Noticia publicada en www.laverdad.es
- El fiscal general del Estado anuncia en el Foro Nueva Murcia que reforzará la fiscalía anticorrupción, y dice que ha pedido «máxima celeridad» en los casos Bárcenas y Gürtel
ENTRE COMILLAS
Democracia
«Le hacemos un flaco favor deslegitimando las instituciones, aunque sea legítimo criticarlas»
Nuevas tecnologías
«La situación es caótica. Tenemos ocho aplicaciones informáticas y no son compatibles»
Corrupción polítca
«Hay sanciones muy severas, lo que hace falta es que las sentencias se cumplan y devuelvan el dinero»
Tasas judiciales
«Es una mala noticia que en Murcia hayan caído los casos tras su aplicación»
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dejó ayer claro en Murcia que no permitirá injerencias ni instrucciones del Gobierno con respecto a los casos de corrupción política que escandalizan estos días a la sociedad española, algunos de los cuales afectan directamente a exdirigentes del PP, como son los casos Bárcenas y Gürtel. «El día que reciba alguna presión me iré a mi casa. No soy proclive a recibir ningún tipo de presión, y el ministro de Justicia y el Gobierno lo saben», precisó Torres-Dulce en el coloquio posterior a la conferencia que ofreció en el Casino de Murcia ayer por la tarde.
Con el fiscal general del Estado, el Foro Nueva Murcia cerró el ciclo de conferencias que inició con el embajador de Alemania en España, Reinhard Silberberg, en junio del pasado año. Y lo hizo con brillantez, ya que, según varios comentarios oídos tras el acto, la intervención de Torres-Dulce fue la mejor de todas las escuchadas en el Casino de Murcia.
No eludió la autocrítica razonada, contestó a todas las cuestiones que se plantearon tras su alocución, y expuso sus propuestas para reformar una administración de Justicia que atraviesa momentos delicados.
El presidente del Foro, José Luis Mendoza, presentó el acto, y el embajador José García Bañón se encargó de introducir al conferenciante.
Más medios
Torres-Dulce resaltó la importancia para la salud democrática de contar con una Justicia fuerte e independiente, por lo que criticó que en España la ratio de medios dedicados a la administración de Justicia se encuentra en un nivel medio-bajo en comparación con el resto de países europeos. «No hemos sido un valor electoral», precisó, tras lamentar «el olvido de que ha sido objeto por los poderes políticos». Reivindicó por ello una mayor dotación presupuestaria para la Justicia, «aunque estemos en crisis».Como ejemplo de la penuria en que trabaja se refirió «al retraso en la aplicación de las nuevas tecnologías» que existe en la administración judicial. «Yo mismo me enfrento a una situación caótica, ya que disponemos de ocho aplicaciones informáticas y todas son diferentes y la mayoría incompatibles», indicó.
Reprobó también que las administraciones públicas «sobrecarguen» los tribunales con casos que son incapaces de resolver, y se preguntó si «no estaremos recurriendo en exceso» a ellos. «Una sociedad viva es la que previene los problemas», aseveró. Por ello pidió que la Justicia sea «el último remedio, el quirófano donde arreglar conflictos sociales que no hayan podido solventar antes mecanismos de arbitraje, de mediación y de prevención de problemas sociales».
«La situación de la administración de Justicia no es crítica, pero sí grave», apuntó, aunque destacó la existencia de «un gran consenso» político y social para resolver los problemas que sufre.
En este sentido, propuso «expulsar las faltas», que originan 800.000 juicios al año, de los procedimientos judiciales, y también poner en marcha los juzgados de 24 horas, que permitan la aplicación de una «justicia inmediata para los delitos flagrantes». Con respecto a los juicios «mediáticos, complejos, con complicadas pruebas periciales», abogó por «acortar el proceso» y agilizar la celebración del juicio oral.
Pidió además que la Fiscalía disponga de unidades policiales y periciales para realizar su trabajo, propuestas todas ellas que figurarán en el Libro Blanco que elabora el Ministerio Fiscal y que prevé presentar en el mes de junio.
Ya en el coloquio que siguió a su intervención, y a preguntas de los asistentes, entre los que había numerosos miembros de la judicatura murciana, políticos y empresarios, Torres-Dulce no se mostró partidario de modificar el Código Penal para endurecer las penas para los delitos relacionados con la corrupción política. Explicó que «desde 1995 se han producido 95 reformas del Código Penal», lo que consideró excesivo. Más bien se mostró partidario de «adelgazar el Código Penal; no puede ser que todo sea delito». Precisó que ya existen sanciones lo suficientemente duras para los delitos de corrupción, «lo que hace falta es que los juicios se celebren con rapidez, que se cumplan las sentencias y que devuelvan el dinero».
Manifestó el fiscal general una preocupación especial hacia los casos de corrupción, para los que comprometió «celeridad, presteza e imparcialidad» por parte del Ministerio Fiscal. «El foco de la ciudadanía está fijado en estos casos y es un desafío al que hay que hacer frente», agregó.
En este sentido, reveló que el Ministerio de Justicia ha accedido a su propuesta de reforzar la fiscalía anticorrupción, «porque está sobrecargada y desbordada de trabajo», y que también ha pedido más medios para las fiscalías de delitos económicos de Madrid y Barcelona.
Una Justicia más rápida
Confesó que conseguir mayor agilidad en la aplicación de la Justicia «es una mis obsesiones». «No resulta creíble que un proceso, por muy complejo que sea, dure catorce años, eso es intolerable», afirmó.En concreto, informó de que ha dado instrucciones para que el 'caso Gürtel' sea cerrado cuanto antes, y que también ha pedido «máxima celeridad» para que se fije la posición de la Fiscalía en el 'caso Bárcenas'.
El director de 'La Verdad', Alberto Aguirre de Cárcer, que moderó el coloquio, interpeló al fiscal general por la huelga de jueces convocada para el próximo miércoles, y a la que se han adherido también los colegios de abogados. Torres-Dulce reiteró su respeto a la convocatoria, pero la calificó de «mala noticia» porque «no es bueno para la administración de Justicia este clima de confrontación institucional».
El mismo calificativo empleó al referirse al descenso en un 20% de los casos que han recibido los tribunales en la Región tras la aplicación de las tasas judiciales. «Es una mala noticia porque la Justicia debe ser lo más accesible posible a los ciudadanos». Consideró «necesarias» las tasas, «pero no pueden ser desproporcionadas con respecto al fin que persiguen», por lo que valoró el anuncio de su reforma anunciado por el ministro de Justicia.
