Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es
ENLACE A LA NOTICIA
- El dictamen pide al ministerio que rehaga el “oscuro” y “confuso” borrador porque contiene elementos “inconstitucionales”
- Dice que el Gobierno se “extralimita” al otorgar competencias sobre todos los registros a la nueva corporación, e interferir en las del Colegio de Registradores
- Hacienda exige “publicidad y concurrencia” para el concurso del polémico nuevo sistema informático registral
- CCOO ampliará su denuncia contra Rajoy y Ruiz-Gallardón ante la Fiscalía General del Estado
Rafael Catalá, en su toma de posesión con la vicepresidenta y Ruiz-Gallardón. CH. MOYA
El Consejo de Estado pide al Ministerio de Justicia que rehaga el proyecto de real decreto por el que crea una Corporación de Derecho Público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. En un dictamen que tacha el texto de Justicia de “oscuro” y “confuso” en muchos de sus artículos, e incluso rechaza por “inconstitucional” alguno de ellos, el órgano consultivo recomienda al ministerio que lo “reexamine en profundidad”. A su juicio, Justicia debe “reconsiderar” las “grandes orientaciones” de la norma, además de “revisar” muchos “aspectos concretos”.
El proyecto de real decreto es uno de los instrumentos del Gobierno para completar la reforma de los registros que está acometiendo y que ha puesto en pie de guerra a los registradores de la propiedad y mercantiles. También al resto de los sectores implicados: desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces y secretarios judiciales. El dictamen fue aprobado por unanimidad el pasado jueves. Aunque no es vinculante, sí puede pesar, por la contundencia y amplitud de sus críticas, en el recorrido de la norma.
Pese a que el Ministerio de Justicia aseguró a infoLibre que “está en condiciones de cumplir los plazos” que él mismo se marcó, lo cierto es que éstos acaban el próximo viernes. Y la polémica que acompaña a la reforma está lejos de remitir, a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirme si continúa adelante con el proyecto tal y como lo ha diseñado la Dirección General de los Registros, bajo el paraguas de Alberto Ruiz-Gallardón, o si cambia de rumbo.
CCOO ya ha anunciado que ampliará la denuncia que interpuso hace dos semanas ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el exministro Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles el pasado 4 de julio.Tanto Rajoy como dos de sus hermanos son registradores; también lo es la nuera y el cuñado del extitular de Justicia. Además, el sindicato ha denunciado al director general de los Registros, Joaquín Rodríguez, y a uno de sus subordinados, Javier Angulo –ambos registradores– por sus supuestas relaciones con una empresa que los registradores sitúan como la segura ganadora del procedimiento cerrado y sin publicidad convocado para suministrar el sistema informático del futuro registro.
Tanto la asociación de registradores Francisco Cárdenas como el propio Colegio de Registradores van a denunciar la reforma ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera también pretende impugnar ante los tribunales los decretos e incluso la adjudicación del sistema informático.
Un camino lleno de obstáculos
Así, el dictamen del Consejo de Estado aparece como otro obstáculo más en el proyecto del Gobierno. De hecho, el órgano consultivo señala hastacinco observaciones que considera “esenciales” y Justicia debería atender. El real decreto crea una Corporación de Derecho Público en la que se integrarán los registradores mercantiles que gestionen, a partir del 15 de julio de 2015, el Registro Civil. Esa “corporación” la ven los registradores como un intento del Gobierno de crear un “colegio paralelo” con el que eludir la oposición del gremio a la reforma. Su misión es la de firmar el contrato con la empresa adjudicataria del sistema informático integrado que ayudará a los registradores mercantiles a gestionar el Registro Civil. Y lo hará un Consejo Ejecutivo Provisional formado por siete personas que nombrará una orden del propio Ministerio de Justicia.
Pero la licitación y adjudicación del sistema informático integrado –un contrato de 80 millones de euros– corresponderá a una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). Para justificarlo, el Gobierno aduce motivos de máxima seguridad, por los millones de datos confidenciales que manejará.
Pues bien, el Consejo de Estado ha dictaminado que el proyecto del Gobierno “se extralimita” al pretender “ampliar el ámbito de actividad de la corporación” del Registro Civil –lo único que le ordena la ley– a todos los registros –según aparece en el proyecto de real decreto, una norma de rango inferior–. “La gestión integrada de los registros no encuentra asidero alguno en el mandato contenido” en la ley que creó la corporación, concluye.
Interferencias con el Colegio de Registradores
El Consejo de Estado, que preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, destaca la “profunda singularidad” de la corporación que pretende crear el Gobierno: en lugar de constituirse “por voluntad de los funcionarios que han de integrarse” en ella, la iniciativa corre a cargo del Gobierno y se hace por ley. No obstante, y tras criticar las “deficiencias” del texto a la hora de definir la naturaleza jurídica de la nueva corporación, el dictamen reprocha a Justicia que le otorgue “unas funciones –de representación– y estructura típicamente colegiales”, le atribuya competencias en materia de régimen disciplinario propias de un colegio profesional y establezca como legislación supletoria la de los colegios profesionales. Todo ello supone “una lectura inconstitucional” del mandato que la ley dio al ministerio para crear esa corporación, advierte.
Pero no son éstos los únicos aspectos en que el nuevo organismo “choca”, dice el Consejo de Estado, con las competencias del Colegio de Registradores. También le reconoce funciones que la ley reserva a este órgano profesional. El dictamen señala como“interferencias” entre éste y la nueva corporación que el proyecto de real decreto regule las cuotas que deberán pagar estos profesionales, así como la “cesión ordinaria o extraordinaria de fondos” del primero al segundo establecida por la norma. El Consejo de Estado no duda en destacar la “problemática” que plantearán tales operaciones.
Este órgano considera que la solución a muchos de estos conflictos es que el Colegio de Registradores gestione la nueva corporación, una posibilidad reconocida en el real decreto. Pero critica a Justicia por no prestarle suficiente atención y omitir en el texto cuáles deben ser los trámites para llevar a cabo ese proceso.
Críticas a la escasez de datos económicos
Curiosamente, la extralimitación de las competencias de la nueva corporación y su choque con las del Colegio de Registradores fueron señaladas por el preceptivo informe que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia envió al Consejo de Estado. Sin embargo, esas recomendaciones fueron obviadas por el ministerio, que remitió al Consejo de Estado una segunda versión de la memoria económica del real decreto donde se reafirmaba en la ampliación a todos los registros de las competencias de la corporación.
Por si fuera pocas las críticas, el órgano consultivo entiende que la memoria no refleja “suficientemente las consecuencias “económicas y sociales” que tendrá la norma. “Una regulación como la que contempla el proyecto, con tantas implicaciones en el funcionamiento del sistema registral español, hubiera merecido una consideración más detallada de todos estos impactos”. Aunque el Consejo de Estado no lo dice, la memoria del real decreto apenas dedica dos páginas a su impacto económico y presupuestario, y no contiene ni una sola cifra.
Otra deficiencia del real decreto, según el Consejo de Estado, estriba en que exige al Colegio de Registradores que suministre a la nueva corporación “todas las bases de datos, aplicaciones y sistemas automatizados” necesarios. El órgano que preside Romay Beccaría confiesa que “no alcanza a comprender qué tipo de bases de datos y aplicaciones” puede transferir el Colegio si la función de la nueva corporación consiste, en teoría, en poner en marcha únicamente el sistema informático del Registro Civil. Un servicio hasta ahora en manos de los jueces con el que nada tienen que ver los registradores mercantiles y de la propiedad.
Hacienda pide publicidad y concurrencia
También la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda envió su informe al Consejo de Estado. En él sugiere que el proyecto de real decreto debería introducir una cláusula que someta la contratación del nuevo sistema informático a los “principios de publicidad y concurrencia”. Otra recomendación que Justicia no ha tenido en cuenta: el procedimiento de Isdefe es negociado y sin publicidad. Según los registradores que se oponen a la reforma del Gobierno, el concurso se ha hecho a la medida de una empresa, Futuver Consulting. Ésta dice que no se va a presentar “directamente” a la licitación, pero sí va a asociarse con la compañía que lo gane porque es “la más especializada” y ya tiene “el trabajo adelantado”.
Tanto el PSOE como IU presentaron en el Congreso a lo largo del último año sendas baterías de preguntas sobre la cesión del Registro Civil a los registradores y el concurso para adjudicar el sistema informático integrado. Con escaso éxito en las respuestas del Gobierno. “Tememos que, tras la reforma y el contrato, no sólo haya una privatización sino también una prevaricación, que se está haciendo un negocio al amparo de la Administración”, advierte el diputado de IU Gaspar Llamazares. Mientras, la diputada del PSOE Laura Seara desconfía de que el nuevo ministro de Justicia, que tomó posesión este lunes, vaya a cambiar la reforma, cuya autoría los registradores atribuyen más a la Dirección General de los Registros que al propio Ruiz-Gallardón.
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El proyecto de real decreto es uno de los instrumentos del Gobierno para completar la reforma de los registros que está acometiendo y que ha puesto en pie de guerra a los registradores de la propiedad y mercantiles. También al resto de los sectores implicados: desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces y secretarios judiciales. El dictamen fue aprobado por unanimidad el pasado jueves. Aunque no es vinculante, sí puede pesar, por la contundencia y amplitud de sus críticas, en el recorrido de la norma.
Pese a que el Ministerio de Justicia aseguró a infoLibre que “está en condiciones de cumplir los plazos” que él mismo se marcó, lo cierto es que éstos acaban el próximo viernes. Y la polémica que acompaña a la reforma está lejos de remitir, a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirme si continúa adelante con el proyecto tal y como lo ha diseñado la Dirección General de los Registros, bajo el paraguas de Alberto Ruiz-Gallardón, o si cambia de rumbo.
CCOO ya ha anunciado que ampliará la denuncia que interpuso hace dos semanas ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el exministro Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles el pasado 4 de julio.Tanto Rajoy como dos de sus hermanos son registradores; también lo es la nuera y el cuñado del extitular de Justicia. Además, el sindicato ha denunciado al director general de los Registros, Joaquín Rodríguez, y a uno de sus subordinados, Javier Angulo –ambos registradores– por sus supuestas relaciones con una empresa que los registradores sitúan como la segura ganadora del procedimiento cerrado y sin publicidad convocado para suministrar el sistema informático del futuro registro.
Tanto la asociación de registradores Francisco Cárdenas como el propio Colegio de Registradores van a denunciar la reforma ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera también pretende impugnar ante los tribunales los decretos e incluso la adjudicación del sistema informático.
Un camino lleno de obstáculos
Así, el dictamen del Consejo de Estado aparece como otro obstáculo más en el proyecto del Gobierno. De hecho, el órgano consultivo señala hastacinco observaciones que considera “esenciales” y Justicia debería atender. El real decreto crea una Corporación de Derecho Público en la que se integrarán los registradores mercantiles que gestionen, a partir del 15 de julio de 2015, el Registro Civil. Esa “corporación” la ven los registradores como un intento del Gobierno de crear un “colegio paralelo” con el que eludir la oposición del gremio a la reforma. Su misión es la de firmar el contrato con la empresa adjudicataria del sistema informático integrado que ayudará a los registradores mercantiles a gestionar el Registro Civil. Y lo hará un Consejo Ejecutivo Provisional formado por siete personas que nombrará una orden del propio Ministerio de Justicia.
Pero la licitación y adjudicación del sistema informático integrado –un contrato de 80 millones de euros– corresponderá a una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). Para justificarlo, el Gobierno aduce motivos de máxima seguridad, por los millones de datos confidenciales que manejará.
Pues bien, el Consejo de Estado ha dictaminado que el proyecto del Gobierno “se extralimita” al pretender “ampliar el ámbito de actividad de la corporación” del Registro Civil –lo único que le ordena la ley– a todos los registros –según aparece en el proyecto de real decreto, una norma de rango inferior–. “La gestión integrada de los registros no encuentra asidero alguno en el mandato contenido” en la ley que creó la corporación, concluye.
Interferencias con el Colegio de Registradores
El Consejo de Estado, que preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, destaca la “profunda singularidad” de la corporación que pretende crear el Gobierno: en lugar de constituirse “por voluntad de los funcionarios que han de integrarse” en ella, la iniciativa corre a cargo del Gobierno y se hace por ley. No obstante, y tras criticar las “deficiencias” del texto a la hora de definir la naturaleza jurídica de la nueva corporación, el dictamen reprocha a Justicia que le otorgue “unas funciones –de representación– y estructura típicamente colegiales”, le atribuya competencias en materia de régimen disciplinario propias de un colegio profesional y establezca como legislación supletoria la de los colegios profesionales. Todo ello supone “una lectura inconstitucional” del mandato que la ley dio al ministerio para crear esa corporación, advierte.
Pero no son éstos los únicos aspectos en que el nuevo organismo “choca”, dice el Consejo de Estado, con las competencias del Colegio de Registradores. También le reconoce funciones que la ley reserva a este órgano profesional. El dictamen señala como“interferencias” entre éste y la nueva corporación que el proyecto de real decreto regule las cuotas que deberán pagar estos profesionales, así como la “cesión ordinaria o extraordinaria de fondos” del primero al segundo establecida por la norma. El Consejo de Estado no duda en destacar la “problemática” que plantearán tales operaciones.
Este órgano considera que la solución a muchos de estos conflictos es que el Colegio de Registradores gestione la nueva corporación, una posibilidad reconocida en el real decreto. Pero critica a Justicia por no prestarle suficiente atención y omitir en el texto cuáles deben ser los trámites para llevar a cabo ese proceso.
Críticas a la escasez de datos económicos
Curiosamente, la extralimitación de las competencias de la nueva corporación y su choque con las del Colegio de Registradores fueron señaladas por el preceptivo informe que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia envió al Consejo de Estado. Sin embargo, esas recomendaciones fueron obviadas por el ministerio, que remitió al Consejo de Estado una segunda versión de la memoria económica del real decreto donde se reafirmaba en la ampliación a todos los registros de las competencias de la corporación.
Por si fuera pocas las críticas, el órgano consultivo entiende que la memoria no refleja “suficientemente las consecuencias “económicas y sociales” que tendrá la norma. “Una regulación como la que contempla el proyecto, con tantas implicaciones en el funcionamiento del sistema registral español, hubiera merecido una consideración más detallada de todos estos impactos”. Aunque el Consejo de Estado no lo dice, la memoria del real decreto apenas dedica dos páginas a su impacto económico y presupuestario, y no contiene ni una sola cifra.
Otra deficiencia del real decreto, según el Consejo de Estado, estriba en que exige al Colegio de Registradores que suministre a la nueva corporación “todas las bases de datos, aplicaciones y sistemas automatizados” necesarios. El órgano que preside Romay Beccaría confiesa que “no alcanza a comprender qué tipo de bases de datos y aplicaciones” puede transferir el Colegio si la función de la nueva corporación consiste, en teoría, en poner en marcha únicamente el sistema informático del Registro Civil. Un servicio hasta ahora en manos de los jueces con el que nada tienen que ver los registradores mercantiles y de la propiedad.
Hacienda pide publicidad y concurrencia
También la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda envió su informe al Consejo de Estado. En él sugiere que el proyecto de real decreto debería introducir una cláusula que someta la contratación del nuevo sistema informático a los “principios de publicidad y concurrencia”. Otra recomendación que Justicia no ha tenido en cuenta: el procedimiento de Isdefe es negociado y sin publicidad. Según los registradores que se oponen a la reforma del Gobierno, el concurso se ha hecho a la medida de una empresa, Futuver Consulting. Ésta dice que no se va a presentar “directamente” a la licitación, pero sí va a asociarse con la compañía que lo gane porque es “la más especializada” y ya tiene “el trabajo adelantado”.
Tanto el PSOE como IU presentaron en el Congreso a lo largo del último año sendas baterías de preguntas sobre la cesión del Registro Civil a los registradores y el concurso para adjudicar el sistema informático integrado. Con escaso éxito en las respuestas del Gobierno. “Tememos que, tras la reforma y el contrato, no sólo haya una privatización sino también una prevaricación, que se está haciendo un negocio al amparo de la Administración”, advierte el diputado de IU Gaspar Llamazares. Mientras, la diputada del PSOE Laura Seara desconfía de que el nuevo ministro de Justicia, que tomó posesión este lunes, vaya a cambiar la reforma, cuya autoría los registradores atribuyen más a la Dirección General de los Registros que al propio Ruiz-Gallardón.
