Los gravísimos atentados del ministro
Gallardón contra los derechos de trabajadores y ciudadanos han logrado unir a
todos los colectivos que intervienen en la Administración de Justicia contra
unas reformas que, de no combatirse con todos los medios a nuestro alcance y
masivamente, supondrían el fin de la Justicia como servicio público.
La Ley de Tasas suprime el derecho de los
ciudadanos sin recursos para poder acudir a la Administración de Justicia para
defender sus derechos, la reforma integral de la Ley de los registros civiles
va a significar, si no lo remediamos, la privatización de un servicio público
obligatorio por el que los ciudadanos tendrán que pagar por las inscripciones y
certificaciones por los actos relativos a la identidad de las personas, otros
proyectos del ministro Gallardón pretenden un retroceso de decenas de años en
los derechos de trabajadores y ciudadanos, como la reforma de la LOPJ, el
anteproyecto de Justicia gratuita, el nuevo código penal claramente
inconstitucional….. Mientras, el ministro Gallardón se muestra incapaz de
adoptar las medidas imprescindibles para que los grupos financieros, que han
arruinado a miles de ciudadanos y han dejado sin empleo a miles de
trabajadores, paguen por sus gravísimos delitos. Este es un ministro que
declara que debe repartir dolor entre los
ciudadanos, pero parece que sólo para los ciudadanos con menos recursos.
Los trabajadores de la Administración de
Justicia debemos decir NO A LAS REFORMAS
DEL MINISTRO GALLARDÓN, levantarnos y movilizarnos de forma masiva, EXIGIENDO
SU DIMISIÓN.
Porque si además de rebajar nuestro salario
con la eliminación de la paga de navidad, de reducir brutalmente los días de
asuntos propios y los de antigüedad, de imponer en las IT el recorte del 50% o
del 25 % de nuestro salario según los días que estemos de baja, de reformar la
LOPJ para utilizar la movilidad geográfica forzosa y discrecional en los casos
que el ministerio lo decida unilateralmente…., impone leyes que pretenden
eliminar la Administración de Justicia como servicio público, lo que va a estar
en juego son los derechos de todos, trabajadores y ciudadanos, pero también el
empleo en la Administración de Justicia, como ya algunas Administraciones, como
la Comunidad de Madrid, han comenzado con la reducción de 550 puestos de
trabajo en el presupuesto 2013.
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