- Asuntos penales y civiles (el registro civil no se computa en estas estadísticas)
- Para CCOO estos datos demuestran que debe retirarse de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la supresión de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y de los partidos judiciales, al constatarse con datos oficiales, que las denuncias realizadas por numerosos colectivos ciudadanos, judiciales y por nuestro sindicato, demuestran el gravísimo atentado a la ciudadanía que supondría dicha supresión.
LOS
DATOS ESTADÍSTICOS PUBLICADOS POR EL INE SOBRE LA JUSTICIA DE PAZ, QUE
GALLARDÓN PRETENDE ELIMINAR, REVELAN LA IMPORTANCIA QUE EL
MANTENIMIENTO DE ESTOS JUZGADOS TIENEN PARA LA CIUDADANÍA.
La Justicia de Proximidad es el pilar básico de la Justicia, donde se toma plenamente en consideración eso que se denomina Servicio Público y que va dirigido precisamente a la ciudadanía. Su carácter público, gratuito, universal, cercano al ciudadano/a y prestado por trabajadoras y trabajadores públicos, profesionales e imparciales, son las características esenciales de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz que, junto con la justicia impartida en los órganos judiciales con sede en los partidos judiciales, conforman el principio de “justicia de proximidad”.
Justicia de Proximidad que de aprobarse tal y como está el anteproyecto de LOPJ supondrá la desaparición de todos y cada uno de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz existentes y de todos los partidos judiciales que conforman hoy la primera base de la estructura territorial judicial española.
Los datos estadísticos no mienten y así los Juzgados de Paz españoles tramitaron el año pasado 1.010.056 en materia penal (de un total de asuntos ingresados de 1.011.038), mientras que en materia civil resolvieron un total de 1.088.656 asuntos (de un total de asuntos ingresados de 1.087.409), asuntos como juicios de faltas, exhortos, diligencias previas en la investigación de hechos denunciados, actos de conciliación, juicios verbales, a lo que se añade las funciones de registro civil (no incluidas en esa estadística), desmienten los argumentos esgrimidos una y otra vez por el ministro Gallardón para eliminar la justicia de paz y el coste que para el ciudadano supondría el desmantelamiento de estos órganos, eso sin mencionar el coste económico que también repercutiría negativamente en dichos municipios.
La profesionalidad y la imparcialidad de las empleadas y empleados públicos de la Administración de Justicia que prestan este servicio, garantizan plenamente la eficacia de estos órganos judiciales. Con la reforma, Gallardón entregará este Servicio Público a manos de colectivos de gestión privada, como Procuradores, Notarios o Registradores de la Propiedad y/o Mercantiles, que sólo velan por sus propios intereses particulares y no por el interés general. Su eliminación supondrá una nueva privatización, que obligará a la ciudadanía a asumir un nuevo coste económico, y supondrá otro varapalo a sus derechos y al mantenimiento de un Servicio esencial sustentado económicamente por nuestros impuestos.
Muchas son las voces que, junto a los trabajadores y CCOO, están reclamando el mantenimiento de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y de los partidos judiciales, y así declaraciones de Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, Asociaciones de Vecinos, Partidos Políticos, y también del mundo de la Justicia, piden al ministro Gallardón que retire del anteproyecto de reforma de la LOPJ la supresión de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y de los partidos judiciales, que constituyen la Justicia de proximidad, servicio esencial para la ciudadanía.
¡¡NO A LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!
¡NO A LA DESAPARICIÓN DE LOS JUZGADOS
Y AGRUPACIONES DE JUGADOS DE PAZ!!
¡NO A LA SUPRESIÓN DE LOS PARTIDOS JUDICIALES!!
