Publicado en www.diariodejerez.es
La Junta prevé aprobar a finales de año el Decreto que renueva la organización en los juzgados para mejorar la eficacia en la gestión
"La estructura actual ha quedado obsoleta". Así de tajantes se manifiestan los que defienden que la congestión de los juzgados no se resuelve con la creación de nuevos órganos, sino que al contrario de lo que se pretendía, vuelven a producir retrasos que convierten el problema en algo endémico. La solución pasa por un cambio en los procedimientos administrativos de la Justicia que doten de capacidades para una nueva gestión más eficaz.
Con ese objetivo nace el proyecto de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal que se encuentra en fase de borrador en Andalucía. La Consejería quiere tenerlo aprobado antes de final de año. Desde principios de julio está abierto el procedimiento administrativo, que concluirá el 16 de septiembre con el fin del trámite de audiencia en el que los órganos con intereses y derechos que se vean afectados por el nuevo Decreto pueden presentar cuantas observaciones estimen oportunas. Para ello cuentan con un formulario para la Presentación Electrónica General.
El Decreto modificará la estructura actual de los juzgados andaluces. Sin embargo, a pesar de los pasos administrativos, los cambios organizativos no son negociables por el Gobierno regional, sobre todo porque el proyecto de Oficina Judicial y Fiscal que va a implantarse está instalado y probado ya en el 'territorio Ministerio', es decir, aquellos lugares en los que no están transferidas las competencias en la Administración de Justicia.
Se trata, por tanto, de un modelo importado, en el que solo haría falta corregir los errores comprobados en otros juzgados y adaptarlo a las peculiaridades de la región.
La finalidad que persigue esta nueva estructura es mejorar la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, la eficiencia y la eficacia, lo que conllevaría si se consigue plasmar en la realidad una reducción de los costes económicos. Uno de los motivos que llevan a este cambio procedimental es el evitar el 'vuelva usted mañana' en la Administración de Justicia. Si un funcionario se va de vacaciones, un procedimiento no puede quedar parado. El nuevo método de trabajo esquiva la relación entre trabajador y proceso, convirtiéndola entre equipo y procesos judiciales.
Los servicios comunes que existen en la actualidad son el germen que debe desarrollarse para conseguir los objetivos de esta reforma. Este departamento se encarga de las diligencias de calle, es decir, de las notificaciones, citaciones, desahucios o embargos, lo que tiene que ver directamente con el ciudadano. De este modo se descarga de trabajo al resto de funcionarios. Otra función encargada al servicio común en vigor es la de decanato, en cuanto a recepción y reparto de documentación.
Reforzar con nuevas funciones y empleados el servicio común de los juzgados es la piedra angular de la Nueva Oficina Judicial. Así, la ordenación del procedimiento o la ejecución pasarán a ser gestionados por este servicio en lugar de por las oficinas de cada juzgado. Se convierte, por tanto, en una gran oficina central que reparte, gestiona, tramita y ejecuta el trabajo que se desarrolla en los diferentes órganos judiciales.
Un juzgado contará tan solo con una Unidad Procesal de Apoyo Directo, en el que estarán adscritos, aparte del juez o magistrado, un secretario judicial -que puede a su vez coordinar varias unidades- y un número aún por determinar de funcionarios que irá en función también de la carga de trabajo, pero que a modo de media podría quedar concretado en uno de gestión y dos encargados de tramitación. Estos verán reducida su carga de trabajo debido a las funciones que se atribuyen desgajadas a los nuevos Servicios Comunes Procesales, que se dividirían en el Servicio Común Procesal General, de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución. En los partidos judiciales en los que no haya separación de jurisdicciones, es decir, en los que solo acogen juzgados de Primera Instancia e Instrucción, se creará un Servicio Común de Partido Judicial que desarrollará todas las atribuciones.
La reforma recoge otra novedad consistente en la creación de delegaciones en los centros penitenciarios, en los que se pueden ubicar plazas de funcionarios que complementen los servicios de comunicación seguros implementados recientemente por la Consejería y que redundaría en el ahorro de tiempo y costes de transporte.
Reforzar con nuevas funciones y empleados el servicio común de los juzgados es la piedra angular de la Nueva Oficina Judicial. Así, la ordenación del procedimiento o la ejecución pasarán a ser gestionados por este servicio en lugar de por las oficinas de cada juzgado. Se convierte, por tanto, en una gran oficina central que reparte, gestiona, tramita y ejecuta el trabajo que se desarrolla en los diferentes órganos judiciales.
Un juzgado contará tan solo con una Unidad Procesal de Apoyo Directo, en el que estarán adscritos, aparte del juez o magistrado, un secretario judicial -que puede a su vez coordinar varias unidades- y un número aún por determinar de funcionarios que irá en función también de la carga de trabajo, pero que a modo de media podría quedar concretado en uno de gestión y dos encargados de tramitación. Estos verán reducida su carga de trabajo debido a las funciones que se atribuyen desgajadas a los nuevos Servicios Comunes Procesales, que se dividirían en el Servicio Común Procesal General, de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución. En los partidos judiciales en los que no haya separación de jurisdicciones, es decir, en los que solo acogen juzgados de Primera Instancia e Instrucción, se creará un Servicio Común de Partido Judicial que desarrollará todas las atribuciones.
La reforma recoge otra novedad consistente en la creación de delegaciones en los centros penitenciarios, en los que se pueden ubicar plazas de funcionarios que complementen los servicios de comunicación seguros implementados recientemente por la Consejería y que redundaría en el ahorro de tiempo y costes de transporte.
La puesta en funcionamiento de esta nueva estructura se hará de modo escalonado y gradual. La previsión es que comience a entrar en vigor primero en partidos judiciales pequeños que cuenten con edificios preparados. Esto quiere decir que sea una sede única que integre a los diferentes órganos judiciales del partido. La dispersión de sedes y las infraestructuras carentes de espacios dificultan su implantación. Los pioneros a nivel regional están llamados a ser en el primer semestre de 2014 los partidos judiciales de Vélez-Málaga y El Ejido, en Almería. La oficina fiscal dará sus primeros pasos en la Fiscalía de Sevilla. La Sala de lo Civil y lo Penal y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también conocerán pronto del nuevo procedimiento. En cuanto a la provincia de Cádiz, aún no existen ni plazos ni lugares concretos y probablemente no se tendrán noticias antes de finales del próximo año.
Los partidos judiciales que mejor responden al perfil que busca la Consejería para arrancar la nueva oficina son los de Arcos y Sanlúcar. Sin embargo, existe un paso previo que requerirá de negociación con los sindicatos del sector. Para la adaptación a la estructura de la nueva oficina es necesario que previamente se realice una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a nivel provincial. Esto no significa que se produzcan despidos o recortes de plantilla. De hecho, la experiencia refleja que es necesario el nombramiento por vía de refuerzo de funcionarios a la hora de albergar el cambio estructural. Lo que sí cambiará la reforma en un buen número de puestos es el juzgado al que esté adscrita la plaza, ya que irán saliendo las ofertas a medida que se vaya implantando en los diferentes partidos judiciales.
Enlace Permanente: Publicación en el Diario de Jerez
