técnicos. Cuando el propio Ministerio reconoce en dicha Resolución el notable incremento de la carga de trabajo de los Psicólogos por el elevado número de peticiones que se solicitan de custodia compartida que requieren informes psicológicos de ambos progenitores, así como de los hijos comunes, pues ante esta grave situación en vez de crear plazas de Psicólogos de la Administración de Justicia, se recurre a la privatización de dichos informes periciales. La incapacidad de este Ministerio para conseguir plazas en la oferta de empleo pública ante Administraciones Públicas raya la incompetencia, cuando otros departamentos como Defensa han conseguido 530 puestos de trabajo de turno libre, porque además solamente se convocan en la Administración de Justicia cuatro plazas de Psicólogos para promoción interna, evidentemente número más que insuficiente para cubrir la necesidades que el propio Ministerio de Justicia reconoce, como ya hemos señalado, ante el incremento de las cargas de trabajo.
Además, el convenio con el Colegio de Psicólogos asume gastos de formación para la especialización de informes privados, hasta un máximo de 12.600 euros, lo cual es intolerable cuando este año el plan de formación para los empleados públicos de la Administración de Justicia solamente recoge un curso para todos los Equipos Técnicos del ámbito no transferido. No está de más recordar al Ministerio de Justicia que a los trabajadores de la Administración de Justicia se nos quita dinero para formación en la nómina todos los meses, quizás el Ministerio pretende financiar con nuestras aportaciones sociales la formación de trabajadores externos.
Pero el convenio del Ministerio con el colegio de Psicólogos concreta más y enormes gastos para financiar esta privatización, que resta presupuesto para el servicio público, que recogemos literalmente del texto publicado en el BOE:
“Cada pericia dará lugar a un informe que se abonará con un pago único a razón de 450,00 euros (IVA incluido). (…) La cantidad máxima a abonar por la prestación de servicios que realizan los psicólogos en virtud del presente convenio será de 867.750,00 euros. (…) Gastos de formación encaminados a la mayor especialización en materia de violencia doméstica y/o de género, delitos violentos y contra la libertad sexual, impartidos al personal de las OAV, hasta el importe máximo de 10.860,00 euros”
La intencionalidad, como se comprueba, del Ministerio con este convenio es eliminar progresivamente a los Psicólogos propios de la Administración de Justicia ya que se están privatizando estos servicios que se prestan actualmente.
De todo ello se desprende que el objetivo no es reducir el gasto (que con este Convenio crece) sino proceder gradualmente a la “privatización” de este servicio público, trascendental para la seguridad de la ciudadanía en los procedimientos judiciales, y hacer “negocio con los servicios públicos”. Es, por tanto, una decisión ideológica claramente del Ministerio de Justicia que apuesta por lo privado por encima de lo público. En este sentido, es necesario recordar que el Tribunal de Cuentas ha resuelto que la gestión pública es más barata que la gestión privada.
CCOO seguirá luchando para frenar esta ansia privatizadora, llevando y denunciando este acuerdo con el Colegio de Psicólogos al Pleno de la CIVEA, para demostrar que el Ministerio de Justicia utiliza dinero público de todos los ciudadanos cuando le interesa para privatizar servicios, y por otra parte se niegan derechos básicos de los trabajadores como unas retribuciones dignas, la cobertura de los cientos de vacantes, la movilidad voluntaria y la promoción interna. Exigimos que dicho Pleno retire este acuerdo de colaboración y se creen las plazas necesarias para atender las cargas de trabajo en la Administración de Justicia.
En CCOO estamos comprometidos con el empleo público, puesto que es la mejor garantía para que haya servicios públicos de calidad para los ciudadanos.
Imprimir artículo
La intencionalidad, como se comprueba, del Ministerio con este convenio es eliminar progresivamente a los Psicólogos propios de la Administración de Justicia ya que se están privatizando estos servicios que se prestan actualmente.
De todo ello se desprende que el objetivo no es reducir el gasto (que con este Convenio crece) sino proceder gradualmente a la “privatización” de este servicio público, trascendental para la seguridad de la ciudadanía en los procedimientos judiciales, y hacer “negocio con los servicios públicos”. Es, por tanto, una decisión ideológica claramente del Ministerio de Justicia que apuesta por lo privado por encima de lo público. En este sentido, es necesario recordar que el Tribunal de Cuentas ha resuelto que la gestión pública es más barata que la gestión privada.
CCOO seguirá luchando para frenar esta ansia privatizadora, llevando y denunciando este acuerdo con el Colegio de Psicólogos al Pleno de la CIVEA, para demostrar que el Ministerio de Justicia utiliza dinero público de todos los ciudadanos cuando le interesa para privatizar servicios, y por otra parte se niegan derechos básicos de los trabajadores como unas retribuciones dignas, la cobertura de los cientos de vacantes, la movilidad voluntaria y la promoción interna. Exigimos que dicho Pleno retire este acuerdo de colaboración y se creen las plazas necesarias para atender las cargas de trabajo en la Administración de Justicia.
En CCOO estamos comprometidos con el empleo público, puesto que es la mejor garantía para que haya servicios públicos de calidad para los ciudadanos.
