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ENTREVISTA JOSÉ MANUEL GARCÍA COLLANTES PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
Asegura que notarios y registradores proporcionan posiblemente el mejor sistema de seguridad jurídica preventiva del mundo.
José Manuel García Collantes dirige desde hace dos años el Consejo General del Notariado, un período en el que la corporación ha atravesado por alguno de sus momentos más difíciles, incluso internamente, con motivo del polémico anteproyecto de reforma integral de los registros, que trató de sacar adelante el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que finalmente se frenó.
Superadas estas tensiones, el máximo representante de los notarios mira ahora hacia los retos de futuro del colectivo en un escenario en el que se ha producido el relevo en Justicia, con la llegada de Rafael Catalá. En una entrevista concedida a EXPANSIÓN en el ecuador de su mandato, asegura que queda por delante "muchísima tarea por hacer".
"El Notariado se opuso frontalmente a la reforma integral de los registros, que subvertía el sistema de seguridad jurídica preventiva en España, que funciona razonablemente bien. No había ninguna razón para una reforma así", apunta García Collantes, que admite que "las relaciones con la Dirección General de Registros y del Notariado pasaron entonces por un momento muy tenso".GratuidadValora positivamente que, finalmente, el Ministerio "fuera sensible a las quejas y que el texto original pasara a la historia". Lo que no se logró evitar fue la asignación de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, una cuestión que ha suscitado una enorme polémica social. Ante la pregunta de si cree que esto supondrá que el ciudadano acabe pagando por algún trámite ante el Registro Civil, García Collantes recuerda que el Gobierno ha asegurado que seguirá siendo gratis, pero el tema sigue sin estar claro: "A nosotros nos ofrece algunas dudas cómo se va a poder garantizar esa gratuidad", asegura. Respecto a la posibilidad de haber encomendado esta misión a otro colectivo, afirma que "los secretarios judiciales son un cuerpo perfectamente capacitado para llevar el Registro Civil".
La reforma en torno a este organismo es uno de los temas más delicados que ha dejado en herencia Gallardón, un exministro al que García Collantes define como “un político brillantísimo, un gran reformador, con unas grandísimas ansias renovadoras y que se ha dejado la piel por tratar de reformar la Justicia en España”. Sobre el nuevo titular de Justicia señala que se ha encontrado con "un hombre con una apertura al diálogo fuera de lo normal".
De cara al futuro, el representante de los fedatarios destaca el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. En su opinión, "es necesaria la desjudicialización que incorpora y hace una muy razonable distribución de competencias entre todos los colectivos afectados: jueces, secretarios judiciales, registradores y notarios". También menciona, entre otros textos legislativos en marcha, los proyectos de reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario, cuyo objetivo es facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, evitando informaciones contradictorias e incompletas sobre un mismo bien inmueble. Una reforma que García Collantes ve "necesaria", pero cuya redacción es "manifiestamente mejorable".Llamados a entenderseEn cuanto a las relaciones entre registradores y notarios, que llevan años siendo tensas, considera que es algo "verdaderamente penoso" que hay que superar: "Somos dos colectivos llamados a entendernos y, de hecho, así sucede en todo lo esencial; entre ambos, proporcionamos un sistema de seguridad jurídica preventiva que, posiblemente, sea el mejor del mundo", señala.
No obstante, sigue habiendo temas de fricción entre ambos cuerpos. Los notarios llevan años reclamando que se cumplan las dos leyes pendientes de desarrollo que "establecen que los notarios tienen que poder acceder al contenido de los registros directamente, sin intermediación del registrador", tal y como recuerda García Collantes. "Es muy importante para poder asegurar la libertad de cargas en el momento de la conclusión del negocio jurídico", reivindica, recordando el caso del notario de Barcelona que fue condenado por no advertir del embargo que pesaba sobre una finca, una carga que el fedatario ignoraba por un error en el funcionamiento del sistema de comunicación con el Registro de la Propiedad. "Fue condenado por un mal funcionamiento del sistema, sin culpa ni negligencia por su parte", protesta.
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