La Justicia española, entre las más baratas y rápidas de Europa
Un proceso judicial puede dilatarse más de 250 días en España, pero en Malta o Italia hay que esperar casi dos años, lo que hace de nuestro país uno de los que más han mejorado en los últimos ejercicios.
Publicado en www.expansion.com
11/07/2014. Juzgados colapsados, sentencias pendientes de ejecutar y procedimientos que se demoran meses a la espera de que se celebre un juicio. En España, la Justicia tiene fama de ser lenta y, aunque así lo pueda parecer, es de las más eficientes de Europa si se compara con los sistemas de los países vecinos. Un procedimiento civil o mercantil en España puede dilatarse por encima de los 250 días, prácticamente la mitad que en Malta o Italia, donde casi alcanza los dos años. Los juzgados nacionales son incluso más rápidos que los de Francia o Finlandia, y ligeramente más lentos que los de Alemania o Suecia. Aun así, todavía están lejos de las cifras récord que registra, por ejemplo, Lituania y Luxemburgo, los únicos de la Unión Europea que se sitúan por debajo de los cien días.
Estos son algunos de los datos que se desprenden del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE 2014, elaborado por la Comisión Europea, y que «revela la toma de conciencia por parte de las instituciones comunitarias de la importancia de tener un sistema judicial eficaz, de calidad e independiente para fomentar el crecimiento económico», apunta Marie-José Garot, directora del Centro de Estudios Europeos de IE.
De hecho, España ha mejorado en casi todos los indicadores en esta edición, que incluye cifras de 2012, respecto a los datos recogidos en 2010. Además, nuestro país sigue aplicando nuevas reformas para mejorar estas estadísticas, como la última sobre materia concursal para agilizar los procesos en situaciones de insolvencia. Según los marcadores de la UE, los acreedores que reclaman una deuda a una compañía por vía judicial pueden tardar hasta un año y medio en cobrar, plazo que ya podría haberse reducido tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Aun así, esta cifra está muy por debajo de la media europea, donde hay países en los que los acreedores pueden tardar hasta cuatro años en recuperar su dinero, como es el caso de Eslovaquia. En Italia, Francia o Portugal son casi dos años.
El objetivo de este informe es trabajar en la mejora de la eficiencia de los diferentes sistemas judiciales, aunque la competencia en esta materia seguirá siendo del ministerio de Justicia de cada país. «La Comisión podría recomendar a los Estados miembros en última instancia tener un sistema judicial más eficaz, de calidad e independiente, acorde con los criterios establecidos en el cuadro de indicadores. De hecho, dentro de los programas de ayuda financiera concedidos a Grecia, Portugal y Chipre, se pedía a cambio a esos Estados emprender reformas en el plano judicial», explica Garot.
En el caso de España, no ha sido necesario, entre otras cosas porque ha conseguido mejorar sus resultados año a año. Destaca, por ejemplo, el gasto público medio en Justicia, que se sitúa entre los más bajos de Europa.Según las cifras publicadas por la Comisión, el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se gasta por cada español menos de 30 euros al año, frente a los 140 euros de Luxemburgo o los 100 euros de Alemania.
Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta, por ejemplo, el coste de mantener la Fiscalía General del Estado o el desembolso en servicios de asistencia gratuita. Además, al referirse al coste de 2012, cuando todavía no había entrado en vigor la ley de tasas, la cifra no es real, ya que ahora los ciudadanos y empresas que recurran a los tribunales también tienen que asumir el pago del tributo como un gasto adicional no contemplado en estos presupuestos oficiales.
Aun así, el hecho de tener uno de los sistemas judiciales más baratos se debe, en parte, a que España es uno de los países de la Unión Europea que menos jueces por habitante tiene. Según los datos de la Comisión, apenas hay diez jueces por cada 100.000 ciudadanos, mientras que, por ejemplo, en Eslovenia, Hungría o Luxemburgo hay cuatro veces más. Por el contrario, nuestro país es el sexto de la UE en el que hay más abogados: cerca de 300 letrados por cada 100.000 habitantes. En Francia, la proporción es tres veces menor.
Aunque en general los datos son positivos para la Administración de Justicia española, el toque de atención de la Comisión Europea llega a la hora de hablar de independencia judicial, ya que España ocupa el séptimo puesto por la cola, sólo por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia.
La Comisión Europea se muestra positiva sobre los resultados obtenidos en su último informe sobre los sistemas de Justicia de la UE y justifica el empeoramiento de algunos indicadores por la crisis económica, que ha disparado la litigiosidad en algunos juzgados. Aun así, en el caso de España, la mayoría de las estadísticas han mejorado, salvo las que se refieren a la adaptación de la tecnología a los procedimientos judiciales. En general, la digitalización de la gestión de procedimientos está casi al mismo nivel que en Francia, Luxemburgo o Portugal, pero a la hora de hablar de la posibilidad de presentar reclamaciones o iniciar procesos por vía electrónica, nuestro país se encuentra en desventaja. Tampoco destaca en la comunicación entre juzgados.
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Publicado en www.expansion.com
11/07/2014. Juzgados colapsados, sentencias pendientes de ejecutar y procedimientos que se demoran meses a la espera de que se celebre un juicio. En España, la Justicia tiene fama de ser lenta y, aunque así lo pueda parecer, es de las más eficientes de Europa si se compara con los sistemas de los países vecinos. Un procedimiento civil o mercantil en España puede dilatarse por encima de los 250 días, prácticamente la mitad que en Malta o Italia, donde casi alcanza los dos años. Los juzgados nacionales son incluso más rápidos que los de Francia o Finlandia, y ligeramente más lentos que los de Alemania o Suecia. Aun así, todavía están lejos de las cifras récord que registra, por ejemplo, Lituania y Luxemburgo, los únicos de la Unión Europea que se sitúan por debajo de los cien días.
Estos son algunos de los datos que se desprenden del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE 2014, elaborado por la Comisión Europea, y que «revela la toma de conciencia por parte de las instituciones comunitarias de la importancia de tener un sistema judicial eficaz, de calidad e independiente para fomentar el crecimiento económico», apunta Marie-José Garot, directora del Centro de Estudios Europeos de IE.
De hecho, España ha mejorado en casi todos los indicadores en esta edición, que incluye cifras de 2012, respecto a los datos recogidos en 2010. Además, nuestro país sigue aplicando nuevas reformas para mejorar estas estadísticas, como la última sobre materia concursal para agilizar los procesos en situaciones de insolvencia. Según los marcadores de la UE, los acreedores que reclaman una deuda a una compañía por vía judicial pueden tardar hasta un año y medio en cobrar, plazo que ya podría haberse reducido tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Aun así, esta cifra está muy por debajo de la media europea, donde hay países en los que los acreedores pueden tardar hasta cuatro años en recuperar su dinero, como es el caso de Eslovaquia. En Italia, Francia o Portugal son casi dos años.
Eficiencia
El objetivo de este informe es trabajar en la mejora de la eficiencia de los diferentes sistemas judiciales, aunque la competencia en esta materia seguirá siendo del ministerio de Justicia de cada país. «La Comisión podría recomendar a los Estados miembros en última instancia tener un sistema judicial más eficaz, de calidad e independiente, acorde con los criterios establecidos en el cuadro de indicadores. De hecho, dentro de los programas de ayuda financiera concedidos a Grecia, Portugal y Chipre, se pedía a cambio a esos Estados emprender reformas en el plano judicial», explica Garot.
En el caso de España, no ha sido necesario, entre otras cosas porque ha conseguido mejorar sus resultados año a año. Destaca, por ejemplo, el gasto público medio en Justicia, que se sitúa entre los más bajos de Europa.Según las cifras publicadas por la Comisión, el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se gasta por cada español menos de 30 euros al año, frente a los 140 euros de Luxemburgo o los 100 euros de Alemania.
Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta, por ejemplo, el coste de mantener la Fiscalía General del Estado o el desembolso en servicios de asistencia gratuita. Además, al referirse al coste de 2012, cuando todavía no había entrado en vigor la ley de tasas, la cifra no es real, ya que ahora los ciudadanos y empresas que recurran a los tribunales también tienen que asumir el pago del tributo como un gasto adicional no contemplado en estos presupuestos oficiales.
Aun así, el hecho de tener uno de los sistemas judiciales más baratos se debe, en parte, a que España es uno de los países de la Unión Europea que menos jueces por habitante tiene. Según los datos de la Comisión, apenas hay diez jueces por cada 100.000 ciudadanos, mientras que, por ejemplo, en Eslovenia, Hungría o Luxemburgo hay cuatro veces más. Por el contrario, nuestro país es el sexto de la UE en el que hay más abogados: cerca de 300 letrados por cada 100.000 habitantes. En Francia, la proporción es tres veces menor.
Aunque en general los datos son positivos para la Administración de Justicia española, el toque de atención de la Comisión Europea llega a la hora de hablar de independencia judicial, ya que España ocupa el séptimo puesto por la cola, sólo por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia.
La tecnología, asignatura pendiente
La Comisión Europea se muestra positiva sobre los resultados obtenidos en su último informe sobre los sistemas de Justicia de la UE y justifica el empeoramiento de algunos indicadores por la crisis económica, que ha disparado la litigiosidad en algunos juzgados. Aun así, en el caso de España, la mayoría de las estadísticas han mejorado, salvo las que se refieren a la adaptación de la tecnología a los procedimientos judiciales. En general, la digitalización de la gestión de procedimientos está casi al mismo nivel que en Francia, Luxemburgo o Portugal, pero a la hora de hablar de la posibilidad de presentar reclamaciones o iniciar procesos por vía electrónica, nuestro país se encuentra en desventaja. Tampoco destaca en la comunicación entre juzgados.
