- El Ministerio de Justicia pretende reformar la ley 20/2011 del Registro Civil, mediante la presentación de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, sin convocar ni informar a los representantes de los trabajadores
- El tremendo oscurantismo con que está actuando el Gobierno en relación con la privatización del Registro Civil supera los límites de la desvergüenza
- Tras la presentación por CCOO, el pasado 16 de diciembre, de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para defender el mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia del Registro Civil (pendiente de admisión a trámite), hemos iniciado acciones ante el Parlamento europeo instándole a que se pronuncie sobre la necesidad de que el Registro Civil se mantenga en el ámbito de lo público
CCOO se ha dirigido por escrito nuevamente al ministro Catalá y le exige que cumpla con sus compromisos, convoque la mesa sectorial y garantice todo el empleo existente en todos los órganos con competencias de Registro Civil y en todos los ámbitos territoriales
El ministro de Justicia se comprometió expresamente nada más tomar posesión, en las reuniones de la mesa sectorial celebrada el pasado 4 de noviembre, y días antes en la reunión bilateral que mantuvo con representantes de CCOO, a convocar a los representantes de los trabajadores/as para informarles puntualmente de las medidas que el Ministerio de Justicia fuera adoptando en relación con el Registro Civil.
Este compromiso está siendo incumplido claramente, tres meses después. No solamente el Gobierno aprueba por la puerta de atrás la privatización del Registro Civil (la esconde en una norma de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, mediante seis disposiciones adicionales), no solamente miente reiteradamente cuando afirma que la entrega de su gestión a los Registradores no es una privatización (cuando el propio Gobierno introduce en una disposición adicional de la LPGE para 2015 la integración de aquellos en el Régimen especial de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, lo que demuestra de forma evidente que no son funcionarios públicos, como ya estableció la Unión Europea en sentencias de 2009), no solamente actúa en un claro conflicto de intereses cuando entrega el Registro Civil a un colectivo del que forma parte el propio Presidente del Gobierno..., sino que ahora pretende reformar la Ley 20/2011 del Registro Civil e introducir una enmienda que no va a garantizar los puestos de trabajo del personal destinado en órganos con competencias en materia de Registro Civil.
CCOO se ha dirigido al ministro de Justicia para que convoque una reunión de forma inmediata sobre esta cuestión, dé las explicaciones oportunas de su actuación, y acuerde con los representantes de los trabajadores/as una disposición, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones, estatal y autonómicas, que garantice todo el empleo existente actualmente en todos los órganos con competencias de Registro Civil, y de todos los ámbitos territoriales.
Pero mientras tanto, CCOO continúa con sus propuestas y acciones:
Tras la presentación por CCOO, el pasado 16 de diciembre, de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para defender el mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia del Registro Civil (pendiente de admisión a trámite), hemos iniciado acciones ante el Parlamento europeo instándole a que se pronuncie sobre la necesidad de que el Registro Civil se mantenga en el ámbito de lo público, en salvaguarda del derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal recogidos en el artículo 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
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