La aprobación de la Reforma Laboral y el Real Decreto 1483/2012, ha consagrado por primera vez en nuestra legislación los Despidos Colectivos (EREs) de empleados públicos en las Administraciones Públicas, y ante esta agresión sin precedentes CCOO no solo convocó una huelga general sino que continuamos con toda una serie de movilizaciones, pero también con la defensa de los derechos de los trabajadores ante los tribunales de justicia.
Y así, recientemente los Servicios Jurídicos de CCOO han logrado una importante Sentencia contra la pretensión de la Diputación Provincial de Ourense de despedir a 25 empleados públicos (personal laboral indefinido) alegando causas económicas por insuficiencia presupuestaria. La Sentencia declara que la extinción de dichos contratos de trabajo no es ajustada a Derecho.
En primer lugar la sentencia establece que no ha quedado debidamente acreditada una situación económica negativa de insuficiencia presupuestaria, pues la Sala del de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia pone en evidencia la arbitrariedad de las decisiones políticas y cómo por un lado se intenta despedir a trabajadores indefinidos con más de veinte años de servicio y por otro se derrocha el dinero en asesores y subvenciones innecesarias al fútbol y al baloncesto, que es lo que viene realizando la Diputación de Ourense.
Por consiguiente si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación económica puede provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de todos los puestos de trabajo. Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de la plantilla fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al baloncesto o al fútbol, tal como expuso el abogado de CCOO., quizás se hubieran podido evitar sino todos, sí un numero mucho menor de trabajadores despedidos.
Finalmente señala la sentencia no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultáneamente a la tramitación de un ERE que comporta el despido de 25 compañeros, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual aproximado de 120.000 euros.
Este es un ejemplo más de que con estos despidos la única pretensión de muchas Administraciones es el desmantelamiento de los servicios públicos en la Administración y el desprestigio de los empleados públicos para recortar nuestros derechos (incluido el derecho a la negociación colectiva), salarios y empleo.
Estas son las consecuencias de una reforma laboral impuesta por un gobierno que, bajo los dictados de la Europa del capital, los mercados financieros y las presiones de los empresarios, solo saben hacer responsables a los trabajadores y a los servicios públicos del exceso de déficit público, haciendo recaer todas las medidas de recortes sobre los trabajadores exclusivamente.
Desde CCOO estamos firmemente decididos a buscar todas las opciones posibles para nunca recurrir al despido colectivo en las Administraciones Públicas, pues la estabilidad en el empleo, también en el empleo público, es garantía de independencia, imparcialidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos.
¡¡ DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS!!!
¡¡ POR EL EMPLEO EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS!!
