- Ayer se celebró la reunión informativa con el subsecretario de Justicia sobre la privatización de los Registros Civiles. Reunión informativa, y no de negociación como había exigido CCOO, convocada por el subsecretario de Justicia sobre los Registros Civiles, que finaliza con su despótica afirmación de dar una semana para negociar las condiciones en las que quedará el personal allí destinado.
- La reunión meramente informativa demostró la incapacidad del Ministerio de Justicia y de sus responsables para justificar esta privatización, que CCOO rechaza de forma contundente y no vamos a parar hasta conseguir detenerla.
- Como venía denunciando CCOO, el subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los puestos de trabajo del personal de los Registros Civiles destinado en las CCAA transferidas.
CCOO HA REITERADO AL SUBSECRETARIO DE
JUSTICIA QUE EL GOBIERNO DEBE RETIRAR SU DECISIÓN DE PRIVATIZAR LOS REGISTROS
CIVILES Y ABRIR UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN QUE HA ELUDIDO DESDE QUE, EN OCTUBRE
DE 2012, EL GOBIERNO EMPRENDIERA SU CAMINO HACIA LA PRIVATIZACIÓN QUE HA
NEGOCIADO DURANTE MESES EXCLUSIVAMENTE CON LOS REGISTRADORES.
CCOO
LE CONMINA A INCLUIR EN LA
REFORMA DE LA
LOPJ LA GARANTÍA ESCRITA DE QUE TODOS LOS PUESTOS DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DESTINADOS EN CUALQUIER REGISTRO
CIVIL DE ESPAÑA (INCLUIDOS LOS JUZGADOS DE PAZ) SE MANTENDRÁN TRAS LA REFORMA.
El
subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los
puestos de trabajo del personal de los Registros Civiles destinado en las CCAA
transferidas.
Y
respecto al personal no transferido, el subsecretario de Justicia no ha sido
capaz de responder con claridad a CCOO, porque ha
sido incapaz de explicar las garantías que introducirá en la ley para asegurar
el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se
perderán en los Registros Civiles con esta insensata e injusta decisión del
Gobierno.
Las
explicaciones del subsecretario de Justicia en la reunión, definida por él mismo
como meramente informativa, tras más de 18 meses en que el ministro Gallardón
ha insistido en la privatización de los Registros Civiles y negociado
exclusivamente con los registradores, han sido para justificar los motivos de
esta decisión del Gobierno. Detallamos sus afirmaciones hoy:
- Según el subsecretario, el
Registro Civil seguirá siendo gratuito.
- Afirma que los datos privados
seguirán igualmente protegidos como hasta ahora.
- Dice que la plataforma
tecnológica se pagará a cargo de los registradores mercantiles.
- Mantiene que la cobertura
territorial con los registradores mercantiles será mejor que la prevista
en
- Según el subsecretario, donde
no exista oficina de registradores mercantiles, las notarías podrán
ejercer esa función de forma gratuita y si no es posible, esa función la
harán las oficinas de Paz que se creen con personal del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa.
- Está seguro que las Administraciones Públicas no
asumirán costes con esta decisión.
- El Ministerio de Justicia
afirma que incluirá en
- Asegura que con su proyecto que
privatiza los Registros Civiles, disminuirán de forma importante tanto las
inscripciones, como las certificaciones como los expedientes de
nacionalidad.
CCOO ha contestado al subsecretario sobre
estas afirmaciones:
Que
el Ministerio de Justicia es incapaz de garantizar la gratuidad del Registro
Civil y en breve, el gobierno incrementará los aranceles o los impuestos a los
ciudadanos o lo pagarán los usuarios directamente. Además, se pone en riesgo la
privacidad y confidencialidad de datos especialmente protegidos cuando pasan a
ser gestionados por personal de un ámbito privado.
Para
CCOO
el subsecretario ha sido incapaz de explicar cómo va a poder obligar a los
registradores mercantiles a asumir un coste, como el de la plataforma
tecnológica, de ese calado por imposición, y le hemos acusado de falsedad
cuando afirma que la cobertura con la privatización será mejor, pues con la
actual estructura de los Registros Civiles servidos por personal de la Administración de
Justicia, la cobertura es inmensamente mayor.
CCOO le ha instado también a que garantice
con meridiana claridad que la plantilla
de cada oficina de Paz contará con todo el personal, y de todos los
cuerpos actualmente existente en cada Juzgado o Agrupación de Juzgado de Paz.
Asimismo, CCOO
ha exigido que esta garantía se introduzca en la LOPJ.
CCOO ha reprochado al subsecretario que si
Gallardón hubiera puesto a disposición del personal de la Administración de
Justicia los medios tecnológicos que va a facilitar a los registradores
mercantiles para materializar la privatización del Registro Civil, la situación
de este servicio público habría mejorado exponencialmente.
Además,
el subsecretario ha afirmado:
- Que la ley que tramitará el
Congreso a partir de septiembre, procederá a la creación de un Archivo en
cada Comunidad Autónoma en dónde se agruparán todos los libros de los Registros
Civiles actuales de su territorio, transformando edificios de Registros
Civiles exclusivos actuales en Archivo. Del traslado de los libros y su
mantenimiento en el archivo se encargarán las CCAA y de la gestión del
archivo se encargarán los registradores mercantiles.
- Que los Registros Civiles
únicos o exclusivos seguirán funcionando hasta el 31 de diciembre de 2016,
en que finalizará el período transitorio de puesta en marcha de la
plataforma electrónica.
- Que no corresponde a la mesa
sectorial negociar el proyecto de ley de los Registros Civiles que
sustituirá a
- Y lo más escandaloso, el
subsecretario ofrece con un desparpajo intolerable, dando un plazo de solo 7 días no
ampliables, convocará mesa sectorial para negociar una disposición transitoria (semejante a la
disposición transitoria 8ª de la ley 2011) sobre el estado en que
quedará el personal de
Además
de refutar cada una de las manifestaciones del subsecretario de Justicia, CCOO ha presentado
también en la reunión:
- Vamos
a continuar ejerciendo todas las acciones legales y sindicales que
consideremos necesarias para impedir la privatización de los Registros
Civiles, manteniéndose la convocatoria de Huelga que contra el
desmantelamiento de
- Vamos
a hacer todo lo posible para que las instituciones o personas, que están
facultadas por la constitución para presentar recurso de
inconstitucionalidad contra esta privatización, lo presenten.
- Estamos
estudiando la presentación de las acciones legales en los campos que sean
oportunos, contra todos aquellos miembros del Gobierno que pudieran haber
incurrido en actuaciones presuntamente ilegales participando en la
decisión colegiada del Gobierno para privatizar de los Registros Civiles
- Vamos
a exigir por escrito que la negociación de la disposición, sobre cómo va a
quedar el personal de los Registros Civiles tras la privatización, no se
cierre hasta que el trámite parlamentario llegue a su fin, con el objeto
de lograr garantizar el 100% de todos los empleos actualmente existentes
en toda España. Denunciamos que Gallardón pretende reírse de los
trabajadores/as al dar un plazo de 7 días para
negociar lo que para los registradores se ha llevado a cabo durante más de
18 meses.
- Vamos
a exigir por escrito que todo el personal destinado actualmente en los
Registros Civiles, cualquiera que sea su destino actual, en Registro
Único, o en Registro con tareas compartidas con las jurisdiccionales, o en
Juzgado o Agrupación de Juzgado de Paz, y sea cuál sea el ámbito
territorial en el que se encuentre destinado, tenga garantizado su puesto de trabajo. Y para ello, debe introducirse en
norma legal de obligado cumplimiento para todas las CCAA, como
- No
vamos a aceptar tampoco que los Registros Civiles sean privatizados por
las consecuencias que seguimos asegurando van a sufrir todos los
ciudadanos, pues el subsecretario de Justicia ha sido incapaz de
garantizar que sus derechos se van a respetar.
CCOO hace un llamamiento
de nuevo a todas las organizaciones sindicales para que apoyen nuestra
exigencia al Ministerio de Justicia para que se introduzca en la reforma de la LOPJ la garantía de que todos
los puestos de trabajo de las personas destinadas en cualquiera de los
Registros Civiles de toda España y de los Juzgados y Agrupaciones de los
Juzgados de Paz, de cualquier cuerpo, tengan garantizado sus puestos de
trabajo, sean titulares o interinos.
Y ese
emplazamiento incluye que no suscriban ningún documento con el Ministerio de
Justicia que no contenga esta garantía, porque estarán dando un cheque en
blanco a la
Administración para amortizar cientos de puestos de trabajo.
