Ayer, 1 de octubre, trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia convocados por CCOO, de nuevo en solitario, se han concentrado en diversas ciudades de España para volver a exigir la retirada de la privatización de los Registros Civiles, el mismo día que se debatía en el Senado (de vuelta del Congreso) el proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), que incluye en sus disposiciones adicionales 19ª a 24ª la privatización de los Registros Civiles, que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Economía y Competitividad, sin llevarse ni siquiera al pleno ni del congreso ni del senado, demostración palpable de que el sistema de debate de leyes tan trascendentales para los derechos de la ciudadanía, son hurtados al debate y conocimiento de las millones de personas afectadas por estas reformas, discutiéndose en comisiones para que la trascendencia sea mucho menor, pues incluso pasa desapercibido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación.
CCOO sigue impulsando, y no vamos a parar, estas movilizaciones con objeto de que se retiren por el nuevo ministro de Justicia los proyectos de reforma de la LOPJ y de la privatización de los Registros Civiles. Pues es imprescindible lograr estos objetivos por lo mucho que está en juego: un servicio público indispensable y los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.
CCOO, como hemos informado estos días, ha reclamado ya por escrito al nuevo ministro de Justicia, nada más tomar posesión el pasado lunes 29 de septiembre, que no siga el camino de Gallardón que, sin escuchar el clamor de miles de personas, implantó la ley de tasas judiciales para seguir con reformas como la privatización de los Registros Civiles o el proyecto de reforma de la LOPJ que, junto a la modificación de la ley del aborto, le desautorizaron completamente ante la ciudadanía y el conjunto del personal de la Administración de Justicia. Y esta desautorización le llevó a la dimisión que no tuvo más remedio que presentar la semana pasada.
Si bien, para CCOO la responsabilidad de estas inaceptables reformas que ha pretendido Gallardón, no son exclusivas del exministro de Justicia, pues todas las decisiones del consejo de ministros son colegiadas, y CCOO no olvida que en la decisión de privatizar los Registros Civiles y entregar su gestión a los Registradores Mercantiles, mucho tiene que ver la persona del presidente del Gobierno, registrador y con dos hermanos registradores.
Como hemos venido informando, CCOO presentó el día 8 de septiembre denuncia ante la FGE contra Rajoy y Gallardón la entender que de la actuación de ambos en la decisión del Gobierno para privatizar los Registros Civiles pudiera, presuntamente, desprenderse la comisión de un delito, denuncia que hemos ampliado esta semana, con todos los datos que se estamosconociendo, y que han aparecido también en varios medios de comunicación, y adjuntando el informe del Consejo de Estado de 25 de septiembre, que pone en cuestión de forma concluyente el proyecto de Real Decreto del Gobierno por el que se crea una corporación de derecho público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. El dictamen del Consejo de Estado tacha el Real Decreto de oscuro y confuso, rechazando partes del texto por posible inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo rehaga en profundidad.
Concentración en Valencia: Una de las tantas concentraciones llevadas a cabo ayer, 1 de octubre,
contra la privatización delos Registros Civiles y la reforma de la LOPJ, convocadas por CCOO
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En Euskadi, las concentraciones también fueron convocadas por LAB, UGT y CGT
