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Han entregado a Gallardón más de 250.000 firmas contra las tasas y no descartan convocar una huelga si el ministro no debate sus reformas
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Miembros de los sindicatos representativos de la Administración de Justicia y de la 'Plataforma Justicia para Todos' mantendrán un encuentro este martes con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para solicitarle que su grupo presente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.
Este lunes, entregaron al Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón más de 250.000 firmas de trabajadores, ciudadanos y profesionales contra la ley de Tasas y el anteproyecto por el que se "privatiza" el Registro Civil.
Los sindicatos confían en que el ministro inicie un diálogo "constructivo" y abra una mesa de negociación para abordar las importantes reformas que ha emprendido en el sector. De lo contrario, plantearán un "endurecimiento" de las movilizaciones, con paros parciales e incluso la convocatoria de huelga, según han manifestado sus representantes a Europa Press.
Las plataformas sindicales acudieron este lunes a la sede del Ministerio de Justicia para exigir la derogación de esta norma y la retirada del anteproyecto sobre la Reforma integral del Registro Civil, que pretende transferir competencias a los registradores de la propiedad.
ATAVIADOS CON CAMISETAS AMARILLAS
Aunque su intención era entregar las miles de firmas recabadas al ministro o a algún miembro de su gabinete, los sindicatos se encontraron con las reticencias del departamento, que les remitía a presentarlas en otro edificio situado en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, donde se ubica la sede del Registro General.
En el control de seguridad, los delegados sindicales alegaron su "derecho" a presentar las firmas en el edificio de la calle San Bernardo y amenazaron con hacer una sentada hasta que algún representante ministerial las recogiera. "Nos quedamos aquí sentados hasta que nos las recojan", dijeron.
Tras la insistencia de la decena de congregados, algunos ataviados con camisetas amarillas con el lema 'Sin Justicia, no hay derechos', una funcionaria del Ministerio se hizo cargo de las cajas que guardaban los documentos y se comprometió a trasladarlas al gabinete de Ruiz-Gallardón.
"NO PUEDEN PEDIR SACRIFICIOS CUANDO ESTÁN INMERSOS EN CORRUPCIÓN"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en el sector, expresó su "malestar" por el "desaire" del ministro y de los altos cargos de su departamento al entender que supone "una falta de respeto a los representantes legítimos de los trabajadores y a los miles de ciudadanos que con su firma manifiestan su rechazo a la privatización y el deterioro progresivo de la Justicia".
En sus escritos, los firmantes reclaman a Gallardón "un diálogo constructivo, franco y sincero" junto a "soluciones eficaces" a los graves problemas que soporta la Justicia con el objetivo de garantizar un servicio "para todos" y sin ningún tipo de "exclusión".
"No es de recibo una política como la que usted ha emprendido en solitario, sin escuchar a todos los colectivos que intervenimos en la Administración de Justicia, que va a convertirla en un servicio que no cumpla con sus funciones constitucionales", exponen.
Demandan un "cambio en la línea de actuación" del Ministerio y una política sin "recortes" en el derecho al acceso a la Justicia y en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, de la seguridad jurídica y la reactivación económica. "La Justicia está relegada del proceso de modernización que se ha acometido en otros ámbitos públicos", denuncian.
El presidente del sector de Justicia de CSIF, Juan José Corral, explicó a Europa Press que han recopilado firmas desde el pasado 4 de diciembre a las puertas de los juzgados, de centros comerciales y puntos céntricos como la plaza de Callao o la Puerta del Sol de Madrid. "Confiamos en que el ministro tome nota y se siente a negociar de una vez por todas", declaró.
El responsable de acción sindical de Justicia de CC.OO., Javier Hernández, denunció que la gestión de Gallardón convierte este servicio público en "un negocio" para entregarlo a sus "afines". "El propio presidente del Gobierno es registrador. El problema es que Gallardón ha confundido a la ciudadanía con sus intereses", añadió.
"No es admisible que se cobren tasas o se privaticen servicios de los ciudadanos cuando la gente del PP está inmersa en una clarísima corruptela y corrupción política que todos los medios dicen insistentemente. No se puede pedir sacrificios cuando están inmersos en la corrupción", señaló.
Desde UGT, Carlos Paniagua apeló a la "sensibilidad" del ministro para retirar unas tasas de cuestionable legalidad y calificó como un "grave error" la "privatización" del Registro Civil por las garantías que ofrece la Administración y el coste gratuito que tiene ahora mismo.
Emilia Rubio, de STAJ, denunció que los funcionarios se ven doblemente perjudicados por las tasas en tanto que la Administración "nunca es condenada en costas" ni "hace acuerdos extrajudiciales". "Nos perjudica a todos. Somos ciudadanos y también empleados públicos. No podemos consentir que no se nos permita reclamar un derecho laboral", concluyó.
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