- Hoy ha sido publicada en el BOE la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil
La
Ley
recoge la ampliación de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil
hasta el 30 de junio de 2017 y la derogación de las disposiciones adicionales
de la Ley 18/2014
que entregaban la gestión del Registro Civil a los Registradores
CCOO REITERA QUE LA DEROGACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL ES UN ENORME ÉXITO DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y DE LA CIUDADANÍA, PERO
DENUNCIA QUE EL GOBIERNO PRETENDE ATRIBUIR COMPETENCIAS A OPERADORES PRIVADOS
POR LA PUERTA DE
ATRÁS
CCOO
trabaja en la elaboración de una sólida propuesta para que el Registro Civil se
mantenga de forma definitiva como servicio público, universal y gratuito y
gestionado por el personal de la Administración de Justicia. Por eso, la lucha
continúa.
Hoy es un día que hay que celebrar: por fin,
logramos con la presión, la movilización y las acciones de miles de
trabajadores/as, con el apoyo de muchas organizaciones sociales y ciudadanas,
paralizar la privatización del Registro Civil. En la ley 19/2015, hoy publicada
en el BOE, se derogan las disposiciones adicionales que entregaban la gestión
del Registro Civil a los Registradores (Disposición
derogatoria única) y se amplía la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil
hasta el 30 de junio de 2017 (Artículo
segundo, apartado diez)
Todos los que hemos luchado contra esta
privatización debemos sentirnos felices por esta victoria contra una política
escandalosa del Gobierno, que ha pretendido durante tres años entregar un
servicio público indispensable a la gestión privada, a un grupo profesional de
élite, los Registradores, vulnerando los derechos de millones de ciudadanos/as.
No obstante esta enorme victoria, CCOO denuncia que el PP va restando competencias a los Registros Civiles para atribuirlas
a operadores privados o personal ajeno a la Administración de
Justicia, pues el PP y Ministerio de
Justicia siguen
con su proyecto de ir suprimiendo competencias a los Registros Civiles como han
hecho con la Ley
25/2015 de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de
España o con la Ley
15/2015 de Jurisdicción Voluntaria e las que se atribuye a Notarios y
Registradores la tramitación de procedimientos que hasta ahora eran competencia
exclusiva de la
Administración de Justicia, y/o del Registro Civil.
Es significativo que esta
ley 19/2015 atribuya la totalidad de la instrucción de los expedientes de
nacionalidad por residencia a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, que objetivamente carece de medios para este fin (y el Ministerio lo
sabe y permite), lo que para CCOO
encierra la oscura intención del Ministerio de Justicia de atribuir este
trámite a otros “operadores”. De ahí que este procedimiento esté sujeto a una
tasa de 100 euros, contradiciendo todo lo afirmado sobre la gratuidad del
Registro Civil.
Por eso
la lucha continúa, y así CCOO está trabajando intensamente para la
elaboración de una sólida propuesta, que va a trasladar al Ministerio de
Justicia, para que de forma definitiva el Registro Civil continúe siendo
universal, público y gratuito y servido por el personal de la Administración de
Justicia
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