El sindicato denuncia que con esta reforma el Gobierno suprime la justicia de proximidad, al eliminar todos los partidos judiciales y los juzgados de paz
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado 4 de abril, pretende modificar toda la organización judicial. El texto establece la eliminación de la justicia de proximidad con la supresión de todos los partidos judiciales y de los juzgados de paz. CCOO rechaza categóricamente estas medidas y alerta de que si el contenido del proyecto de la reforma de la LOPJ se mantiene, millones de personas tendrán cada vez más obstáculos en el acceso a la Administración de Justicia. Por estos motivos, el sindicato anuncia que incrementará las movilizaciones si el Gobierno insiste en mantener el texto aprobado en la futura ley.
Además, CCOO rechaza dicho anteproyecto porque, entre otras medidas, impone la pérdida de los derechos de más de 45.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, permite la amortización de cientos de puestos de trabajo en toda España, impone la movilidad forzosa geográfica y condena a cientos de personas interinas al despido.
El sindicato también critica otros puntos del texto y así afirma que CCOO “no comparte en absoluto la pretensión de Gallardón de acabar con la democracia interna en la Administración de Justicia, que, en la práctica, es lo que significa la supresión de los decanatos y el establecimiento de un sistema cada vez más jerarquizado”, declaran desde la organización sindical, que también rechaza el ataque a la libertad de expresión que supone la prohibición a la judicatura y al personal funcionario a pronunciarse sobre asuntos de actualidad.
Por último, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO critica “la decisión de incrementar aún más el número de aforados, que ha permitido que miles de personas tengan una situación de privilegio sobre el 99% de la ciudadanía” y añade que, con esta reforma, el Gobierno “busca implantar un sistema que dificulte aún más la lucha contra la corrupción”. Imprimir artículo
