Ante la falta de respuesta hasta el momento del nuevo ministro de Justicia a nuestra carta del pasado lunes 29 de septiembre, el mismo día de su toma de posesión, le hemos reiterado al nuevo ministro de Justicia, por correo electrónico, que es imprescindible la convocatoria de forma inmediata de reunión de la mesa sectorial presidida por el ministro de Justicia.
CCOO exige al nuevo ministro que debe contestar con la máxima urgencia a las cuestiones fundamentales de nuestra carta, porque en el caso de que las reformas, como el proyecto de reforma de la LOPJ, la privatización de los Registros Civiles o la ley de Tasas Judiciales, se mantengan, y el nuevo equipo pretenda continuar con las actuaciones del ministro Gallardón, que lesionan gravemente los derechos de miles de trabajadores/as, CCOO retomará de inmediato las movilizaciones más contundentes.
El correo remitido es el siguiente:
A la atención del ministro de Justicia (Rafael Catalá)
El pasado 29 de septiembre, en el mismo día de su toma de posesión, remitimos carta de CCOO en la que, entre otras cuestiones, le trasladábamos la necesidad de que se convocara con carácter urgente reunión de la mesa sectorial de la Administración de Justicia, a la que el nuevo ministro acudiera y presidiera.
CCOO reitera la necesidad de que se fije con carácter urgente la fecha de dicha reunión de la mesa sectorial, presidida por el nuevo ministro de Justicia, en la que se aborde de manera clara en el orden del día, como mínimo las siguientes cuestiones:
-Retirada del proyecto de reforma de la LOPJ
-Mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de competencias de la Administración de Justicia, y retirada de la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles.
-Ley de Tasas Judiciales
Sobre esta segunda cuestión, tras las nítidas posiciones de todos los grupos parlamentarios en el debate del RDL 8/2014 (excepto del grupo que sustenta al Gobierno), de cientos de ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos y de todas las organizaciones sindicales, oponiéndose todos ellos a la decisión del Gobierno de proceder a la privatización de los Registros Civiles mediante la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, le apuntamos también que es muy llamativo el informe del Consejo de Estado de 25 de septiembre sobre el proyecto de Real Decreto, que conocerá, por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico, que requiere, entre otras cuestiones, al Gobierno para que el consejo de ministros lo reconsidere en lo que se refiere a sus grandes orientaciones, por lo que, le conmina, a que debe modificar sensiblemente el texto antes de su aprobación, en relación, entre otros aspectos, a la naturaleza jurídica, ámbito de actuación y régimen de gestión de la nueva corporación. Y para ello, realiza numerosas consideraciones que recoge el informe del Consejo de Estado en los apartados cuarto y quinto de su informe de forma concreta.
Porque para el Consejo de Estado, la decisión del Ministerio de Justicia “supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional del Real-Decreto-ley 8/2014, en relación con el artículo 36 de la Constitución Española”
El Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por el anterior ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, “se extralimita al pretender un ámbito de actividad de la Corporación” al tiempo que denuncia la pretensión de modificar normas legales de cara a la gestión integrada de los registros civil y mercantil, tal y como pretende el Ministerio de Justicia.
Esperando una respuesta de forma urgente,
Atentamente
Javier Hernández
Responsable de acción sindical
