El
Gobierno establece una justicia sólo para ricos y deja a los ciudadanos
indefensos si sus derechos son atacados
PUBLICADA EN EL BOE LA LEY DE TASAS (LEY 10/2012)
QUE EXPULSA A LOS CIUDADANOS SIN RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA PORQUE SE IMPONEN UNAS TASAS QUE SÓLO PODRÁ PAGAR UNA MINORÍA
Además, a partir de ahora, los funcionarios públicos estaremos obligados a intervenir con abogado y procurador en la vía contencioso administrativa en defensa de nuestros derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal, al quedar derogado el artículo 23.3 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativo
Gallardón actúa contra los derechos de todos
los ciudadanos y también de los funcionarios públicos, y a partir de ahora, se
comienza a desmantelar el servicio público de la Administración de
Justicia.
En esencia la Ley de Tasas convierte la Administración de
Justicia en una Administración a la que no podrán acudir desde ahora los
ciudadanos sin medios económicos suficientes o con escasos recursos.
Porque a partir de ahora, los ciudadanos que
acudan a la
Administración de Justicia deberán abonar:
A)
En
el orden civil
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Verbal y cambiario
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Ordinario
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Monitorio y demanda incidental en el
proceso concursal
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Ejecución extrajudicial y oposición a la
ejecución de títulos judiciales
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Concurso necesario
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Apelación
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Casación y extraordinario por infracción
procesal
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150
€
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300 €
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100 €
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200€
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200 €
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800 €
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1.200 €
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B)
En
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
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Abreviado
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Ordinario
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Apelación
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Casación
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200 €
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350 €
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800 €
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1.200 €
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C)
En
el orden social:
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Suplicación
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Casación
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500 €
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750 €
|
Además, se deberá abonar una tasa del 0,5% de
la cuantía del procedimiento si no supera el 1.000.000 de euros y el 0,25 %
adicional a partir de esa cantidad, con un límite de 10.000 euros.
Los funcionarios públicos estarán exentos de abonar
la tasa en la interposición del recurso contencioso-administrativo en defensa
de sus derechos estatutarios, pero no de acudir obligatoriamente con abogado y
procurador, lo que encarece de forma mayúscula la defensa de nuestros derechos
laborales.
ES UN
ESCÁNDALO QUE LA LEY
10/2012 ESTABLEZCA QUE LOS CIUDADANOS CON INGRESOS DE 1.200 EUROS PAGARÁN LAS
MISMAS TASAS QUE UNA PERSONA QUE GANE 100.000 EUROS
Lo que es profundamente llamativo, y que
demuestra la hipocresía de Gallardón cuando afirma que los ciudadanos sin
recursos podrán beneficiarse de la justicia gratuita si carecen de medios, es
que la Ley
establece que las familias con ingresos de tan solo 1.200 euros deberán pagar
las tasas establecidas en la ley, y abonará las mismas tasas que las unidades
familiares con ingresos superiores a 100.000 euros. Es decir, no existe ninguna
ni proporción ni progresivIdad en las tasas fijadas en relación con los
ingresos de la unidad familiar.
Por tanto, Gallardón ha demostrado que le
importa un bledo que el pago de las tasas que la Ley determina sean las mismas para un ciudadano
sin más recursos que el salario mínimo (ejemplo: una familia de dos personas
trabajando y cobrando el salario mínimo -641,40 EUROS- deberán pagar tasas,
porque superan el mínimo para estar exento) que para los ricos con un gran
patrimonio y altos ingresos mensuales de 100.000 de euros/mes.
Así, por ejemplo, el recurso contra el
despido de un trabajador costará lo mismo al trabajador (500 €) que si recurre
la empresa. Para recurrir cualquier actuación de la Administración , se
deberá abonar una tasa mínima entre 200 y 350 €. Para recurrir una sentencia se
deberá abonar una tasa mínima entre 500 y 1.200 € según el tipo de recurso y el
orden jurisdiccional.
CCOO viene denunciando desde muchos meses
ante la opinión pública la actuación de Gallardón, exactamente desde que el
Gobierno aprobó el primer informe para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Tasas judiciales, que
ahora se convierte en ley en el BOE.
Esta Ley es una más de las decisiones del
Gobierno de acabar con los servicios públicos, de pretender acabar con todo:
con los hospitales públicos, con la educación pública, con los derechos
sociales, y ahora con el Servicio Público de la Justicia , que con la Ley de Tasas, con los
proyectos de desjudicialización y privatización de servicios y asuntos
judiciales, con la reducción de partidos judiciales o la instauración de los
Tribunales de Instancia….conllevará el encarecimiento y el alejamiento de la Justicia al ciudadano, a
la vez que producirá la pérdida de puestos de trabajo y los derechos laborales.
Todas estas decisiones del Gobierno de Rajoy,
perfectamente meditadas en una estrategia calculada desde antes de ganar las
elecciones de noviembre de 2011 y presentando un programa electoral
radicalmente antagónico a las decisiones que ya había decidido que iba a tomar,
persiguen desmantelar los servicios públicos y entregarlos a las empresas
privadas, muchas de las cuales están dirigidas por personas afines a dirigentes
del partido que sustenta al Gobierno. Empresas privadas que no tendrán
escrúpulos en sacar beneficio a costa de los derechos básicos y fundamentales
de los ciudadanos. Y para que estas empresas tengan miles de euros de
beneficios como la ha tenido la banca que apoyada con las ayudas y la complicidad
del Gobierno ha estafado millones de euros a las personas decentes, los
ciudadanos no podrán defenderse ante los Tribunales por tasas enormes, ni las
personas sin recursos acceder a la
Sanidad pública para poder curar sus enfermedades.
En otro
orden de cosas, EL GOBIERNO INTRODUCE EN LA LEY DE TASAS QUE PAGUEMOS EN DICIEMBRE CUOTA
DOBLE DE DERECHOS PASIVOS Y MUGEJU, A PESAR DE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA
Asimismo, el Gobierno ha aprovechado la
tramitación de esta Ley para introducir una vuelta de tuerca más contra los
empleados públicos en relación con el Real Decreto Ley 20/2012, añadiendo a
dicho RDL un nuevo artículo 5 bis para establecer el descuento doble en el mes
de diciembre de las cuotas de derechos pasivos y de la Mutualidades de
funcionarios, a pesar de que el propio Gobierno ha eliminado la paga extra de
diciembre de todos los empleados públicos. Absolutamente miserable.
Madrid,
22 de noviembre de 2012
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