El programa
nacional de reformas que el gobierno del PP ha remitido la pasada semana a la Unión
Europea contempla, para el cuarto trimestre de este año, la elaboración de los
anteproyectos de Ley Orgánica Del Poder Judicial y de Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Además, tal y
como CCOO informó ayer, en el consejo de
ministros del viernes 3 de mayo, el ministro Gallardón (el gran privatizador de
la justicia española) ha informado del anteproyecto de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que convertirá a los procuradores en agentes de la
autoridad privados y al servicio de las partes que puedan costeárselo
Los documentos
publicados hasta ahora son los proyectos de LOPJ y de Ley de Enjuiciamiento
Criminal, elaborados por una comisión constitucional de expertos nombrada el
pasado año por Gallardón, y el Anteproyecto de Ley que modifica la LEC. Todos ellos se
pueden consultar en la web del Ministerio de Justicia.
¿QUÉ
PROPUESTAS PLANTEA EL GOBIERNO?
Se potencia
¿CÓMO
AFECTARÁN ESTAS MEDIDAS A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO?
La nueva organización judicial supondrá que por debajo del ámbito
provincial no habrá ningún órgano judicial (salvo en Madrid y Barcelona). La
propuesta del comité de expertos no concreta si esto significará que solo habrá
sedes judiciales en las capitales de provincia o también en alguna otra ciudad
(como ocurre actualmente con los Juzgados de lo Penal). Lo que es seguro es la desaparición de todos los Juzgados de Paz y
Agrupaciones, y de las sedes judiciales que no sean las de las capitales de
provincia y, quizá, la de alguna otra gran ciudad.
Esto significará, por una parte, el traslado forzoso
a las capitales de provincia o grandes ciudades (en el mejor de los casos) de
los miles de funcionarios destinados en los Juzgados de Paz y en los Juzgados
de partido que desaparecen. Recordemos que en una
de las últimas modificaciones de la
LOPJ , ya denunciada por CCOO,
permite este traslado forzoso con cambio de residencia que se confirma en la
nueva propuesta donde desaparece la garantía de destino en el mismo
municipio.
El segundo de los posibles efectos de esta nueva realidad organizativa de
la justicia que se plantea es el que afecta a la destrucción
masiva de puestos de trabajo. La escasa o nula
convocatoria de plazas de funcionarios de justicia en las Ofertas de Empleo
Público (que CCOO tiene recurrida ante
los tribunales de Justicia) ha propiciado la existencia de un elevado
porcentaje de empleo interino que, en la actualidad, ronda el 25% del total de
la plantilla a lo que hay que sumar un número también importante de personal
interino en plazas de refuerzo que, en lugar de haberse consolidado en
plantilla, se mantienen como tales tras años y años de denuncia de esta
situación por parte de CCOO. En total,
podemos estar hablando de una cifra próxima a los 10.000 puestos de trabajo.
Por ahora, el personal titular no puede ser despedido por lo que los titulares
afectados por traslados forzosos, motivados por la desaparición de un gran
número de órganos judiciales, pasarán a ocupar plazas que actualmente ocupa el
personal interino. Es decir, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos
con competencias tendrán la posibilidad de despedir entre 0 y 10.000 interinos
y, vistas las políticas de recortes que se vienen planteando en todos los
ámbitos, es fácil suponer que el efecto de estas reformas sobre el empleo en la Admón. de Justicia va a ser
devastador. Menos puestos de
trabajo supondrán además, para quiénes mantengan el suyo, menos posibilidades
de promoción interna, de traslado en concursos para obtener mejores plazas, de
nombramientos de personal interino y de posibilidades de acceso a través de las
oposiciones.
Otro aspecto importantísimo recogido en la
propuesta de la comisión de expertos es la nueva consideración
de los Procuradores como agentes de la autoridad, dependientes de los
secretarios y encargados de los actos de todos los actos de comunicación y determinados
actos de ejecución. CCOO ya denunció lo que recogía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000
en la que se introdujo ya la posibilidad de que los Procuradores realicen actos
de comunicación (reforma operada en el año 2009, y ya entonces CCOO
advirtió que con esa reforma se abría la puerta a la privatización del servicio
público de la justicia); se trata de que esto
sea la norma general para todos los actos de comunicación y determinados actos
de ejecución. Esta propuesta, por sí misma, pone sobre la mesa
la desaparición de los servicios comunes de actos de notificación y embargos y,
también, la posibilidad de reducción drástica de las plantillas del personal
funcionario del Cuerpo de auxilio judicial que verían restringidas sensiblemente sus competencias. Una vez más,
planea el peligro de desaparición de más y más puestos de trabajo y, además en
este caso, puestos que conllevan incrementos retributivos sobre las
retribuciones complementarias ordinarias.
La desaparición de las faltas (y, por tanto, de las
guardias para juicios de faltas inmediatos) y la asignación de los
procedimientos por delito a las Fiscalías afectará directamente a los bolsillos
de todo el personal funcionario destinado en los Juzgados de Instrucción, de 1ª
Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer que en la actualidad
realizan (y cobran por ello) cualquier tipo de guardia. Bien es cierto que la propuesta del comité de expertos plantea la
existencia de juzgados o tribunales de instancia de garantías (para resolver
sobre cuestiones planteadas en los procedimientos instruidos en las fiscalías y
que afecten a derechos fundamentales, como la prisión preventiva, intervención
telefónica, entrada y registro en domicilios, etc.) en los que alguien tendrá
que estar de guardia y que el personal de la fiscalía tendrá que ampliarse en
un número importante de funcionarios pero, por ahora, no se ha concretado en
qué forma quedarán las guardias y, sin duda, el objetivo de los
gobiernos afectados no va a ser la calidad del servicio público sino,
simplemente, el ahorro del gasto sin tener en cuenta, con toda seguridad, a las
personas y familias que resulten afectadas.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DE CCOO?
Junto con la Ley de Tasas Judiciales (que
ha reducido el número de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el
penal) y la entrega (con mezcla de ideología y nepotismo) de los Registros
Civiles a los Registradores de la
Propiedad se plantea con estas propuestas un escenario
laboral incierto y peligroso para el futuro de los empleados públicos de la
justicia.
Como sindicato socio-político, CCOO denuncia además el desmantelamiento que
paulatinamente se está llevando a cabo del servicio público de la justicia y la
dificultad, cada vez más manifiesta, que se quiere imponer a la ciudadanía para
el acceso al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El copago a través de las tasas judiciales, de los actos del Registro
Civil y de las minutas a los Procuradores por hacer los actos que ahora
realizan de forma gratuita las funcionarias y los funcionarios judiciales; el
alejamiento de los Juzgados de la ciudadanía con el cierre de cientos de sedes judiciales en las
localidades más pequeñas; la reducción del empleo público, y la merma de los
derechos retributivos y laborales de quienes los desempeñan son la muestra de
que también en la
Administración de Justicia, este gobierno favorece a los
poderosos frente a las clases populares, y de que está solo preocupado por
desmantelar lo público, obedeciendo de forma acrítica a los países del norte de
Europa olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias que tanto dice defender, a las
empleadas y a los empleados públicos, a los parados y a las paradas, y a todos los colectivos a los que están
abandonando a su suerte al albur de esta indecente e inaceptable salida a la
crisis económica que se está planteando.
CCOO seguirÁ reivindicando al ministro de justicia
medidas que garanticen:
- QUE NO DESAPARECERÁ NINGÚN PUESTO DE TRABAJO
EN
- QUE NO HABRÁ NUEVOS RECORTES EN LAS
RETRIBUCIONES DE NINGÚN FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE JUSTICIA.
- QUE SE ELIMINARÁ
SOLO CON LA UNIDAD DE
TODOS LOS SINDICATOS Y EL APOYO DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE JUSTICIA
PODREMOS PARAR ESTE DURÍSIMO ATENTADO A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA
JUSTICIA
¡¡ MOVILÍZATE CON CCOO !!
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