Gerardo Pérez Sánchez
Doctor En Derecho. Profesor De La Ull 30.10.2014
La semana pasada, el Presidente del Tribunal Supremo (que lo es también del Consejo General del Poder Judicial) realizó unas declaraciones en las que, literalmente, se quejó de que la ley estaba "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador". Apenas unos días antes, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirmó que "no es fácil destapar los casos de corrupción con herramientas del siglo XIX, deficientes, cuando, además, los delincuentes en muchas ocasiones se han valido incluso del amparo del propio Estado para cometer sus delitos".
Basten estos dos ejemplos, aunque podría seguir citando a otros ilustres juristas que se posicionan en la misma línea. Y baste también con constatar la tardanza en la instrucción de las macrocausas judiciales contra los escándalos vinculados a los delitos cometidos al amparo del cargo público, con dinero público o gracias al poder público, para llegar a la conclusión de que nuestra Justicia, más de ciega, parece coja y enclenque por culpa de la constante desatención de los políticos encargados de impulsarla y protegerla.
En las últimas fechas han salido a la luz varias noticias que reflejan muy bien las precarias condiciones en las que se desenvuelven los profesionales de la Administración de Justicia. Así, por ejemplo, se dio a conocer que en el Juzgado de Guardia de Sevilla no cuentan con fotocopiadora ni con fax desde hace semanas. También se ha sabido que los Juzgados de la localidad onubense de Moguer han tenido que ser desalojados debido a la presencia de ratas en el interior del edificio. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial ha informado recientemente de la tramitación como accidente de trabajo del expediente de incapacidad temporal de un magistrado de lo Mercantil de Madrid, que sufrió un infarto vinculado, al parecer, al estrés por sobrecarga de trabajo. Este mismo mes, la Inspección del citado C.G.P.J. ha emitido un informe en el que revela que el 43,53% de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga laboral. De hecho, ya hay citaciones de juicios del ámbito de lo Social previstos nada más y nada menos que para el año 2017.
Resulta demoledor darse una vuelta por las oficinas de los Juzgados y contemplar que las tongas de expedientes colocadas sobre las mesas tapan a los propios funcionarios e, incluso, se esparcen por los suelos, al estar completos los archivadores. El panorama es absolutamente desolador tanto para los profesionales que trabajan en y por la Justicia como para los ciudadanos obligados a confiarles sus pleitos y controversias.
Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? En gran medida, por la desidia y la incompetencia de los políticos que tratan con desconfianza y hasta con desdén a los Juzgados y Tribunales. La situación se torció totalmente cuando se empeñaron en trocear el Poder Judicial para su reparto competencial con las Comunidades Autónomas, poniendo en práctica la estrambótica formula de diferenciar entre "Administración de Justicia" (a cargo del Estado) y "administración de la Administración de Justicia" (cedida al ámbito autonómico). La inversión en ésta última (por cierto, un servicio público esencial) ha sido y sigue siendo absolutamente insuficiente, no sólo en cuanto a medios humanos, sino también tecnológicos y materiales. A todo ello hay que añadir la evidente tendencia a la politización del Tercer Poder, la rechazable introducción de las tasas judiciales o la pretendida reforma del turno de oficio, entre otras cuestiones.
Y la triste conclusión a la que llegan tanto el ciudadano de a pie como el Presidente del T.S. y del C.G.P.J. es la misma: la ley es eficaz frente a las personas normales y corrientes pero ineficaz (o, como mínimo, torpe) frente a los poderosos y privilegiados. Triste conclusión, también, para un Estado de Derecho en el que son demasiados los delitos cometidos desde las Cajas de Ahorro y los círculos del poder financiero y político que van a quedar sin castigo.
Tal vez sean numerosos los que se investiguen, pero terminarán cayendo en el olvido debido a la falta de medios. Y puede que algunos de esos delincuentes reciban su castigo después de décadas de procesos pero, debido a su avanzada edad, cumplirán las correspondientes condenas en unas condiciones más que cómodas. Semejante realidad conduce inevitablemente a los ciudadanos hacia la desafección del sistema y la culpa es de quienes, después de detentar el poder durante años, han consentido que desemboquemos en una situación tan deprimente.
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