Tras la sentencia solo se
mantendrán las tasas fijas para las personas jurídicas en la interposición de
demandas del orden jurisdiccional civil en sus actuales cuantías y quedan
anuladas las tasas para los recursos en todos los órdenes jurisdiccionales y la
parte de las tasas que estaban vinculadas a la cuantía del procedimiento
No obstante, CCOO considera que la sentencia es extremadamente
benévola con el poder ejecutivo, olvidando los derechos de decenas de miles de
ciudadanos, al establecer que “no se ha
producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse
mediante la devolución del importe pagado”, (…) “por lo que no procede ordenar
la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables”
Si bien la
sentencia declara que el establecimiento de las tasas judiciales “no puede
traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de
sus vertientes”, el Tribunal Constitucional seguirá permitiendo al poder legislativo
la imposición de tasas judiciales aunque para ello deberían revisarse a la baja
las cuantías de algunas de ellas.
Aunque esta opción sea constitucionalmente aceptable, CCOO apuesta por recuperar lo
establecido en la Ley
25/1986,
de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. Defendemos que la
ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas no abonen tasas judiciales porque
ya pagan con sus impuestos la financiación de todos los servicios públicos,
como la Educación ,
la Sanidad y la Justicia.
CCOO rechaza de
plano el establecimiento de “copagos” para los usuarios de los servicios
públicos esenciales.
Para
CCOO
esta sentencia da parcialmente la razón a las organizaciones sociales y a la
ciudadanía que nos unimos en la lucha contra esta injusta ley en el intento del
gobierno del PP de dejar fuera de la tutela judicial efectiva a millones de
personas.
En
esta lucha, ha sido fundamental la unidad de las organizaciones sociales que,
como en la
Plataforma Justicia para Todos, impulsamos la recogida de
decenas de miles de firmas contra esta Ley y las acciones de protesta masivas
que se llevaron a cabo.
No
obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) adolece de la fortaleza
necesaria para emitir un dictamen claro que muestre
a la ciudadanía que tiene en ese alto Tribunal el garante de sus derechos.
Porque
declarar, como hace la sentencia, que no debe obligarse al Gobierno a devolver
los más de 500 millones de euros recaudados de
las decenas de miles de personas que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para
poder ejercer un derecho constitucional como es el acceso en condiciones de
igualdad a la
Administración de Justicia, es una severa demostración de que
dicho Tribunal no está a la altura de lo que le exige esta sociedad
democrática: ser absolutamente independiente del poder político y vigilante de
sus actuaciones si éstas ponen en riesgo los derechos de todas y todos los
ciudadanos.
Asimismo,
para CCOO
es totalmente inaceptable también que el Tribunal Constitucional en su
sentencia “olvide” a ese inmenso
número de personas que no pudieron acudir a defender sus legítimos derechos
ante los Juzgados y Tribunales por culpa de una injusta ley de Tasas impuesta
por Gallardón y su Gobierno, con su presidente a la cabeza. Puede deducirse del
contenido de esta sentencia que el TC desconoce que decenas de miles de
personas han visto presuntamente vulnerados sus derechos a la tutela judicial
efectiva al no poder acudir a los Tribunales a defenderlos, y esa presunta
vulneración no puede ya remediarse ni está el TC dispuesto a exigirlo al
Gobierno.
No es aceptable en
absoluto, que se pretendiera por Gallardón y Rajoy imponer tasas para acceder a
la Administración
de Justicia con cantidades paritarias para todos, de forma que debían abonar lo
mismo una persona con ingresos mínimos como una gran empresa que factura
cientos de miles de millones de euros al año. Los impuestos si no son progresivos
en función de los ingresos atacan los pilares de un Estado social, y las tasas
judiciales constituyen un ataque a esos cimientos.
Solo la eliminación
de todos los aspectos de la Ley
de Tasas del Gobierno del PP, el reconocimiento de que lo abonado por la
ciudadanía debería devolverse y la restauración de los derechos de todos
aquellos que intentaron acudir a la Administración de Justicia y no pudieron hacerlo
porque la Ley de
Tasas Judiciales se lo impidió, hubiera permitido abrir un camino para
garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.
Pero el contenido
de la sentencia del TC permite que siga prevaleciendo la posición del Partido
Popular de seguir en una senda profundamente injusta que, a través del
deterioro de los servicios públicos y la dificultad para el acceso a los
mismos, sigue castigando a la mayoría más débil de la sociedad y que ha
encontrado en tribunales que dictan sentencias como ésta un impagable aliado.
El Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado la pérdida
sobrevenida del objeto del recurso en relación con las tasas que la ley 10/2012
había impuesto también para las personas físicas por lo que no se ha
pronunciado sobre su constitucionalidad. Nada más tomar posesión, el ministro
Catalá propuso la modificación de esa Ley eximiendo a las personas físicas del
pago de las tasas judiciales, que Gallardón también había propiciado con la
complicidad de su gobierno y de todo el Partido Popular. Nunca sabremos, por
tanto, si esas tasas impuestas a los ciudadanos y ciudadanas respetaban o no la Constitución Española
pero para CCOO sigue estando claro que
constituían un ataque sin precedentes a la mayoría de la sociedad en su derecho
a la tutela judicial efectiva por lo que seguiremos luchando para que ningún
nuevo gobierno ni parlamento persista en este tipo de políticas contrarias al
estado social y democrático que propugna nuestra constitución.
