La vicepresidenta del Gobierno anuncia el establecimiento
de un procedimiento a través de los notarios para acreditar la condición de sefardí
y el establecimiento de una tasa de 75 euros para adquirir la nacionalidad
española por expediente en todos los supuestos.
CCOO ACUSA GALLARDÓN Y AL GOBIERNO DE COMENZAR LA
PRIVATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Tras la lectura del anteproyecto de Ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, anunciado por la Vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros del 6 de junio, CCOO ratifica que los proyectos de ley que el Gobierno tiene en marcha muestran su voluntad de privatizar numerosos procedimientos registrales, que saldrán de la esfera del Registro Civil público y gratuito para pasar a ser competencia de operadores jurídicos privados y por los que habrá que pagar.
En primer lugar el Ministerio de Justicia aprobó en octubre de 2013 el Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, hoy en tramitación en el Congreso, por el que se permitirá a los Notarios tramitar los expedientes de matrimonio civil, previo pago de un arancel de 95 €, compartiendo éstos una función que tradicionalmente ha sido en España competencia exclusiva de los Registros Civiles, lo que ha supuesto una ventaja evidente de cara a la inscripción del matrimonio posterior al haber sido antes autorizado por el Registro Civil.
En segundo lugar la Vicepresidenta del Gobierno anunció la presentación de un proyecto de Ley (lo que afortunadamente significa que podrá enmendarse en su tramitación parlamentaria) para la concesión de la nacionalidad española para los ciudadanos sefardíes por carta de naturaleza. En dicho Proyecto de Ley se establece que la acreditación de la condición de sefardí se hará exclusivamente por medio de los Notarios, quienes elevarán propuesta motivada al Ministerio de Justicia, y que la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, para la que habrá que pagar una tasa de 75 € que según la vicepresidenta es menor que lo que se paga en otros países como Alemania y que se ampliará a todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española.
Esta forma de tramitación supone una forma excepcional dentro de nuestra administración, ya que hasta ahora para iniciar cualquier trámite de procedimiento registral o relativo a la nacionalidad española bastaba con la mera presentación de la solicitud, y ello sin perjuicio de la posibilidad de que quien quisiera pudiera valerse del servicio profesional de un abogado o gestoría. Cuando se anunció hace unos meses este proyecto de Ley la acreditación de la condición de sefardi se iba a hacer ante los Consulados de España en el extranjero, en su función de Registros Civiles Consulares, pues se daba por hecho que la gran mayoría de sefardíes que podían acogerse a la nacionalidad española por este procedimiento residen fuera de España.
Por todo ello resulta sorprendente e inexplicable que el Proyecto de Ley impida a los sefardíes que quieran adquirir la nacionalidad española presentar su solicitud a través del Registro Civil de su domicilio, que sería el del Consulado de España en el país en que residan, lo que sería lo más lógico y acorde con la legislación registral, y se les obligue a presentarla a través de una plataforma electrónica de pago, para que un colectivo ajeno a la Administración como son los Notarios (son funcionarios públicos, pero no pertenecen a la Administración propiamente dicha), desvinculados por completo de los solicitantes y con domicilio en España, sean quienes deben realizar una tramitación administrativa que incluirá la presencia del sefardí ante el Notario (con los gastos de viaje y estancia en España que ello conlleva) y una valoración de si se cumplen o no los requisitos para tener por acreditada la condición de sefardí, debiendo el Notario elevar una propuesta motivada de resolución a la Dirección General de Registros y del Notariado, para resolución de la concesión de la nacionalidad.
Tal excepcionalidad se debe, sin duda, al deseo del Ministerio de Justicia de atribuir a los Notarios la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad por residencia, tal y como resulta del Borrador de Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros elaborado el año pasado. Resulta claro y meridiano que la tramitación de estos expedientes a través de los Notarios, y que los particulares no puedan presentar sus solicitudes a través de los órganos registrales tal y como establece la Ley y el Reglamento del Registro Civil respecto de los expedientes de adquisición de nacionalidad española por carta de naturaleza, abre la puerta a que próximamente todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia se hayan de tramitar a través de los Notarios, privatizando la tramitación de dichos expedientes y estableciendo aranceles para su tramitación.
Los expedientes de matrimonio civil y los de adquisición de la nacionalidad española por residencia constituyen el mayor volumen de los expedientes que tramitan hoy los Registros Civiles; con los proyectos en trámite por este Gobierno se abre la posibilidad de desvincular del Registro Civil los llamados actos preparatorios de actos de Registro Civil (expedientes, declaraciones de voluntad relativas a nombres y apellidos, vecindad civil y nacionalidad, etc), de forma que los Registros Civiles sólo tengan funciones de practicar inscripciones y expedir certificaciones, que serían gratis, y los demás actos, desvinculados del Registro Civil, serían competencia de los Notarios, a los que habría que pagar por sus servicios, lo que supone una clara privatización de parte de un servicio público, hoy gratuito y mañana sujeto a arancel.
Además el proyecto de Ley presentado por el Gobierno trae otra “perla”, que es el establecimiento de una tasa de 75 € a pagar no sólo por los sefardíes sino por todo aquel que quiera adquirir la nacionalidad española por residencia o carta de naturaleza. Justifica el Gobierno esta tasa en que “la complejidad de estos procedimientos hace imprescindible la existencia de una tasa que sirva como vía de financiación parcial de los gastos que la Administración General del Estado realiza para su correcta tramitación. Son numerosos los organismos e instituciones que intervienen en su desenvolvimiento, así como numerosos los datos que deben ser recabados para el desarrollo y finalización de aquellos, lo que determina unos costes ciertamente imputables a quien obtiene un beneficio directo de la actuación administrativa….”. El establecimiento de esta tasa demuestra que Gallardón miente cuando afirma que pase lo que pase con los Registros Civiles seguirán siendo gratis todos los trámites que hoy lo son.
Lo cierto es que la mayoría de la información para la resolución del expediente de nacionalidad la tiene que aportar el propio peticionario junto con su escrito inicial; que en el expediente se recaban los antecedentes penales del peticionario en España, a través del programa informático del Ministerio de Justicia que sirve de apoyo a todos los órganos judiciales penales, y que el único informe escrito que se recaba es el de la Policía Nacional sobre la conducta del peticionario y su tiempo de residencia en España. CCOO rechaza el establecimiento de una tasa para tramitar expedientes de nacionalidad y la considera además desproporcionada, por cuanto es obligación de la Administración la implantación de las plataformas electrónicas para la realización de cualquier trámite administrativo, financiadas en su gran mayoría por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros. Si una familia, compuesta por los padres y tres hijos, tiene que pagar tasas por todos ellos para adquirir la nacionalidad, además de la tasa para aprobar un examen en el Instituto Cervantes que acredite su conocimiento del idioma y cultura española, el coste para nacionalizarse español va a ser muy elevado y muchas familias, hoy en situación precaria por la crisis económica, no podrán afrontarlo
CCOO sospecha que el establecimiento de esta tasa,
incluida en un proyecto en que se atribuye a operadores jurídicos privados
funciones hoy de carácter registral, se debe a la necesidad de financiar en
parte los servicios que éstos van a prestar en estos trámites hoy respecto de
los sefardíes y mañana posiblemente respecto de todos los extranjeros que
residan en España. Gallardón, poco a poco, va privatizando servicios
registrales y estableciendo tasas y aranceles para las actuaciones más
importantes. No importa que luego diga que en el futuro Registro Civil,
inscripciones y certificaciones serán gratuitas, porque habrá que pagar por
todo lo demás y nos va a salir mucho más caro a los ciudadanos. Quiere acabar con el servicio público y
gratuito del Registro Civil.
