La convocatoria de concentraciones coinciden
el mismo día que la convocatoria de huelga de algunas asociaciones de Jueces y
Fiscales porque finalmente éstas han asumido
muchas de las reclamaciones que los trabajadores y trabajadoras de la
Administración de Justicia llevamos meses exigiendo al Ministerio de Justicia.
La
PLATAFORMA SINDICAL
convoca estas concentraciones porque existen razones propias y poderosas para
hacerlo: Contra
la privatización de la Administración de Justicia, por la derogación de la Ley
de Tasas, en defensa del empleo y contra la reforma de la LOPJ
Que todos los colectivos de la Justicia
compartan ahora muchas de las reivindicaciones, a pesar de las diferencias
que persisten con Jueces y Fiscales, no puede ser un problema, sino parte
de la solución.
- Contra la ley de
tasas que encarece y precariza el derecho fundamental de la tutela
judicial efectiva. El Ministerio sigue sin querer negociar esta cuestión y
anuncia una reforma sin informar sobre su contenido concreto.
·
Contra la
privatización de la
Administración de Justicia. Primero son
los Registros civiles que se van a regalar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, luego los
notarios y los actos de jurisdicción voluntaria y, por último, la amenaza el Ministerio de que luego se privatizarán los actos de comunicación y ejecución que se
entregarán a los Procuradores.
Estas
medidas suponen la mercantilización del servicio público de la Administración
de Justicia y sólo obedecen al intento del Gobierno por salvar a estos
profesionales de las directivas europeas que pretenden liberalizar su actividad,
sin ningún escrúpulo que esto suponga la privatización de un servicio público universal
y gratuito. Así, la reordenación de
estas profesiones que exige Europa se pretende realizar a costa del empleo, la
promoción profesional y las condiciones de trabajo de los funcionarios de
Justicia sin mejorar nada la prestación del servicio público
·
Existe alternativa a
la privatización, puesto que la difícil situación del Registro civil se debe fundamentalmente al abandono secular de
los sucesivos gobiernos que no han puesto los medios materiales y personales
suficientes para atender a una población cada vez más grande. En este sentido,
resulta un escándalo que, ahora que se invierten
180 millones de euros en digitalizar los libros registrales, se regalen a
terceros para que lo gestionen de forma privada a
costa del bolsillo del ciudadano. Defendemos
un modelo de Registro civil servido por
funcionarios de Justicia.
·
Contra la
modificación unilateral de condiciones de trabajo. La reforma de la LOPJ de diciembre de 2012
supone un ataque frontal a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia
y vulnera gravemente el derecho a la negociación colectiva. Además, se trata de
una reforma injusta e injustificada
porque no es cierto, como sostiene el Gobierno, que se haya producido ahorro
alguno con esas medidas. Otro tanto
puede decirse de las reformas procesales
que afectan gravemente a la capacidad del personal funcionario
de defender sus derechos laborales en los tribunales frente a los abusos de
la Administración.
·
Apostamos por el
diálogo y la negociación pero está claro
que esta no se puede producir si una de las partes no quiere. La crisis
económica se ha utilizado para desprestigiar el trabajo de los empleados
públicos y barrer la negociación colectiva. Recordamos que la necesaria
modernización de la Administración
de Justicia debe contar con la participación real de quienes abrimos las
oficinas todos los días y luchamos contra la falta de medios por dar el mejor
servicio público que podemos al ciudadano: los funcionarios y funcionarias de
Justicia.
POR
TODO ELLO, EL 20 DE FEBRERO. ¡¡¡¡MOVILÍZATE!!!!
ACUDE A LAS CONCENTRACIONES A LA
PUERTA DE TU CENTRO DE TRABAJO
MOVILIZATE, SECUNDA LAS CONCENTRACIONES
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